Seguridad nacional: desafíos y fracasos
El brutal asesinato de dos colaboradores de Clara Brugada, quienes fueron ejecutados a plena luz del día en la capital del país, representa mucho más que un acto criminal aislado. Constituye una declaración de guerra directa contra el Estado mexicano y una demostración categórica del fracaso de la política de seguridad implementada por el régimen de la llamada Cuarta Transformación.
El desafío de la delincuencia organizada hacia Clara Brugada no puede interpretarse como un hecho fortuito. La actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sucesora directa de Claudia Sheinbaum Pardo, se ha convertido en el blanco de una agresión que trasciende lo personal para convertirse en un mensaje inequívoco dirigido a la presidencia de la República. No es casualidad que estos asesinatos se perpetraran precisamente durante el horario de las conferencias matutinas presidenciales, en un acto de provocación calculada que evidencia el desprecio absoluto que los grupos criminales sienten hacia las autoridades constituidas.
Esta situación coloca en evidencia la transformación de los funcionarios de seguridad en meros espectadores de la violencia. Reducidos a un papel de voceros e informantes de las actividades delincuenciales, estos servidores públicos han perdido su función primordial de garantizar el orden y la seguridad ciudadana. El trilema al que se enfrentan —adoptar posturas pasivas, reactivas o proactivas— se resuelve sistemáticamente en favor de las dos primeras opciones, alimentando así un círculo vicioso de impunidad y degradación institucional.
En este contexto de evidente fracaso, resulta revelador el contraste entre la retórica gubernamental y la realidad que viven los mexicanos. Mientras que Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, asume una postura decidida al autorizar el uso legítimo de la fuerza contra criminales armados en flagrancia, la respuesta de la presidenta Sheinbaum desde su conferencia matutina se limita a invocar un sistema de justicia que, paradójicamente, ella misma reconoce como disfuncional.
La insistencia en mantener la política de "abrazos y no balazos", heredada del sexenio anterior, choca frontalmente con una realidad donde el sistema de justicia ha demostrado su absoluta inoperancia. Esta inconsistencia ideológica se vuelve aún más evidente cuando consideramos que el régimen actual ha decidido emprender una reforma judicial que, lejos de fortalecer la impartición de justicia, amenaza con infligir lesiones institucionales irreversibles al Poder Judicial a partir del próximo 1° de junio.
Una de las prácticas más perversas del actual gobierno consiste en la manipulación sistemática de las cifras de seguridad. Los fallecidos en enfrentamientos con las fuerzas policiales han comenzado a desaparecer misteriosamente del listado oficial de homicidios dolosos que recaba el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. El caso del enfrentamiento en Huizontla, Michoacán, donde las autoridades acabaron con la vida de 12 presuntos delincuentes, ilustra perfectamente esta práctica de maquillaje estadístico que busca ocultar la magnitud real de la crisis de seguridad.
Esta manipulación de datos no solo constituye una falta de transparencia hacia la ciudadanía, sino que también impide el diseño de políticas públicas efectivas basadas en diagnósticos reales. El gobierno prefiere construir una narrativa artificial de éxito antes que enfrentar la cruda realidad de un país donde la impunidad se ha convertido en la norma y no en la excepción.
La disfuncionalidad del sistema de justicia mexicano se extiende más allá de la investigación y persecución del delito para abarcar también el sistema penitenciario. Los criminales que logran ser capturados y procesados encuentran en las cárceles mexicanas verdaderas universidades del crimen, donde no solo perfeccionan sus habilidades delictivas, sino que establecen redes de contactos que potencian exponencialmente su capacidad de daño una vez que recuperan la libertad.
Este fenómeno transforma a cada liberado en un delincuente más sofisticado, con mayor ambición de dinero y poder, alimentado por una sed de venganza y equipado con una extensa red de conexiones criminales. El sistema penitenciario, que debería funcionar como un mecanismo de rehabilitación y reinserción social, opera en los hechos como una incubadora de criminalidad que devuelve a las calles individuos más peligrosos de los que ingresaron.
La situación en Michoacán ilustra de manera paradigmática el fracaso de las políticas de seguridad nacional. El indignante asesinato del maestro mezcalero Sergio Rangel Vieyra no solo conmocionó a la opinión pública, sino que puso al descubierto los inmensos vacíos, lagunas e ineptitudes de las autoridades, así como la existencia de protocolos absurdos que privilegian la burocracia sobre la protección de la vida humana.
Las cifras son aterradoras: solo en mayo de este año se han registrado al menos 20 homicidios en Morelia. La comparación es esclarecedora: durante este mismo mes, trece estados mexicanos han registrado menos muertes por homicidio doloso que el municipio de Morelia. En Michoacán van 97 asesinatos en lo que va del mes, lo que coloca hoy a nuestra entidad en cuarto lugar nacional, habiendo quedado en primer lugar nacional los días 24 y 25, acumulándose 17 asesinatos entre sábado y domingo en nuestras tierras, mientras que a nivel nacional la cifra es de más de mil cuatrocientos.
Estos datos revelan algo más profundo que una crisis de seguridad pública: evidencian la erosión sistemática de la autoridad del Estado mexicano. Cuando los criminales pueden ejecutar funcionarios públicos en pleno día, cuando pueden desafiar abiertamente a las máximas autoridades del país, cuando operan con total impunidad y cuando el sistema de justicia es incapaz de procesarlos efectivamente, estamos ante un proceso de descomposición institucional que amenaza los cimientos mismos de la República.
La política de seguridad del actual régimen no solo ha fracasado en sus objetivos manifiestos, sino que ha contribuido activamente al fortalecimiento de los grupos criminales al enviarles el mensaje inequívoco de que el Estado mexicano ha renunciado al uso legítimo de la fuerza y ha optado por una estrategia de apaciguamiento que los criminales interpretan como debilidad.
La realidad supera cualquier ejercicio retórico: la política pública de seguridad de la Cuarta Transformación hace agua por todas partes. Encalla una y otra vez contra el puente de la realidad, evidenciando la distancia abismal que existe entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana de millones de mexicanos que viven bajo el terror de la delincuencia organizada.
El asesinato de los colaboradores de Clara Brugada no es un episodio aislado, sino el síntoma más visible de una crisis sistémica que el régimen actual se niega a reconocer y, por tanto, es incapaz de resolver. Mientras persista la negación de la realidad, mientras se privilegie la narrativa política sobre el diagnóstico objetivo, mientras se mantenga una estrategia que ha demostrado su fracaso rotundo, México seguirá hundiéndose en una espiral de violencia que amenaza con convertir al Estado en una entidad meramente testimonial.
La seguridad nacional no es un tema partidista, es una responsabilidad fundamental del Estado que trasciende colores políticos y proyectos ideológicos. El actual régimen debe abandonar su retórica vacía y enfrentar la realidad con políticas efectivas, o la historia lo juzgará como el gobierno que entregó México a la delincuencia organizada por mantener una ideología que privilegió los "abrazos" sobre la vida de los ciudadanos honestos.
Facebook: https://www.facebook.com/MemoValenciaRy
El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local y presidente del PRI en Michoacán
rmr
