Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 2017 a la fecha, sólo dos activistas y tres comunicadores michoacanos han solicitado medidas de seguridad a la Unidad de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al considerar que su vida se encuentra en riesgo, quienes cuentan con botones de asistencia, cámaras de videovigilancia y rondines por parte de la policía.
La titular de la Unidad, creada mediante un decreto publicado el pasado 14 de octubre en el Periódico Oficial del Estado, Maricela Montero Andrade, informó en entrevista para MiMorelia.com que la activista Zenaida Pulido Lombera, quien fue asesinada la noche del viernes en el municipio de Aquila, no pidió protección ni tampoco se acercó para solicitar alguna medida de seguridad de manera oficial, por tanto, destacó que nunca se tuvo registro de su situación hasta que se dio a conocer en los medios de comunicación.
El cuerpo de Pulido Lombera fue localizado en las inmediaciones de la comunidad costera de Pichilinguillo en Aquila, quien según información de los colectivos, viajaba a bordo de un su vehículo, cuando un grupo armado la atacó a balazos. La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de un comunicado, informó que la mujer de 42 años de edad era de oficio comerciante y no activista.
Destacó que aunque han buscado indicios sobre si en realidad era defensora de los derechos humanos en el estado, la Unidad no cuenta con ningún registro adicional, por tanto, dijo que no se podía emitir alguna medida para evitar el lamentable suceso que le quitó la vida.
Sin embargo, en medios informativos se le reconoce por su contribución en la localización de una fosa clandestina con 43 restos óseos durante la V Caravana "Buscando Encontraremos" realizada entre abril y mayo de este año.
Montero Andrade informó a este medio de comunicación que del 2017 a la fecha, han atendido a ocho defensores de los derechos humanos, de los cuales, seis personas recibieron únicamente apoyo para acercarse a la Fiscalía, y los otros dos casos, sí cuentan con medidas de seguridad, desde vigilancia en sus domicilios y lugar de trabajo, hasta botones de asistencia.
Por su parte, Adán García Cervantes, responsable del Monitoreo de Riesgos y Agresiones de dicha Unidad, refirió que de los 18 periodistas atendidos, sólo a tres comunicadores se les otorgaron las medidas especiales de protección, mientras que los 15 restantes, únicamente ocuparon orientación legal, ser canalizados a la Fiscalía para presentar denuncias por abuso de autoridad durante alguna cobertura periodística.
Sin embargo, destacó que están atentos y con la disposición de atender cualquier inquietud que tengan los periodistas michoacanos con la finalidad de que reciban la protección necesaria.
Cuando una dependencia o entidad conozca de una situación de riesgo en la que se encuentra una persona defensora de derechos humanos o un periodista, deberá hacer de su conocimiento a la Unidad, para que se realicen las diligencias necesarias, a fin de contactar a la persona y, en caso de que se otorgue el consentimiento, se inicie el procedimiento correspondiente.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Serrato Lozano, en un comunicado, consideró "urgente", revisar y replantear el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas ante el riesgo inminente de quienes se dedican a esta actividad.
A juicio del ombudsman, esta problemática está "fuera del control" del mecanismo que se creó ex profeso para prevenir, brindar seguridad y protección, así como para investigar hechos que atentan contra la vida de quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos, desde las organizaciones de la sociedad civil, por lo cual, consideró una atención inmediata.
