Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Total desaprobación al acuerdo que busca legalizar los denominados “autos chocolate” en el país, ya que luego del anuncio del mismo inició una afectación para la industria automotriz en el territorio mexicano que podría postergar la recuperación del sector, aseveraron directivos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
En rueda de prensa en su visita a Michoacán, el presidente ejecutivo de la organización empresarial, Guillermo Prieto Treviño, consideró que este acuerdo “fracasaría, ya que solo es un acuerdo populista para buscar adeptos y que no ayuda al sector automotriz”.
Mencionó como antecedente que históricamente se han emitido 19 decretos en este sentido “sin que ninguno haya funcionado”, pero si repercutiendo en el mercado interno del país.
Y es que, a mediados del presente mes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó el acuerdo por el cual se estaría registrando este tipo de vehículos “por una cooperación de dos mil 500 pesos”.
El presidente de la AMDA dijo que esta situación es “legalizar el contrabando”.
“Lo que no se vale es legalizar el contrabando, por que se pone el ejército cuidar las aduanas para cuidar la corrupción y por otro lado se emite un acuerdo para establecer normas de regularización que no conocemos a la fecha”, apuntó.
Aseguró que uno de los argumentos para la aplicación de esta nueva normativa es que este tipo de vehículos incide en los índices delictivos y a la operación del crimen organizado.
Ante ello, señaló que su negativa está enfocada a los autos de modelos pasados, debido a que el crimen organizado busca vehículos del año, por lo que incluso denunció extorsión a los distribuidores por esta situación.
Asimismo, aseguró que el generalizar este acuerdo en todo el país en una segunda etapa bajaría la plusvalía entre un 20 y 25 por ciento de quienes tienen un vehículo o quienes adquieren uno semi nuevo por una “sobre oferta”.
Por su parte, el director adjunto de la AMDA, Guillermo Rosales Zárate, indicó que se reunirían con el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, con la finalidad de exponerle las afectaciones que este acuerdo generará en el sector automotriz.
Cabe mencionar que esta misma semana el mandatario estatal anunció que solicitaría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que el estado fuera incluido en esta nueva modalidad.
En este sentido, Rosales Zárate refutó que “se utilicen las herramientas del gobierno para contribuir al debilitamiento de la industria automotriz”.
Esto luego de que de generalizarse el acuerdo en todo el territorio mexicano podría extender la expectativa de recuperación luego de la pandemia por Covid-19, expectativa que tenían contemplada para el 2023 y finales del 2024.
Argumentó que es una “cifra negra” el saber cuántos automotores existen en esta situación pero se calcula que por lo menos son un millón en el país.
Dijo que del 12 al 15 por ciento de los vehículos que entran al país bajo la modalidad de importación temporal, ya no regresan al lugar de procedencia, lo que contribuye a los vehículos en la ilegalidad.
Rosales Zárate advirtió que existen grupos que se dedican a traer los vehículos al país, sin embargo, “no hay ninguna carpeta de investigación judicializada al respecto”.
El líder empresarial puntualizó que el año pasado se vendieron 950 mil unidades lo que representó una caída del 28 por ciento comparado con el récord del 2016.
Mientras que al inicio del presente año la expectativa era de comercializar un millón 70 mil unidades y de enero a septiembre se han comercializado 757 mil 846 unidades.
AC
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