Seguridad México–Estados Unidos: Más allá de una estrategia de ocupación
La semana pasada tuve la oportunidad de participar en un foro convocado por el Diálogo Interamericano (InterAmerican Dialogue), un espacio programado en un momento de gran timing para la región, justo en el marco de la visita del Secretario de Estado Marco Rubio a nuestro país para acordar los básicos de un entendimiento bilateral en materia de seguridad. La conversación giró en torno a la seguridad hemisférica y, en particular, a la relación entre México y Estados Unidos. El tema es ineludible: estamos frente a una coyuntura que exige encontrar un terreno común, aunque las prioridades nacionales no siempre coincidan.
Para México, el control de armas es el tema central; para Estados Unidos, lo son el tráfico de drogas, particularmente el fentanilo, y la migración fronteriza. Ambos países miran el mismo problema, pero desde ángulos distintos. Allí radica la dificultad y, al mismo tiempo, la oportunidad: identificar coincidencias en medio del choque de paradigmas entre la urgencia y la legitimidad, entre la eficacia inmediata y la reconstrucción de fondo.
El gran reto es la coordinación bilateral. Hoy, esta se ve atravesada por dos elementos: una marcada desconfianza y una profunda confusión competencial dentro del sistema de seguridad mexicano. El país cuenta con más de 1,800 policías municipales, 32 estatales y una Guardia Nacional, pero sin claridad plena de atribuciones. En la práctica, todos hacen lo mismo y pocos saben diferenciar funciones. Este desorden erosiona la eficacia y alimenta la desconfianza, tanto interna como hacia el exterior.
De ahí la necesidad de avanzar en tres frentes: atender las urgencias, revisar competencias y responsabilizar a cada ámbito de gobierno. Solo así podrá construirse confianza y legitimidad, los ingredientes básicos de cualquier política de seguridad sostenible.
El desafío, sin embargo, no se limita a la coyuntura. México requiere una visión de largo plazo que apueste a la reconstrucción del sistema de seguridad y justicia, al saneamiento institucional y a la generación de capacidades locales. Los municipios, históricamente relegados, deben convertirse en actores centrales de esta estrategia. Sin gobiernos locales fuertes y profesionalizados, toda política de seguridad seguirá siendo frágil. Hay se concentra el 90% del problema.
Además, la seguridad no puede desvincularse de la cultura política del país. En un terreno tan politizado como este, la alineación política es indispensable. Una cooperación ascendente —del nivel local hacia lo regional y nacional— ofrece mejores resultados que cualquier imposición vertical. Estados Unidos, con su tradición de cooperación sistemática, puede aportar, pero también necesita comprender la dimensión de la microcriminalidad y de la violencia cotidiana que hoy desangra comunidades mexicanas.
No se trata solo de trasiego de drogas: México ha pasado a ser también un país de alto consumo. La violencia, el crimen fragmentado y los delitos comunes tienen raíces en esta realidad, lo que obliga a incorporar un enfoque de salud pública dentro de la estrategia bilateral.
La oportunidad está servida. México y Estados Unidos pueden construir un esquema de cooperación que ataque simultáneamente tres ejes: armas, dinero y drogas, pero con un componente adicional: fortalecer lo local, donde en realidad se juega la gobernabilidad y el futuro de México.
La pregunta es si ambos países serán capaces de ver más allá de sus urgencias y encontrar un camino común que apueste no solo a la eficacia, sino a la legitimidad. Porque la seguridad, en el fondo, no es solo un tema de coordinación técnica: es una tarea de largo aliento que requiere reconstruir confianzas, instituciones y capacidades, desde lo local hasta lo regional. Solo así la cooperación bilateral dejará de ser coyuntural para volverse sistémica, realmente eficaz y duradera, lo demás es emular una mera estrategia de ocupación.
mrh
