Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ha implementado, mediante la Unidad de Medidas de Protección a Mujeres Víctimas de Violencia de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Violencia Familiar y de Género, un total de 536 medidas de protección a mujeres víctimas de violencia.
En el marco de estas disposiciones establecidas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la institución por medio de sus diversas áreas, fiscalías regionales y especializadas, así como el Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), ha implementado acciones con las cuales se busca garantizar a las mujeres, que los delitos que les afectan son investigados.
Para la FGE, proteger los derechos de las víctimas y su integridad es una prioridad, por lo que, con el fin de cumplir con lo establecido en esta Ley General, de impulsar acciones para prevenir, sancionar y erradicar estas conductas, la institución, a través de su titular, el Fiscal General, Adrián López Solís, ha manifestado completa disposición para llevar a cabo acciones en favor de las mujeres.
Como parte de este compromiso, se propuso mediante los ejes estratégicos del Plan de Persecución de Delitos, la creación de un Modelo de Actuación con Perspectiva de Género e Inclusión, para brindar una atención especializada y cumplimiento a las necesidades que de cada caso.
Asimismo, con el fin de brindar atención y servicios con un enfoque de perspectiva de género, se llevan a cabo diversas capacitaciones con las cuales se busca reforzar los conocimientos del funcionariado y al mismo tiempo fomentar la cultura del respeto, equidad, empatía y sensibilidad, tomando como principio fundamental, la postura del Fiscal General, "de ponerse en los zapatos de las víctimas" y de esa manera poder visibilizar las diversas conductas.
Las medidas de protección son mecanismos que la ley contempla y autoriza para imponerse durante la investigación de un caso y así generar las condiciones adecuadas para asegurar la integridad física de las víctimas y/o testigos, brindando condiciones de protección física, psicológica, emocional y sexual a las víctimas u ofendidos.
Por: Boletín / PO
