Ser oposición contra la dictadura
Paralelamente a los hechos de violencia e inseguridad que asolan regiones enteras de nuestra nación, la semana que finalizó puede cualificarse como trágica para la democracia nacional, para las garantías individuales, para la división de poderes y para la coexistencia de contrapesos al poder público.
En el Poder Legislativo Federal, el régimen morenista dio pasos retrógrados en múltiples sentidos: la desaparición de organismos autónomos, entre ellos el CONEVAL; la aprobación de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que fue denominada como #LeyEspía, y la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Después de estos acontecimientos, no debe de quedar duda alguna respecto a que el régimen morenista se empeña en montar toda una autopista hacia el totalitarismo y la eternización en el poder, en detrimento pleno de los derechos humanos, la alternancia y las posibilidades reales de desarrollo integral para la población.
Por principio de cuentas, la desaparición del CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) no es un asunto meramente administrativo: es una decisión que tiene profundas implicaciones para derechos humanos, gobernanza democrática y la atención a víctimas, como la desaparición de datos independientes sobre pobreza y desigualdad, toda vez que, sin sus diagnósticos, se reduce la posibilidad de evidenciar regiones —como las de Michoacán— donde la pobreza extrema se asocia a fenómenos de violencia y reclutamiento criminal. Para las víctimas, esto implica menos información para exigir políticas públicas diferenciadas o recursos extraordinarios para comunidades vulnerables, así como menor posibilidad de contrastar datos oficiales y de sustentar litigios estratégicos o exigencias de reparación integral.
Enfáticamente, invisibilizarían y desprotegerán poblaciones vulnerables ante políticas fallidas, pudiendo mantener programas ineficientes o clientelares sin corregir errores. Para las víctimas, esto implica la pérdida de evidencia para exigir programas focalizados que respondan a daños específicos, como desplazamiento forzado o pérdida de medios de vida. Para Michoacán, es gravísimo, porque muchos municipios son focos de violencia ligada a pobreza y falta de oportunidades.
Más aún, al desaparecer un árbitro técnico sobre pobreza y resultados sociales, se abre la puerta a que programas sociales se utilicen como mecanismos de control político y electoral, en lugar de atender realmente las necesidades de víctimas y poblaciones vulnerables.
En síntesis: desaparecer el CONEVAL es quitarle a México un espejo indispensable para conocer la verdad sobre pobreza, desigualdad y exclusión, factores íntimamente ligados a la violencia y al sufrimiento de miles de víctimas. Para la seguridad nacional, significa debilitar la posibilidad de diseñar políticas basadas en evidencia; para los derechos humanos, significa oscurecer la realidad que deben enfrentar las víctimas y limitar sus herramientas para defenderse y exigir justicia.
En segundo lugar, la reforma recientemente aprobada a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública es una de las regresiones más graves para la democracia en México en décadas. Si bien el país vive circunstancias críticas por la violencia y la criminalidad organizada, no todo se justifica en nombre de la seguridad. Esta reforma abre la puerta al abuso, la persecución política y la corrupción, y amenaza derechos fundamentales y libertades ciudadanas. Entre sus principales riesgos, la ley centraliza excesivamente el poder de inteligencia en el Ejecutivo, elimina controles judiciales claros, permite vigilancia masiva sin justificación y crea el peligro de espionaje político contra opositores, activistas o periodistas. También existe la posibilidad de infiltración en movimientos sociales, uso electoral de la información, persecución por ideas políticas y una grave falta de rendición de cuentas. Además, esta ley vulnera la presunción de inocencia y genera riesgos de corrupción dentro de los cuerpos de inteligencia, facilitando la fabricación de delitos o la manipulación de información para intereses políticos. Otros aspectos preocupantes son el desplazamiento del sistema de justicia penal por la “inteligencia”, definiciones ambiguas de lo que constituye amenaza a la seguridad, el debilitamiento del federalismo y la intimidación a la prensa y defensores de derechos humanos.
Igualmente, se da una amplia expansión del aparato de vigilancia sin protocolos de ciberseguridad, la opacidad en la compra de tecnología de espionaje, el crecimiento de la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y la incompatibilidad de esta reforma con tratados internacionales en materia de derechos humanos. Todo esto podría normalizar el autoritarismo, convirtiendo el espionaje estatal en una práctica cotidiana de control social. Las consecuencias serían la criminalización del disenso, la inhibición de la participación política y el debilitamiento de la democracia. Si bien es cierto que es necesario que el gobierno mexicano cuente con herramientas de inteligencia para combatir el crimen, estas deben ser proporcionales, transparentes y sujetas a controles. Por ello, la #LeyEspía no es una ley de seguridad, sino de intimidación, por lo que nos mantendremos vigilantes y firmes en defensa de un México libre y democrático.
Finalmente, hablemos de las consecuencias negativas que tendría la reciente reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada por el Congreso mexicano, desde la mirada de seguridad nacional y derechos humanos, con énfasis en su impacto para la ciudadanía en general y para las víctimas de delitos, especialmente en contextos como Michoacán, con alta violencia y criminalidad.
La reforma, de manera muy preocupante, amplía las facultades de autoridades para acceder a datos de comunicaciones, reduce controles judiciales o administrativos sobre intervenciones y abre puertas a usos discrecionales, como la vigilancia masiva y violaciones a la privacidad, que podrían focalizarse en estados como Michoacán, donde activistas de derechos humanos o periodistas podrían ser objeto de espionaje ilegal bajo pretextos de seguridad nacional, a la vez que las víctimas que buscan visibilizar sus casos corren riesgo de ser identificadas y hostigadas, porque en regiones con alto nivel de colusión entre autoridades y crimen organizado, la concentración de datos sensibles sin controles sólidos eleva el riesgo de filtraciones a redes criminales.
En suma, iniciamos esta semana con nuestros derechos y libertades contraídos, con severas amenazas hacia nuestras garantías individuales.
Se sabe que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Justamente por estas circunstancias es que en las democracias avanzadas se busca la existencia de contrapesos y oposición. Lo que resiste, apoya al sostenimiento de nuestra nación, por lo que es vital que la oposición sea al unísono activa y persistente, para evitar el derrumbamiento institucional y, con ello, el establecimiento de un régimen o dictadura. Desde el PRI no dejaremos de levantar la voz, de ser oposición contra el intento de fraguado de una dictadura, el cual estamos presenciando.
Facebook: https://www.facebook.com/MemoValenciaRy
El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local y presidente del PRI en Michoacán.
rmr
