Por: Ibeth Cruz/ @ibethcrux
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El impedimento del tránsito a vehículos de emergencia como lo son las ambulancias en Michoacán debe penalizarse por parte del Congreso local, consideró el ombudsman michoacano, Víctor Manuel Serrato Lozano.
Hasta el momento, la muerte de un menor de edad el pasado 7 de noviembre presuntamente a causa del bloqueo carretero que realizaron los docentes ese día en la capital del estado sigue siendo un "rumor" que no ha podido comprobar la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
"Estuvimos al pendiente por algunos medios de comunicación que divulgaron el fallecimiento de un menor por este bloqueo, nosotros no hemos confirmado tampoco la existencia o la veracidad de esa información, todo indica a que fue falso; lo que es positivo y qué bueno que no sucedió", comentó Serrato Lozano.
Aunque la CEDH ha desechado prácticamente este rumor como cierto, Serrato no negó que debe tomarse como una previsión para los representantes de los ciudadanos en el poder quienes deben de establecer medidas penales ante aquellos que impidan la circulación de ambulancias, bomberos o cualquier otro servicio de emergencia.
"Por ningún motivo debe impedirse el avance o el acceso a algún servicios de emergencia y por eso debemos preocuparnos por establecer una penalidad realizando una reforma que le garantice a los servicios de emergencia no verse afectados por bloqueos y miren que Michoacán padece este tipo de situaciones", expuso.
Igualmente dijo que por la violencia que ejercieron los elementos policiacos el pasado 7 de noviembre sobre los manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XVIII en Michoacán, la CEDH ha abierto tres expedientes, dos por oficio y uno más por la comparecencia de víctimas de estas agresiones que consideró "injustificadas", mismas que siguen su curso dentro del organismo autónomo.
Hay que recordar que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ocupa el primer lugar dentro de la CEDH como una de las instituciones del Gobierno Estatal que más violación de derechos humanos ejerce en el estado, lugar que durante los últimos años había ocupado la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
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