Por: Blanca Padilla/@blanespaga
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de la Contraloría de Michoacán (Secoem), Silvia Estrada Esquivel, refirió que en el caso de Secretaría de Cultura tienen conocimiento de procedimientos de ejercicios desde 2014 y 2015 en los que no fueron aplicados aproximadamente entre 50 y 60 por ciento de recursos de programas federales para lo que estaban etiquetados.
En entrevista luego del inicio del curso "Función del Municipio en el Nuevo Sistema Nacional y Local Anticorrupción" sobre el conflicto en la Secretaría de Cultura de Michoacán, explicó que "la problemática consiste en que se dejó de pagar a proveedores y hasta prestadores de servicios que entraban en programas de desarrollo cultural, pero más allá de concluir la investigación tenemos que fincar las responsabilidades a aquellos exservidores públicos que no hayan hecho una adecuada aplicación de este recurso".
En ese sentido, Estrada Esquivel detalló que ante la falta de claridad en la transparencia y aplicación de recursos públicos, principalmente de programas federales, están por concluir las revisiones, que en este caso, dijo, no sólo son por parte de la contraloría, si no en coordinación con la Secretaría de la Función Pública y cuando lo solicita también con la Auditoría Superior de la Federación, ya que se trata de un recurso federal.
Explicó que las investigaciones comenzaron principalmente por la solicitud de los terceros que estaban interesados y que son los afectados, razón por la que se tiene que seguir un procedimiento administrativo, o también hasta un procedimiento penal, "porque en este caso ya sea proveedores, prestadores de servicios son los que han acudido a la Contraloría y hacen ver que están siendo afectados por que no se les cubría un recurso ya sea por el programa o por la prestación de un servicio profesional e independiente".
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Detalló que "una vez que ya se concluyó la investigación que se cierra la auditoría se determinan dos cosas: instaurar al exservidor público a través de una sanción administrativa que va desde una amonestación hasta una inhabilitación, o el solicitarle que resarza el daño al estado, que signifique el haber desviado el recurso para un concepto para el cual no venía etiquetado, porque en ese caso es recurso federal, y el estado tiene la obligación de que si no se aplicó el programa, debe regresarlo a la federación".
Informó que la federación solicita de acuerdo con la ley que el recurso sea regresado con intereses, desde la fecha en la que se debió de aplicar, por lo que un interés que se genera por no haber aplicado el recurso "es un daño para el estado, ya que tiene necesidad de pagar una cantidad adicional de un recurso público, y la sanción por el recurso federal le compete ya sea a la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación, y nosotros hacemos los procedimientos de instauración y de solicitar el resarcimiento al estado".
Para concluir añadió que no tienen un dato preciso de cuánto es el recurso que se adeuda, ya que en este caso "se reconoce el derecho de los servidores públicos de defenderse, ya que les estamos dando el tiempo necesario para que no haya duda de que el estado no está dándoles el derecho de que se defiendan en tiempo y forma".
jcms
