Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Miembros del equipo jurídico del coordinador estatal para la defensa de la Cuarta Transformación, Raúl Morón Orozco, sostienen que hay elementos para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le restituya los derechos electorales, procesales y de garantía de audiencia, que presuntamente violentó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) al negarle el registro como candidato de la coalición Morena-PT a la gubernatura.

En conferencia de prensa, el exgobernador, Leonel Godoy Rangel, y, la excomisionada de Seguridad en Morelia, Julisa Suárez Bucio, se pronunciaron confiados en que la resolución que está por emitir el órgano jurisdiccional así lo confirme.

Durante su exposición, Godoy Rangel señaló que Raúl Morón no fue designado precandidato sino coordinador estatal para la defensa de la Cuarta Transformación, figura al interior de Morena encargada de la organización de la estructura territorial para afrontar el proceso electoral.

"Categóricamente lo decimos: Raúl Morón no hizo precampaña", dijo, con énfasis en que, sin estar obligado, de manera preventiva presentó el 1 de febrero un informe de gastos a Morena, mismo que el partido presentó al INE hasta el 22 de marzo.

Indicó que en el único escrito que el INE dirigió a Morón, con fecha 3 de marzo, le señaló 14 mini lonas y un banner, por un monto global que asciende a 15 mil pesos, mismo que se respondió el 5 de marzo.

Leonel Godoy hizo hincapié en que formalmente el Sistema Integral de Fiscalización del INE nunca requirió a Morón Orozco para que respondiera ante omisiones, y, "mucho menos fue advertido que sería sancionado si no cumplía".

Por lo anterior, remarcó, el acuerdo general del INE, aprobado con seis votos a favor y cinco en contra, violenta los derechos electorales, procesales y de garantía de audiencia a Raúl Morón.

En lo que corresponde al Instituto Electoral de Michoacán, refirió que se esperaba la negativa del registro en acatamiento a lo aprobado en el INE, sin embargo, desde punto de vista, el órgano electoral local "se extralimitó" al establecer un plazo de cinco días para la sustitución del abanderado de la coalición Morena-PT a la gubernatura, aún y cuando el proceso legal está en curso.

"Esto es lo que vamos a litigar con el IEM, porque violó su derecho a la presunción de inocencia", agregó.

En su oportunidad, Julisa Suárez explicó que los argumentos con los cuales buscan echar abajo la resolución estriban en demostrar que ésta es desproporcionada, ilegal, ilícita y carece de fundamentos y motivaciones.

"Hay muchas situaciones que en la resolución se manejan, actos aparentemente realizados, cuando no existe la constancia en el expediente; además, no consideran criterios emitidos por el propio Tribunal", externó.

SJS