Morelia, Michoacán (Boletín).- Con el objetivo de salvaguardar la seguridad y los derechos de las mujeres michoacanas, durante el 2018, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), mediante la Fiscalía Especializada en Medidas de Protección, otorgó 459 medidas de protección y atención integral a las víctimas de algún delito.
La titular de la fiscalía, Mayra Valenzuela Zozaya, destacó que, en apego a las disposiciones federales y estatales en la materia, dichas medidas han sido implementadas con la intención de dar certeza a las mujeres que han sido víctimas de violencia; de que, tras haber sufrido algún delito, tendrán acceso a la justicia y a una calidad de vida estable, tanto física, como emocionalmente.
Al respecto, dio a conocer que entre las principales medidas que se implementaron por parte de la fiscalía, destacan la prohibición de que el imputado se acerque o se comunique con las víctimas, y la limitación para asistir o acercarse a su domicilio.
Otras medidas que contempla la ley, destacó la funcionaria, -y que se han aplicado-, son la vigilancia en el domicilio de la víctima; auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo; traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes y el reingreso de la víctima a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad.
Del total de medidas de protección brindadas, la región de La Piedad encabeza la lista donde se implementaron 173, seguido de la región Morelia con 155 y en tercera posición, la región de Apatzingán con 54 medidas implementadas.
La funcionaria resaltó la importancia de que las personas se acerquen a denunciar cualquier delito del que sean víctimas o tengan conocimiento, ya que sólo de esta forma es como se podrán aplicar los protocolos de actuación para la aplicación de dichas medidas de protección.
El Protocolo de Actuación para la Aplicación de Medidas de Protección, establece las bases mínimas de atención y coordinación que faciliten la implementación de estos mecanismos de protección contenidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, mismas que son de observancia obligatoria para las Fiscalías Regionales de Justicia y las fiscalías especializadas de la PGJE.
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