Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 15 de septiembre se cumplen 12 años de los granadazos ocurridos durante la ceremonia del Grito de Independencia en el Centro Histórico de Morelia, y víctimas de los hechos continúan su peregrinar en demanda de la reparación del daño subsidiaria por el Estado Mexicano.
La justicia, entendida como un castigo a los responsables materiales e intelectuales, no ha llegado. El procedimiento penal se encuentra suspendido desde el año pasado, pese a que existen dos órdenes de aprehensión pendientes, informó Reyna Velasco Guerrero, representante legal de un grupo de familias afectadas.
La maestra en Derecho las acompaña en el peregrinar que emprendieron hace años ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y luego la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal para ser inscritas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) y tener acceso a medidas de ayuda y asistencia e iniciar el trámite para la reparación del daño.
Derivado de un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) siete familias lograron en marzo de este año que se les reconociera la calidad de víctimas, beneficio que se extiende a la totalidad de los afectados citados en el proceso penal que se inició en el 2008 por este suceso, considerado el primer ataque terrorista contra población civil en México.
En entrevista exclusiva, Velasco Guerrero pormenorizó que a raíz de ello solicitaron ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que otorgara a sus representados las medidas de asistencia (atención médica y psicológica). Fue así como entre el 17 de agosto y el 2 de septiembre ocho víctimas estuvieron sujetas a evaluaciones médicas y de trabajo social, para que se establecieran sus necesidades y les sea brindado apoyo a través de la CEAV en tanto dura el procedimiento para la reparación del daño.
"Estamos en espera de que el centro de atención en Morelia recabe toda la información que requiere para enviarla a la CEAV en la Ciudad de México y puedan determinar las medidas de ayuda que se les otorguen a estas víctimas", agregó.
Indicó que, independientemente de lo anterior, el pasado mes de julio se solicitó a la misma CEAV que iniciara el procedimiento para la reparación del daño, y, debido a que transcurrió un mes y no tuvieron respuesta se interpuso la semana pasada en la Ciudad de México un amparo ante un juzgado de distrito en materia administrativa en contra de la misma, por la omisión de resolver.
Reyna Velasco, hizo una acotación para comentar que previo a la presentación de citado amparo, visitó Morelia con la intención de que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas conviniera con la Comisión federal un acuerdo de colaboración para la reparación del daño a las víctimas, sin embargo, no tuvo éxito, frente al argumento de que se trata de un delito de carácter federal.
"Ahorita las víctimas están en espera de que la CEAV resuelva las peticiones que se realizaron en julio o que a través del órgano jurisdiccional se determine que ya les resuelvan", remarcó.
Compartió que, adicionalmente, se amplió una queja presentada en el 2019 ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presuntas omisiones de autoridades estatales y federales en el caso.
Hizo hincapié en que si bien víctimas de los granadazos recibieron apoyos (casas, pensiones) principalmente de la actual administración estatal de Silvano Aureoles Conejo, éstos no son parte de una reparación integral del daño en términos de la Ley General de Víctimas.
Por: Sayra Casillas/E
