Morelia, Michoacán (Boletín).- En el periodo comprendido entre 2015 y 2017, la Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem) ha efectuado 141 auditorías, 2 mil 182 supervisiones y 548 verificaciones y seguimientos, a través de sus direcciones de Evaluación y Auditoría al Sector Central, Paraestatal y de Obra Pública, practicadas en las dependencias o entidades de la administración pública estatal, a fin de asegurar que se corrijan las deficiencias detectadas, o en su caso deslindar las responsabilidades como lo establece la Ley.
Al respecto, la titular del Órgano Estatal de Control, Silvia Estrada Esquivel, señaló que estas acciones son con el objetivo de supervisar que las dependencias de Gobierno del Estado realicen el trabajo que les corresponde, siendo uno de los puntos a evaluar, el correcto cumplimiento de funciones de los servidores públicos y la adecuada administración de los recursos financieros.
"Es una instrucción del mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, supervisar que el ejercicio de las atribuciones de los servidores públicos del Estado se lleve a cabo con apego a las leyes y lineamientos vigentes en materia de transparencia y rendición de cuentas para beneficio de los michoacanos y así garantizar a la ciudadanía un ejercicio de gobierno apegado a los principios de transparencia y rendición de cuentas, preceptos que son fundamentales para reestablecer la confianza de la sociedad en las instituciones públicas", enfatizó.
Con lo cual, el gobierno del Estado de Michoacán da pasos firmes para el combate a la corrupción, claro ejemplo es que en esta administración, la Secretaría de la Contraloría de Estado de Michoacán ha interpuesto 10 denuncias penales ante las procuradurías General de Justicia en el Estado (PGJE) y General de la República (PGR), contra quienes resulten responsables de presunto desvío de recursos públicos.
Ello, derivado de la auditoría realizada a los procesos de entrega-recepción de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, en las que se identificó una probable malversación de recursos públicos de diferentes fondos que, en suma, representa un daño a la hacienda estatal por el orden de los 3 mil 759 millones de pesos, proceso del cual se instauraron procedimientos administrativos de responsabilidades a los ex servidores públicos.
La titular de la dependencia estatal, Estrada Esquivel dio a conocer que a la fecha se han auditado y revisado 32 programas de inversión, entre ellos el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), Vivienda Digna, Habitat, el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos entre Secretaría de Turismo y Gobierno del Estado, ente otros, instaurándose 994 procedimientos y 487 sanciones impuestas, de los cuales 18 son de apercibimiento, 126 amonestaciones, 278 inhabilitaciones y 65 sanciones económicas.
Las auditorías y revisiones efectuadas desde el ejercicio 2015 a la fecha han sido en cuanto a la ejecución y administración de los recursos económicos, materiales y humanos en base a la normatividad aplicable de las dependencias, entre ellas la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; de Turismo; de Desarrollo Rural y Agroalimentario; de Finanzas y Administración.
Asimismo, Secretaría de Salud; de Educación; de Cultura; de la Mujer y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Cambio Climático, así como a algunas entidades estales, tal como la Junta de Caminos; Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas e Instituto de Infraestructura Física Educativa en el Estado de Michoacán, y asimismo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano como entidad federativa.
La funcionaria estatal señaló que en algunos de los casos se coadyuva con la Auditoría Superior de Michoacán y en su caso con la Auditoría Superior de la Federación, así como con la Secretaría de la Función Pública, para el establecimiento de los procedimientos y mecanismos que permitan el cumplimiento de sus atribuciones, según lo establece la Ley de Planeación Hacendaria, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán.
Para lo cual, la Secoem dará seguimiento a los resultados de las revisiones, inspecciones, fiscalizaciones, evaluaciones y auditorías practicadas en las dependencias estatales, para asegurar que se corrijan las deficiencias detectadas, o en su caso deslindar las responsabilidades.
