Por: Eduardo Pérez Arroyo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Para los michoacanos es más importante que las instituciones cumplan con la transparencia antes que multarlas todo el tiempo por no cumplir".
La frase, que Areli Navarrete destaca en varios momentos de esta entrevista, engloba el principio del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP).
"El sistema está diseñado para prevenir más que para castigar", continúa. "El que los sujetos obligados cumplan es apenas el principio: al poner la información al alcance de todos, se activan los derechos humanos de los michoacanos de muchas maneras distintas. Y en eso, la participación de la ciudadanía es fundamental".
La estrategia que utilice el IMAIP, entonces, resulta un factor clave cuando el objetivo es mejorar los índices de transparencia en Michoacán.
Y, más allá de las sanciones, ese es su desafío.
Areli Navarrete, hoy de 32 años, se abrió camino por sí misma. A primera vista, su juventud contrasta con la ardua tarea que tiene en las manos. Sin embargo, al escucharla se comprende que bajo esa frescura existe una absoluta claridad de conceptos y una experiencia que envidiarían muchos de mayor edad.
Estuvo en el Instituto Nacional Electoral como asesora directa de Benito Nacif, bajo la coordinación de María de la Luz Mijangos, hoy titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. Estuvo en el Poder Judicial de la Federación y en juzgados de Ciudad de México y Michoacán. Empezó a trabajar a los 17 años.
"El tema de la transparencia se me fue dando en el camino", señala. "Advertí que en todas las instituciones, independientemente del rubro, es vital abordar la transparencia. Fue así que llegué al IMAIP".
Cuando la invitaron al instituto le asignaron explícitamente resolver los muchos pendientes sobre el tema.
"Mi entrada al IMAIP derivó de una demanda que yo misma promoví. Interpusimos un amparo porque el Instituto no resolvía lo que pedimos. El juez resolvió a nuestro favor y ordenó al Instituto resolver nuestro caso, y de paso muchos otros pendientes en materia de transparencia. Entonces me llamaron. Me dijeron: 'tú provocaste esto, tú lo resuelves'".
¿De qué manera fortalece al instituto tu relación directa con María de la Luz Mijangos?
–María de la Luz es una persona especializada, que lleva 10 años en el tema y, además, es doctora en Economía Aplicada. Es inevitable aprender de una persona así cuando se trabaja de cerca.
En este momento el IMAIP trata directamente los temas relacionados con la transparencia y el combate a la corrupción en Michoacán, y muchas propuestas me tocó traerlas personalmente a Michoacán tras mi experiencia con ella. Apelamos más a una cultura de colaboración que a un castigo. Nuestra labor principal es convencer a las distintas instancias de la importancia de la transparencia, y capacitarlos para actuar en consecuencia.
Areli pone el caso de los ayuntamientos michoacanos, de los cuales hoy el 73% incumplen sus obligaciones de transparencia.
"Ocurrió que al retirarse las administraciones, se retiraron también sus encargados de transparencia, por lo que el IMAIP debió comenzar de cero todo el proceso de capacitación a los nuevos encargados. Hoy buscamos la continuidad, y una fórmula sería que los organismos municipales de transparencia sean autónomos y no cambien con la administración de turno. Trabajamos en eso".
¿Cómo está la transparencia en Michoacán?
–Como instituto, apenas nacimos el año pasado, y aún estamos elaborando la normativa y los lineamientos. Sin embargo, queremos que en breve plazo las personas puedan ver una utilidad práctica: que puedan denunciar, que las denuncias queden bien hechas, que se cumplan todos los principios de un debido proceso y que este proceso sea expedito.
México tiene una de las legislaciones más fuertes a nivel mundial en temas de transparencia, asegura. Y sin embargo, los institutos estatales tenemos el desafío de aterrizar esa ley general. Y es un gran desafío, porque en Michoacán existen 274 sujetos obligados y cinco millones de habitantes, frente a un presupuesto anual de 30 millones, de los cuales 27 millones van a la nómina.
¿Es urgente un mayor presupuesto?
–Un mayor presupuesto nos podría hacer avanzar mejor y más rápido.
Una dinámica integral
Areli admite que ninguna Ley de Transparencia, por sí sola, termina automáticamente con la corrupción. Más bien, explica, se trata de un proceso que se construye poco a poco y con el apoyo de muchos sectores.
Finalmente, Areli explica enérgicamente las ventajas que acarrea a la sociedad el hecho de tener buenos índices de transparencia.
"Significa vivir en bienestar, en un esquema que permite desarrollarnos de forma adecuada, con los servicios adecuados, con una participación abierta en la cual existan muchas opciones y formas de decidir. Finalmente, una mayor transparencia nos permite vivir mejor".
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¿En qué momento un hecho de la vida privada de los funcionarios pasa a ser asunto de interés público? Recordamos el caso de la enfermedad de Fausto Vallejo, quien en su calidad de gobernador se negó persistentemente a abordar el trasplante de hígado al que fue sometido y que derivó en la designación de Jesús Reyna como su remplazo en la gubernatura.
–En los 90, en Francia, el entonces presidente François Miterrand ocultó su enfermedad. El caso derivó en un juicio. Primero, los tribunales dieron la razón a Miterrand, argumentando que no eran datos de interés público. Pero tras una apelación se estableció que su enfermedad sí era de interés público, dado que el posible daño público por desatender sus funciones era mayor que el eventual daño a su intimidad. Ese mismo caso se podría homologar a Michoacán.
¿Cuál debe ser el rol de la prensa?
–Primero, dar a conocer los hechos. Tras ello, un periodista tiene el completo derecho de opinar. Es vital que los periodistas nos digan qué está pasando, basados en la documentación. El único límite es exhibir noticias basadas en hechos concretos y verdaderos.
Entre las propuestas concretas para mejorar los índices de transparencia en Michoacán, Areli Navarrete comenta las siguientes:
• Hacer públicos los documentos oficiales con apoyo de expertos en archivística.
• Negar la posibilidad de amparo ante un requerimiento de transparencia a los sujetos obligados.
• Obligar a los funcionarios incumplidos a pagar las multas que se les pudieran asignar en lugar de que lo haga la institución en la que trabaja.
• Elaborar un Servicio Profesional de Carrera para que las instituciones que son sujetos obligados de transparencia ubiquen a los perfiles adecuados.
CA
