Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Peleas vecinales que han terminado en tragedias, pleitos o agresiones entre conductores tanto de servicio particular como del transporte público, batallas campales como la ocurrida recientemente en el estadio de Querétaro, hechos de violencia en casa que escalan a delitos del fuero común como homicidio, violación, agresiones u otros, son una muestra de la normalización que se tiene actualmente de la violencia en el país.
Todo inicia en casa o en los vecindarios. De acuerdo con el estudio Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) hace unos años, en 2015 el 77% de los mexicanos consideró que no se puede confiar en la mayoría de las personas, y esa cifra representa un aumento de 3% en comparación con 2013.
“La institución más violenta de México es la familia; desde la familia empezamos a normalizar situaciones de violencia, lo que ocurre afuera, como una agresión, en lugar de una interacción que pudiera gestionar crecimiento y mejorar la convivencia, empezamos a normalizar lo que le llaman microviolencia, que no es porque sean chiquitas o poco importantes, sino porque van, de poquito en poquito, complicando el día a día y perjudicando nuestro sentido de bienestar”, comenta al respecto Teresa Torres, consultora y especialista en Seguridad Ciudadana.
Dijo que del total de los delitos que se denuncian en el país, los llamados de alto impacto representan el 4%, mientras que el 96% son del fuero común.
Es por ello que en varias ciudades del país, incluida Morelia, ya se implementan estrategias para atender estas problemáticas, como los modelos de Justicia Cívica, los cuales permiten una mejor canalización de personas infractoras.
En este sentido, el coordinador de los Centros de Atención Social de la Universidad Vasco de Quiroga (UAVQ), Pablo Guzmán Chávez, destacó que una parte de sus funciones es ayudar a los menores infractores enseñándoles a “manejar y comprender sus emociones para generar un cambio en su entorno y en su familia”.
¿Qué dice la ley? El artículo 21 constitucional faculta a los ayuntamientos a poner sanciones por los quebrantos a los reglamentos. La facultad son sanciones con multa, arresto por hasta 36 horas y trabajo en favor de la comunidad. Cuando el juez cívico decide trabajo en favor de la comunidad lo hace con base en un catálogo de medidas para mejorar la convivencia que ya está prediseñado por la Dirección de Ejecución de Sanciones.
A mediados de marzo de 2017 el entonces alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, firmó un Convenio de Colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la cual, a través de su Programa Juntos para la Prevención de la Violencia (JPV) proporcionó asistencia técnica al municipio para el fortalecimiento de capacidades institucionales a nivel local, así como para la implementación de programas de prevención basados en evidencia.
De esa forma, una de las estrategias iniciales fue la de cambiar el arresto de hasta 36 horas por dos tipos de sanciones para infractores en conflictos comunitarios o faltas administrativas, según el nivel de violencia que tuviera la persona sancionada.
Por ello, las personas con un nivel alto de violencia eran enviadas a los Centros de Atención Social de la UVAQ para recibir terapia de modificación de conducta, o a los Centros de Integración Juvenil (CIJ) cuando se detectan casos de consumo de sustancias psicoactivas.
Mientras que aquellos con niveles bajos y medios de violencia formaban parte de los programas de trabajos a favor de la comunidad para que pudieran resarcir el daño causado, ya sea participando en jornadas de bacheo, el arreglo de espacios públicos o, como ahora, en apoyo durante la ciclovía dominical.
El estudio y plan ejecutado por USAID, en coordinación con la autoridad municipal, detalla que en los últimos años se detectaron dos patrones de conducta más recurrentes de las personas que estaban quebrantando los reglamentos; la primera era por el consumo perjudicial de sustancias psicoactivas, y la segunda, por personas que tenían un mal manejo de la ira o falta de autocontrol.
De acuerdo con las propias autoridades respecto a la normalización del consumo de alcohol en el estado, no se tienen cifras o estadísticas actualizadas sobre esta adicción; sin embargo, los datos más actuales estiman que entre el 20% y 30% de la población en Michoacán tiene trastornos por consumo de alcohol.
En este tema, Teresa Torres considera que el consumo de este tipo de sustancias –alcohol como punta de entrada– es un síntoma más que una causa.
“Tenemos una pandemia de salud mental porque no estamos acostumbrados a abordar la ansiedad y la depresión con la seriedad y normalidad que se debe. Esto está generando ignorancia. La falta de educación emocional genera estadios de fuga, como es el alcohol, que en Michoacán a muy tempranas edades se está iniciando en su consumo”, comentó.
Teresa Torres considera que en México y en Michoacán se ha inculcado el victimismo desde hace años, lo cual provoca que haya alguien que abuse y saque la ventaja.
En este sentido, señaló que acciones tan sencillas como verse a los ojos, saludar a los vecinos o respetar los jardines de los demás, dignifica el espacio público y la convivencia.
“La idiosincrasia que tenemos en algunas regiones del estado, de esas conductas de violencia, de ver el pleito para ver qué tan machos son los hombres, de subordinación de las mujeres, de cómo abnegarse, actitudes de sumisión abonan a ese estilo de vida, ya está muy complicado”, explica.
La conducta de niños y niñas es un reflejo de lo que se aprende en casa, subraya la especialista en Seguridad Ciudadana, y agrega que uno de los daños más grandes que se le puede hacer a la población infantil es la falta de amor y de congruencia entre lo que dicen y hacen las personas adultas.
“El daño más grande es la carencia de afectos en la primera infancia, porque hace esta modificación de la corteza prefontal y entonces hacemos seres humanos que están en modo supervivencia”, detalla.
Por ello, hace una invitación a recuperar el vínculo, no sólo entre ciudadanos/as , sino entre la ciudadanía y las autoridades.
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