La paz y la seguridad pública en el mundo son derechos humanos de carácter universal que obliga a todas las naciones a atender sus causas para lograr la dignidad de las personas en todos los rincones del planeta.
La compraventa de armas de fuego es una de las principales causas de violencia en el mundo. La producción y venta armamentística es uno de los negocios más fructíferos en el vecino país norte, convirtiendo a la nación norteamericana en la principal potencia mundial en este rubro. La venta interna es relativamente accesible y legal permitiendo la compra de armas de fuego de diversos calibres a sus ciudadanos, facilitando que personas sin escrúpulos las trafiquen hacia México, y desde luego, a nuestro estado.
Al ser un mercado al alza, consolida a la nación norteamericana en este negocio, que, por el lado que se le observe, es la principal amenaza a la paz mundial. De igual forma, contribuye a la violación de los derechos humanos. Un arma siempre representa un riesgo para causar daño a la vida y a la integridad física. Algunas de las justificaciones que se han dado sobre la venta de armas recaen en la seguridad que pueden llegar a tener individuos y sus familias; sin embargo, hemos visto a lo largo de la historia que esto solo ha desembocado en mayor violencia.
El problema de inseguridad en México no puede limitarse a la situación anteriormente expuesta, ya que son diversos los factores y las causas que convergen en el país. Dentro de las más conocidas están: la falta de políticas públicas gubernamentales en el fortalecimiento educativo, la generación de fuentes de empleo, trabajos bien remunerados y, desde luego, un estado democrático que debió cerrar las brechas de desigualdad entre todos los sectores sociales, por no llamarle clases sociales, aumentando los niveles de pobreza extrema, incluso alimentaria, que llevará muchos años y esfuerzos por parte del gobierno y de la sociedad para desterrarla. Un esfuerzo que debe incluir una educación y gobernanza basada en valores fomentados en el seno familiar, en las aulas escolares y en cada sector y actividad social con la obligación del estado para incidir y ser el facilitador.
Una de las leyes inquebrantables de la economía es la de la oferta y la demanda y, de esta forma, mientras las potencias mundiales vean en las armas una forma de sostener su economía, las seguirán produciendo y vendiendo. Esto genera un círculo vicioso, pues a mayor violencia en un país, su demanda de armas seguirá creciendo. De ser el caso, este problema no podrá disminuir a menos de que el país productor no imponga un control real y eficaz sobre la fabricación y venta de dichas armas.
El gobierno de México sabe de esta circunstancia y, recientemente, presentó demanda civil por venta de armas. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha informado que presentó una demanda civil contra los vendedores de armas de fuego en Tucson, Arizona: “La demanda fue presentada en agosto de 2022 contra: 1. Diamondback Shooting Sports, Inc. (Tucson); 2. SNG Tactical, LLC (Tucson); 3. Loan Prairie, LLC a.k.a. The Hub Target Sports (Tucson); 4. Ammo A-Z, LLC (Phoenix); 5. Sprague's Sports, INC. (Yuma)”
La primera demanda presentada por México se realizó en Boston en el año de 2021 y fue dirigida en contra de empresas fabricantes y distribuidoras de armas de fuego en dicho país. Resulta pues trascendente, en el ámbito de la discusión bilateral, que ahora México cuestione por la vía legal la responsabilidad de su vecino, al permitir que las empresas fabricantes y distribuidoras faciliten el tráfico ilícito a México.
Situación que el propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aceptó al señalar que el 70 por ciento de las armas provienen de su país. Señaló, además, que sus leyes permiten una fácil compra y luego los delincuentes las traen nuestro país. Esto lo sostuvo públicamente en una reunión que mantuvo con nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedolla el día 26 del pasado mes de febrero, donde se puso sobre la mesa el problema de las 817 huertas ilegales detectadas por el sistema satelital de vigilancia Guardian Forestal que se dieron a conocer recientemente por el gobierno del estado.
Se debe destacar el reconocimiento hecho por ambas partes de la problemática, por un lado, el de las huertas ilegales de aguacate que afecta, sin duda alguna, la ya de por sí menguada calidad ambiental; y, por otro lado, el grave daño que provoca la producción y venta de armas de fuego y su consiguiente tráfico ilegal a México, causando dolor y muerte que incide en la violación del derecho humano a la paz y la seguridad pública.
mrh
