Voto electrónico

Voto electrónico

En torno a la deliberación pública sobre la reforma político electoral, si hay un consenso, éste lo encontramos en el voto electrónico. Por ejemplo, la iniciativa presidencial plantea agregar al 35 constitucional el siguiente párrafo:

“El ejercicio del voto a que hacen referencia las fracciones I, VIII y IX de este artículo podrá aprovechar las tecnologías de la información y comunicación de conformidad con lo que determine la ley”.

Por su parte, el PT plantea reformar la fracción I del mismo artículo 35 constitucional para decir: “Votar como un deber cívico en las elecciones populares, preferentemente mediante la boleta electoral o, en su caso, por los medios electrónicos que determine la ley”. Además de que en uno de los transitorios plantea una prueba piloto a gran escala en la elección intermedia de 2027.

Por su parte, el PAN plantea el voto electrónico en una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Aunque es importante precisar que el INE ha implementado pruebas piloto vinculantes. La primera, en los procesos electorales locales 2019-2020 de Coahuila, con 54 urnas electrónicas; así como el de Hidalgo, con 40 urnas electrónicas. La segunda, en el proceso electoral concurrente 2020-2021, con 50 urnas electrónicas en Coahuila y 50 en Jalisco.

Ello, independientemente de las experiencias registradas de ejercicios vinculantes en elecciones estatales de Coahuila, CDMX, Jalisco e Hidalgo previos al 2014.

Pero, además, las urnas electrónicas no son la única modalidad de voto electrónico; también lo es, entre otras modalidades, el voto remoto por Internet, que se implementó en México, por vez primera, para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero en el pasado proceso electoral concurrente 2020-2021, recibiéndose 12,456 votos por medio de esta modalidad para las gubernaturas de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas; además, para la diputación migrante de Ciudad de México y para la diputación por representación proporcional de Jalisco.

En 2021 también se aplicó esta modalidad para la elección extraordinaria de senaduría en Nayarit, en la cual participaron desde el extranjero, en la modalidad por Internet, un total de 101 ciudadanas y ciudadanos.

Todo ello ha permitido al INE tener experiencia técnica sobre las diferentes aristas de la implementación del voto electrónico que se integran en el “Diagnóstico de ejercicios de votación en urna electrónica y remota” presentado ante el Consejo General del INE, en su segunda sesión extraordinaria del 29 de marzo de 2022.

Por cierto, un dato relevante que se contiene en ese informe es que en el proceso de licitación de la convocatoria No. LP-INE-004/2022 de marzo de 2022, los resultados de las ofertas económicas de cada urna electrónica van desde un precio de $73,245.22 hasta uno de $209,663.40, antes de IVA; es decir, que con IVA al 16% van desde $84,964.46 hasta $243,209.54 cada una, lo que implica que, si se quiere dotar de una urna electrónica a cada casilla, entonces tendrían que considerarse unas 163,000, por lo que los montos van desde $13,849,206,187.60 hasta $39,643,155,672.00; es decir, montos que superan el presupuesto base del Instituto Nacional Electoral en un año.

También es cierto que países como India, siendo la democracia más grande del mundo en cuanto al número de electores –unos 814 millones–, ha implementado la urna electrónica de manera generalizada, que aseguran que su costo ronda los 200 dólares por unidad, es decir, unos 4,000 pesos mexicanos; sin embargo, es un prototipo que no deja evidencia impresa, como el que se ha piloteado en México.

También hay quien asegura que el costo por urna electrónica podría encontrarse a un poco menos de la mitad, con una adquisición de mayor volumen; de cualquier forma, el gasto inicial no deja de ser de miles de millones de pesos, si se intenta una adquisición de manera generalizada.

También hay que ponderar que se trata de una adquisición que puede ser por única vez en al menos una década, reduciéndose a menos del 10% del costo inicial para sustituir equipos dañados o siniestrados, así como enfrentar el crecimiento poblacional, pero que también deberá considerar el cambio de tecnología al paso de al menos una década.

Podría optarse por una ruta como la que piloteó la Ciudad de México, descartando la urna electrónica y ofreciendo la votación remota por Internet que probó en 2009; sin embargo, la experiencia internacional apunta que solamente Estonia lo ha implementado de manera generalizada, que en 2019 votaron por Internet 247,232 ciudadanas y ciudadanos de un total de 561,131 votantes, es decir, un 44%.

Que además la votación remota por Internet requiere un muy fortalecido diseño del sistema para evitar cualquier tipo de vulnerabilidad.

Pero el mayor reto de la votación electrónica es el tema cultural, lo cual no necesariamente tiene que ver con la alta calidad de cultura política de un país, porque países como Finlandia, Holanda, Noruega o Alemania han abandonado la ruta de avanzar sobre el voto electrónico. Sin embargo, países como Brasil o la ya citada India, que son países muy grandes poblacionalmente y con una calidad de democracia media, han logrado mantener el voto electrónico mediante urnas, aún con críticas que se han mantenido.

Por cierto, tanto la India como Brasil tardaron más de una década en el proceso de implementación de la votación electrónica, lo que les ayudó a consolidar su utilidad y aceptabilidad.

La implementación es también un reto en términos de pruebas y capacitación; las experiencias que ha vivido República Dominicana son ejemplares en los problemas en que puede derivar una deficiente puesta en operación, al suspenderse los comicios de 2020, siendo calificados por la OEA como un proceso fallido; por cierto, un servidor fue testigo como observador internacional de la UNIORE, de los problemas de implementación en las elecciones de mecanismos electrónicos en las casillas de dicho país en 2016.

Es importante mencionar también que utilizar votación electrónica permitiría subsanar errores humanos que se pueden generar por el síndrome de burnout (trabajo quemado), que implica para la ciudadanía y para funcionarios electorales realizar el cómputo de los votos en condiciones de estrés, generados por la búsqueda de poder de las personas candidatas; inclusive, puede redundar en un más eficiente y sólido sistema de rapidez en los resultados. Por supuesto que tiene ventajas también.

En suma, es positivo que la legislación posibilite la utilización de tecnologías de la información y la comunicación para la votación, pero éstos requieren un pausado, prudente y progresivo avance, a lo largo de varios procesos electorales, tanto para consolidar su utilidad en términos culturales como para distribuir en el tiempo los costos iniciales, que son muy significativos. Así que la evidencia internacional y de costos en metálico no necesariamente apuntan a lo que aseguran como evidente los pronunciamientos de quienes apoyan esta modalidad.

rmr

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