Morelia, Michoacán (Boletín).- En Michoacán es necesario dar certidumbre al ejercicio profesional, por ello, la diputada Lucila Martínez Manríquez expuso ante el diputado Octavio Ocampo Córdova la importancia de que en el Congreso del Estado se dictamine la iniciativa de decreto que contiene la Ley de Profesiones, que presentó ante el Pleno de la LXXIV Legislatura Local.
La diputada resaltó que con el objetivo de que los integrantes de la Comisión de Educación conozcan más a fondo la propuesta, en diferentes reuniones de trabajo les ha expuesto la importancia de dicha iniciativa, con la cual se busca dar certidumbre al ejercicio profesional en el sentido de su registro, actualización y autorización; así como proteger a la sociedad estableciendo atribuciones de vigilancia sobre el ejercicio profesional en general.
Asimismo hizo mención que debido a la rescisión del convenio que realizó el Gobierno Federal al Gobierno del Estado, la entidad recuperó su atribución del registro de título profesional y como consecuencia, la expedición de la cédula para ejercer, tema que abarca la iniciativa que presentó para dar soporte legal.
Lucila Martínez expuso "como legisladores tenemos la obligación de impulsar leyes que generen certidumbre y certeza jurídica, y en este sentido, la praxis del ejercicio profesional no debe ser la excepción, al contrario, debemos procurar que a través de la norma se genere contenido social, ético y cívico en este tema".
En ese contexto, dijo en Michoacán se requiere una nueva Ley Reglamentaria del Artículo 5° de nuestra Carta Magna en materia de profesiones, ya que el título de la norma determina su sentido y orientación.
"En la propuesta que estamos impulsando, se establecen las facultades y atribuciones que el Ejecutivo del Estado cediera al Ejecutivo Federal, mediante acuerdo signado el 14 de septiembre de 1974, y cuyo propósito fuera la unificación del registro de títulos y como consecuencia la expedición de la cédula para el ejercicio profesional con efectos de patente, facultad única y de naturaleza estatal".
La legisladora expuso a Octavio Ocampo que uno de los ejes rectores y principios de esta propuesta es la legalidad, es el respeto a la constitucionalidad y reconocimiento del derecho a dedicarse al trabajo o profesión que se desee, así como al derecho de la libre asociación con fines lícitos al que hace alusión el artículo 9° de la Carta Magna, además que con dicha norma se reconoce el papel rector del estado en la reglamentación de las profesiones, sin ceder autorización o facultades para el ejercicio a ningún ente.
"De ser aprobada mi propuesta, sería necesario abrogar la vigente Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán, ya que la actual está alejada de los avances que se han logrado en materia de profesiones, sino que además su orientación es distinta en términos y visión", aclaró.
Lucila Martínez enfatizó que Michoacán no puede quedar al margen de las reformas que en materia de administración documental que se están implementando en el país, y que hoy ya es una realidad la cédula electrónica y nuestro estado no puede ser la excepción.
Sobre la certificación profesional, aclaró, que con ello se permite al profesionista contar con mejores y mayores recursos para su práctica profesional, así como dar certidumbre a la sociedad de que los profesionistas que realizan su ejercicio están llevando a cabo una actualización profesional que genera como resultado junto con otros instrumentos, la certificados profesional, evaluada y expedida por instituciones y organismos que con autoridad moral pueden determinar a un profesionista como de alto desempeño; y constatar que su práctica es además de legal, eficaz y correcta.
"Los gremios de profesionales siempre han sido uno de los instrumentos sociales de autocontrol y vigilancia de la profesión, los cuales han gozado de un doble carácter, por una parte vigilan el ejercicio profesional no sólo de sus miembros, sino de toda la rama en general; y, por otra parte son consultados por el estado".
Tras recibir el respaldo del diputado Octavio Ocampo, la legisladora reiteró que con esta norma se garantiza la libre asociación de los profesionistas, derecho que constituye uno de los más altos principios de la sociedad, por ello, se establece también las acciones de vigilancia que el estado debe ejercer en materia de profesiones en todos los establecimientos asentados en la entidad, con el objetivo de ofrecer servicios profesionales.
PO
