Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El sistema educativo michoacano cierra 2025 con un panorama alarmante: miles de estudiantes vieron vulnerado su derecho a aprender debido a cierres escolares provocados por la violencia del crimen organizado, paros magisteriales prolongados y una infraestructura educativa deficiente. A esto se suma la desaparición de las evaluaciones educativas y un presupuesto que, aunque aumentó nominalmente, sigue priorizando la asistencia sobre el aprendizaje real.
El sistema educativo de Michoacán atendió a 1 millón 247 mil estudiantes; sin embargo, el acceso a una educación universal, inclusiva, laica, gratuita y de excelencia continúa siendo un desafío estructural en la entidad.
Durante 2025, Michoacán fue uno de los estados más afectados por cierres escolares relacionados con hechos de violencia. Se registraron suspensiones de clases en los siguientes municipios:
Zinapécuaro
Zitácuaro
Zacapu
Uruapan
Queréndaro
Tepalcatepec
Tacámbaro
Buenavista – Tomatlán
Erongarícuaro
Coalcomán
Coahuayana
Apatzingán
La cifra más devastadora es que, durante el ciclo escolar 2024-2025, medios de comunicación documentaron al menos 120 menores de edad asesinados en Michoacán, según reportes de análisis independientes. Esta tragedia humana representa vidas truncadas y un sistema que no logra garantizar la seguridad de sus estudiantes.
El ciclo escolar 2024-2025 estuvo marcado por múltiples interrupciones causadas por movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Los paros magisteriales se anunciaron desde que la Sección XVIII amenazó con no iniciar clases y se extendieron de manera intermitente durante todo el año.
Según un análisis basado en notas de medios locales, al menos 20 municipios enfrentaron graves incidencias, que incluyeron suspensión de clases, falta de docentes y condiciones de inseguridad. El paro más prolongado ocurrió en mayo de 2025, cuando las dos facciones de la Sección XVIII paralizaron las escuelas durante 15 días hábiles, afectando a más de 900 mil estudiantes de nivel básico.
A pesar de que las autoridades educativas estatales declararon haber completado los 180 días de clases, organizaciones de la sociedad civil cuestionaron esta afirmación, argumentando que se instruyó a los directivos a cerrar los planteles "cuando lo consideraran oportuno", evidenciando una simulación administrativa que oculta el incumplimiento real del calendario escolar.
La infraestructura escolar en Michoacán continúa siendo una de las principales barreras para el aprendizaje efectivo. Según datos recopilados por Mexicanos Primero Michoacán, al menos dos de cada tres escuelas en la entidad no cuentan con servicios básicos ni conectividad completas.
Miles de planteles operan con techos que gotean, baños que no funcionan, aulas sin ventilación adecuada y ausencia de materiales didácticos básicos. La brecha digital se ha profundizado, dejando a comunidades enteras sin acceso a herramientas tecnológicas esenciales para la educación contemporánea.
Aunque el gobierno estatal, en la propaganda de su cuarto informe, anunció la realización de 1,900 obras en instituciones educativas con una inversión de 2,000 millones de pesos a lo largo de cuatro años, los 590 millones destinados a infraestructura para 12,000 planteles escolares representan menos de 50,000 pesos por escuela, una cantidad insuficiente para atender las carencias estructurales que enfrentan las comunidades escolares michoacanas.
La extinción de Mejoredu y de los órganos constitucionales autónomos implicó la pérdida de más de dos décadas de información sobre evaluación educativa. Durante el ciclo escolar 2024-2025, no se aplicó ninguna de las tres evaluaciones diagnósticas que promovía Mejoredu, dejando al sistema educativo michoacano sin herramientas para medir los aprendizajes reales de los estudiantes.
La Secretaría de Educación del Estado (SEE) no ha garantizado hasta el momento el acceso público a los archivos del INEE y de Mejoredu, manteniendo a Michoacán en la opacidad sobre el verdadero estado de los aprendizajes estudiantiles. Esta ausencia de evaluaciones imparciales impide diseñar políticas educativas basadas en evidencia y mantiene en la incertidumbre el nivel real de preparación de las y los estudiantes michoacanos.
Los indicadores educativos de Michoacán se ubican consistentemente por debajo de la media nacional. Según datos del INEGI, el 6.1% de la población michoacana de 15 años y más no sabe leer ni escribir, cifra superior al promedio nacional de 4.7%.
La matrícula en educación preescolar y primaria continúa en descenso, y la tasa de abandono escolar supera el promedio del país. Las trayectorias educativas revelan que, de cada 100 niñas y niños que ingresaron a primaria en 2010, se estima que solo 18 concluirán sus estudios superiores para 2026-2027.
La escolaridad promedio en Michoacán alcanzó los 9.0 años, según datos oficiales, pero esta cifra, que no pasa de ser una estimación, oculta profundas desigualdades entre zonas urbanas y rurales, así como entre diferentes grupos socioeconómicos.
El Congreso del Estado aprobó para 2026 un presupuesto educativo de 33,796 millones de pesos para la Secretaría de Educación del Estado, lo que representa un incremento del 8% respecto a 2025. Sin embargo, este aumento se concentra principalmente en nómina magisterial y becas, mientras que la inversión en formación docente y mejora de aprendizajes sigue siendo insuficiente.
El presupuesto federal para 2026 destina apenas 105 pesos anuales por docente para formación continua, una cifra que ni siquiera cubre el costo del transporte de un maestro rural de municipios como Tancítaro o Tingambato a Morelia para acceder a programas de actualización.
Para los docentes de educación básica en Michoacán, esta asignación presupuestal representa una auténtica desconexión entre los objetivos de la Nueva Escuela Mexicana y los recursos reales destinados a capacitar a quienes deben implementarla.
El Plan Michoacán, presentado con bombo y platillo, contempla miles de millones de pesos en becas. Sin embargo, más becas no equivalen a mejores aprendizajes si no se atienden los problemas estructurales del sistema educativo.
El balance educativo de 2025 en Michoacán no es positivo. Mexicanos Primero Michoacán alerta sobre la urgencia de reconstruir las bases del sistema educativo y reafirma que garantizar el derecho a aprender debe ser una prioridad estatal.
Es imperativo que las autoridades educativas estatales y municipales:
Recuperen la rectoría del sistema educativo estatal, logrando que se cumpla y se haga cumplir la normatividad en materia educativa.
Garanticen el cumplimiento irrestricto del calendario escolar, transparentando día a día, grupo por grupo y escuela por escuela, si hubo clases y qué tipo de incidencias se presentaron.
Inviertan en infraestructura educativa digna, priorizando servicios básicos completos, conectividad y espacios seguros para el aprendizaje.
Implementen un sistema estatal de evaluación independiente que permita conocer el verdadero estado de los aprendizajes de las y los estudiantes michoacanos.
Fortalezcan la formación docente con recursos suficientes y programas pertinentes para las necesidades reales de los maestros, especialmente en zonas rurales.
Construyan espacios de participación social genuina en educación, sin cooptación político-sindical.
Articulen esfuerzos interinstitucionales para garantizar la seguridad de estudiantes y comunidades educativas.
La educación michoacana no puede seguir siendo rehén de intereses políticos y clientelares. Cada día que pasa sin atender estos problemas representa oportunidades perdidas para miles de niñas, niños y jóvenes que merecen una educación de calidad.
Mexicanos Primero Michoacán continuará promoviendo el derecho a aprender y monitoreando el cumplimiento de los compromisos con la calidad educativa, convencida de que #AprenderImporta.
