Libre la circulación en el Libramiento Poniente, frente a la Secretaría de Seguridad Pública, ya se retiran los policías y la circulación se abre en los dos sentidos

 

Avenida Nocupétaro, desde la avenida Michoacán, el avance es lento pasando por la calle de Acacia y con dirección a la avenida Madero Poniente, hasta 5 o 6 tiempos para cruzar la luz verde del semáforo

 

Colapsada la circulación sobre avenida Madero Poniente para los que van del Obelisco a Lázaro Cárdenas con dirección hacia la avenida Pedregal, muy complicado el avance 

 

A partir del Panteón Municipal con dirección al Obelisco a Lázaro Cárdenas, la circulación de la Calzada La Huerta está a vuelta de rueda todo ese trayecto, pasando por el Palacio de Justicia

La pregunta de la consulta

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Se observa que en el ejercicio de la libertad de expresión, múltiples personas consideran que la consulta popular a realizarse el próximo 1 de agosto se refiere a votar por juzgar a expresidentes de la República, lo cual representa difundir una falsedad; como si la revisión de petición de consulta popular por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hubiere existido, ya que modificó la pregunta, para decir lo que sigue:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Lo cual es diferente a la pregunta planteada por el presidente de la República en su petición de consulta popular ante la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, que decía:

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

En principio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mencionó que no se pronunciaría sobre la trascendencia, debido a que la Ley Federal de Consulta Popular establece que ello le corresponde por la mayoría de los legisladores presentes en cada Cámara del Congreso de la Unión.

También manifestó que su revisión no se realizó en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, sino de una función de control ex ante, lo cual tiene como consecuencia la de no interponer obstáculos innecesarios al ejercicio de un derecho humano como es la consulta popular, de manera que se orientó a aplicar las herramientas de los principios pro persona y de progresividad.

Ahora bien, cuando se preguntó la Suprema Corte “¿es necesario que la población determine que las autoridades deben ejercer sus competencias de cierto modo para que éstas actúen en consecuencia? Se respondió categóricamente con un no, ya que la consulta popular no puede ser utilizada para incidir en las facultades obligatorias y regladas de órganos contra-mayoritarios, como las fiscalías o los poderes judiciales, de cuyo ejercicio depende la garantía de los derechos humanos.

De manera que la materia definida por la Suprema Corte es el “esclarecimiento de hechos pasados mediante las facultades discrecionales de los órganos representativos que servirían para ese fin, sin interferir en el ámbito de garantías del derecho humano de acceso a la justicia y en la reparación de daños de las víctimas, entre otros derechos que podrían verse restringidos”; es la interpretación que le dio la Suprema Corte con el criterio de preferencia, es decir, maximizando el acceso al derecho de consulta.

Siguiendo a la Suprema Corte, nos clarifica el efecto de que tenga mayoría absoluta el “sí”. “Una vez la población participe y se reúnan los requisitos necesarios para generar un resultado vinculante, el Presidente deberá encomendar a parte de sus órganos allegarse de elementos y evaluar los hechos ocurridos en el pasado y, de ser el caso, impulsar los procedimientos que correspondan”. De manera que el Poder Ejecutivo “tendría abierto un abanico de posibilidades de cursos de acción: desde la creación de mecanismos novedosos para esclarecer algunos hechos en específico, como en algunos países que han decidido garantizar el derecho a la verdad, hasta mecanismos que permitieran a las autoridades competentes allegarse de elementos suficientes para iniciar procedimientos de responsabilidad…”

Hay que recordar que es vinculante si participa el 40% de la ciudadanía inscrita en la Lista Nominal de Electores, esto es, alrededor de 37 millones de ciudadanas y ciudadanos.

Pero si la respuesta es “no”, entonces “implicaría que ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni las autoridades competentes a las que se refiere el artículo 35 constitucional, deben entenderse vinculadas a usar sus facultades discrecionales para ese fin, lo que no relevaría (ni al peticionario ni a ningún servidor público) de su obligación de denunciar aquellos hechos de los que tenga conocimiento y que puedan constituir un delito”.

Por todo ello, la Suprema Corte consideró que los vicios de la pregunta propuesta inicialmente por el Presidente de la República no son motivo de invalidez de la petición, sino de corrección, y eso fue lo que hizo con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley Federal de Consulta Popular.

Es importante también subrayar que la pregunta propuesta por el Presidente de la República era inquisitoria, al incluir personas en concreto; no estaba formulada en lenguaje neutro, contenía un juicio de valor y no producía una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.

En suma, la cuestión de la consulta popular es que el Poder Ejecutivo debe destinar tiempo de sus órganos para revisar el pasado o dedicarse a los problemas presentes, en el ámbito discrecional de su función.