De los granadazos de 2008 a las minas antipersona; narcoterrorismo en Michoacán

El especialista internacional y asesor de la ONU en Seguridad, Edgardo Buscaglia, calificó los "granadazos" como un atentado narcoterrorista
El 15 de septiembre de 2008, dos granadas de fragmentación fueron arrojadas a la población durante la celebración del Grito de Independencia en Morelia
El 15 de septiembre de 2008, dos granadas de fragmentación fueron arrojadas a la población durante la celebración del Grito de Independencia en MoreliaERICK Z.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El terrorismo se define como una actuación criminal de bandas organizadas que pretenden crear alarma social. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) amplió el término a lo largo de los años y ahora es considerado como tal "cualquier acto que también esté destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar una acción o abstenerse de hacerla".

Eso fue lo que pasó contra la población civil la noche del 15 de septiembre de 2008 en la ciudad de Morelia, cuando sujetos, presuntamente pertenecientes a grupos criminales, detonaron dos granadas de fragmentación en distintos puntos del Centro Histórico, una de ellas en la plaza Melchor Ocampo. El hecho, según las cifras oficiales, arrebató la vida a ocho personas y 130 más resultaron con lesiones.

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Once días después del atentado, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) informó sobre la detención de tres michoacanos presuntamente implicados: Alfredo Rosas Elicea, Julio César Mondragón Mendoza y Juan Carlos Castro Galeana, entonces señalados como integrantes del grupo criminal Los Zetas.

Si bien el juez sexto de Distrito de Guadalajara dictó orden de aprehensión por terrorismo y delincuencia organizada, e incluso el auto de formal prisión original también fue por esos delitos, el 27 de mayo de 2015 –luego de haber interpuesto un amparo– fueron absueltos de los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer terrorismo, terrorismo y delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, por lo que únicamente quedaban tres cargos en su contra: homicidio agravado, posesión de granadas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como lesiones calificadas.

Meses después, el 30 de enero de 2016, fueron dejados en libertad bajo caución, después de que se confirmara que habían sido torturados para declararse culpables.

Por ello, a 14 años del atentado contra la población moreliana, el hecho sigue impune. Sin embargo, recientemente, el ahora senador por Morena –en aquel momento gobernador del estado– Leonel Godoy Rangel hizo un llamado a las autoridades competentes a solicitar la reapertura de la carpeta de investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Este martes el gobierno de Michoacán solicitó, de manera formal, a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir el caso de los ataques con granadas a la población civil el 15 de septiembre de 2008 en Morelia.

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La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas remitió un oficio dirigido al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en el que solicita que continúen las investigaciones, ya que "este hecho victimizante que ha lastimado tanto a los michoacanos no puede pasar impunemente a la historia".

En la misiva se argumenta que la petición de que sea reabierto el caso es para solicitar la intervención de la Policía Judicial, recoger testimonios de víctimas y obtener más pruebas que permitan lograr el esclarecimiento del ataque en Morelia.

Evolución

El ataque con granadas fue, sin duda, un parteaguas en las "nuevas formas" en que los grupos criminales se manifestarían para causar pánico, distraer a las autoridades o, bien, enviar un mensaje a los gobiernos.

Meses después de los "granadazos" los cárteles comenzaron a bloquear carreteras y quemar vehículos como una de sus prácticas para impedir el paso de las autoridades o para provocar pánico entre la población.

En julio de 2009, la captura de un criminal llamado Arnoldo Rueda Medina, alias La Minsa, desató varios ataques premeditados y dirigidos a las autoridades, entre ellos el que se vivió en el cuartel de la Policía Federal en la capital del estado, cuando decenas de presuntos delincuentes protagonizaron una balacera que duró más de dos horas en la zona. En otros municipios, con la intención de evitar la llegada de refuerzos y ahuyentar a la población, los presuntos delincuentes realizaron los entonces llamados "narcobloqueos". Esta estrategia persiste hasta la actualidad.

Un año después, el 10 de diciembre de 2010, policías federales y estatales se enfrentaron a miembros de la entonces Familia Michoacana, en la capital del estado. Ese día, además de los tiroteos, se registraron robos de autos, quema de vehículos en las salidas a Mil Cumbres, Pátzcuaro, Salamanca y Quiroga. El saldo de esa jornada violenta fue de 26 unidades vehiculares quemadas y cuatro personas heridas.

Otro caso que causó consternación fue la quema de bodegas y vehículos de la empresa Sabritas el 26 de mayo de 2012 en las ciudades de Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Uruapan. Por esas fechas se volvió algo común la quema de tiendas de conveniencia y la colocación de "narcomantas".

El 27 de octubre de 2013 otro hecho marcaría a Michoacán, pues civiles armados perpetraron ataques contra 18 subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en al menos nueve municipios, incluido Morelia, lo cual dejó sin energía eléctrica a más de 420 mil usuarios.

Armados hasta los dientes

CORTESÍA

Otra estrategia de los grupos criminales en el país –Michoacán no fue la excepción– fue el uso de vehículos con blindaje artesanal, armas de mayor poder, como los fusiles Barret calibre 50, así como ametralladoras Browning (capaces de disparar hasta 550 proyectiles por minuto) y aditamentos o armas con lanzagranadas.

