Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que se diera a conocer que existe una orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo por su supuesta relación con delitos como delincuencia organizada y peculado, la conductora emitió un mensaje en las redes sociales, donde señala que no tiene acceso a pruebas que justifiquen esta información.
Sin embargo, de acuerdo a la indagatoria de la Fiscalía General de la República (FGR) conocida como “Caso Querubines”, los acusados utilizaron compañías fantasmas para facilitar la evasión de impuestos a otras personas. Así como para el desvío de recursos públicos y operaciones de lavado de dinero.
Los dos mil 950 millones de pesos que salieron de la Secretaría de Gobernación a través de contratos firmados en 2016 y 2017, se trataban de recursos que supone estaban destinados a reclusorios federales para adquirir equipos de seguridad, asegura Animal Político.
Sin embargo, los contratos desviaron el dinero hacia varias empresas fantasma, entre las que se encuentran
Modemo SA de CV
Tecnología e Innovación Arromlop SA de CV (o Arramlop)
Ingeniería y Arquitectura Tangamanga SA de CV
Creación y modificaciones Gardel SA de CV
Comcelint SA de CV
Rangel SA de CV
Gupea Construcciones SA de CV
La tarde del pasado viernes trascendió que un juez federal de Control, adscrito al penal del Altiplano en el Estado de México giró una orden de aprehensión en contra del litigante Víctor Manuel Álvarez Puga y de su esposa, Inés Gómez Mont, situación que posicionó el nombre de la conductora como tendencia de las redes sociales.
Se supo que la Fiscalía General de la República (FGR) les imputa los delitos de operaciones de procedencia ilícita, peculado y delincuencia organizada.
SJS
