Morelia, Michoacán (Boletín).- Ante la problemática delincuencial que a todos nos afecta, es necesario buscar reformas que permitan preservar la obligación ciudadana de contar con todos aquellos documentos necesarios para la circulación de un vehículo, afirmó la diputada Adriana Hernández Íñiguez.
La diputada presentará la iniciativa a efecto de establecer que "no se podrá suspender la circulación de aquellos vehículos que no cuenten con algún documento oficial, como placa, tarjeta o permiso de circulación, que corresponda al automotor, siempre que se acredite mediante acuse de recibido la presentación de la denuncia ante la Fiscalía General del Estado por robo o extravío, la cual sólo tendrá como validez treinta días naturales contados a partir de su presentación".
Hernández Íñiguez recordó que en los países desarrollados el respeto a la ley pasa primordialmente por el acatamiento a las normas de tránsito y, sobre todo, de los oficiales de policía encargados del cumplimiento de éstas, situación que, lamentablemente, en México aún está distante de alcanzar.
En este sentido, la Ley de Tránsito cuenta con normas que pretenden prohibir de manera temporal el uso de vehículos ante la ausencia de aquellos documentos que amparen su legal posesión o la capacidad al volante de los conductores, hipótesis ambas que parecen correctas.
"Sin embargo, y pese a que compartimos la racionalidad de la referida norma, cuya reforma entró en vigor hace poco menos de un año, nos vemos obligados a aceptar que ésta es susceptible de mejora, sobre todo a favor de aquellas personas de buena voluntad que por alguna razón u otra no cuenten con aquellos documentos a que se hace referencia en la misma".
La legisladora refirió que si bien es correcto requerir de los conductores la posesión de todos aquellos documentos que acrediten la legal situación de sus vehículos, en ocasiones se llega a registrar la pérdida o el robo de estos y es el caso que, frente a ello, no siempre se cuenta con la celeridad de las oficinas encargadas de reponerlos, lo que viene a afectar a los ciudadanos, toda vez que se encuentran sujetos a sanciones por no contar con estos, a pesar de haber gestionado inmediatamente su obtención.
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