Fue en 2011 cuando comenzaron a circular algunos vehículos con blindaje artesanal denominados “monstruos”, los cuales persisten hasta la actualidad. Si bien en el norte del país fue donde comenzaron a observarse estas pesadas unidades terrestres, en Michoacán han sido usadas durante enfrentamientos entre grupos antagónicos o contra las fuerzas de seguridad.

CORTESÍA

Luego del reforzamiento de seguridad en el estado con el apoyo de la Guardia Nacional y de personal del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea, en el estado ha sido asegurado un número importante de vehículos con blindaje artesanal, incluidos varios de los llamados monstruos. En Uruapan, tan sólo en el último trimestre, han sido decomisados siete vehículos de ese tipo. Dos “monstruos” más fueron asegurados durante agosto en Apatzingán.

Mientras que en Aguililla, de febrero a abril, al menos ocho unidades con blindaje artesanal fueron destruidas, luego de que fuerzas federales retomaran la seguridad en la región y se registrara un éxodo de delincuentes.

Estas mismas acciones han permitido el aseguramiento de más de mil 300 armas largas y cortas, lanzagranadas, cartuchos y cargadores, así como vehículos; mientras que, como parte de la estrategia de desarme emprendida por el gobierno de Michoacán, se han recuperado 591 armas, informó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, el pasado 18 de agosto.

En tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Alfredo Ortega Reyes, detalló que de las 591 armas de fuego recuperadas mediante el canje voluntario, 366 son largas y 220 son cortas.

Ataques por aire

Con los avances tecnológicos y la facilidad para acceder a drones, el crimen organizado comenzó a usar estos artefactos voladores en 2021 para atacar a las autoridades o para ahuyentar a la población civil de una zona en específico.

El 21 de abril de 2021 el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, confirmó el uso de drones para cargar explosivos que eran arrojados a agentes de seguridad pública o militares.

En estados como Michoacán, Jalisco y Guanajuato se registraron ataques de este tipo. Aguililla, Chinicuila y Tepalcatepec son los municipios donde se confirmaron varios atentados con estos artefactos no tripulados comandados a distancia, reconoció el titular de la Sedena.

CORTESÍA
En Michoacán se documentaron alrededor de cuatro ataques contra personal de seguridad estatal o federal. Mientras que a través de redes sociales se difundieron videos de al menos seis dirigidos contra grupos antagónicos e incluso contra la población civil.

Enemigo silencioso

Este año se registró una nueva forma de ejercer violencia contra las autoridades o la población civil para "hacerse notar". Ahora los delincuentes colocan artefactos explosivos de fabricación casera tipo “mina”.

Apenas el 13 de febrero de este año, Humberto y su padre, Cristóbal, viajaban a bordo de una camioneta sobre una brecha en la comunidad de El Colomo, perteneciente al municipio de Tepalcatepec, cuando un estallido los sorprendió. Se trataba de un artefacto explosivo de fabricación casera tipo "mina". En el sitio perdió la vida el padre, de 79 años; mientras que el hijo, de 45, resultó con lesiones severas, por lo que fue trasladado a recibir atención médica.

RED 113

Días antes, el 31 de enero, un convoy militar realizaba tareas de patrullaje en una brecha de la región de Tierra Caliente, cuando de repente un explosivo tipo mina detonó debajo de un vehículo Sand Cat y causó heridas graves a uno de los elementos del Ejército Mexicano, mientras que otros resultaron con heridas menores.

De acuerdo con datos de la 43 Zona Militar, con corte a febrero de este año, en el primer bimestre habían sido inhabilitados en caminos más de 250 explosivos. Además, elementos del Grupo de Respuesta a Emergencias y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas realizan ‘barridos’ en brechas y caminos rurales en la zona de la Tierra Caliente.

Son decenas de kilómetros de brechas en Michoacán las que han sido "peinadas" por el equipo antiminas, principalmente en los sitios donde ahora se tiene conocimiento de que los delincuentes tienen o tenían campamentos.

RED 113

Esta nueva modalidad de los delincuentes en Michoacán, por un lado, tiene como fin "proteger territorios estratégicos, proteger las rutas del narcotráfico", pero también provoca pánico y, en consecuencia, desplazamiento forzado.

Apenas el 5 de septiembre de este año, personal de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano, localizó seis probables artefactos explosivos improvisados en la localidad El Cansangue, municipio de Tepalcatepec. Dichos artefactos estaban en una bolsa negra en un camino de terracería, por lo que se implementó un operativo para acordonar la zona y desactivar los explosivos.

Si bien en el Código Penal de México se define el delito de terrorismo y se establece la pena para quienes lo cometan, encubran o planeen algún acto terrorista, hasta hoy día no se tiene registro de una condena emitida por un delito de ese tipo.

¿Qué dice la ley?

Según el Código Penal Federal, se impondrá pena de prisión de 15 a 40 años y de 400 a mil 200 días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten:

I. A quien, utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación.

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