Primera elección que se anula por violencia política en razón de género

Primera elección que se anula por violencia política en razón de género

A 68 años del voto de la mujer en México, la deuda política continúa.

El 17 de octubre de 1953, el Estado mexicano reconoció el derecho de ejercer el voto y de ser votadas a las mujeres, a pesar de que por décadas la población en México ha sido mayoritariamente del género femenino.

68 años después de reconocerse el voto de la mujer en México, se declara por primera vez la nulidad de una elección municipal por violencia política en razón de género en el municipio de Iliatenco, en el estado de Guerrero, en la sentencia SUP-REC-1861/2021.

Esta elección concurrente del 2020-2021 será recordada por ser la primera ocasión que se determina anular una elección por esta causal; esto no quiere decir que la violencia política por razón de género no se hubiera presentado en otros procesos comiciales anteriores; lo novedoso en esta ocasión es que se acreditó y se estableció como criterio jurisdiccional por parte de los tribunales electorales la anulación de la elección por vulnerar a la candidata del partido Movimiento Ciudadano. Esto ocurrió porque se hizo una campaña en su contra con pintas en bardas y colocación de espectaculares donde se menoscabó su imagen y la capacidad del derecho político-electoral de la mujer en el ejercicio del cargo.

El Tribunal Regional de la Ciudad de México resolvió que sí hubo violencia política de género en contra de Ruperta Nicolás Hilario, quien ya era presidenta municipal de ese municipio en el período 2018-2021 y buscaba un período más con la elección consecutiva; sin embargo, la Sala Regional no declaró la nulidad.

Fue hasta que se presentó la impugnación en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde se hizo un estudio de fondo y donde se estableció que sí influyó esta campaña en contra de la candidata con pintas de leyendas que representaban frases “ofensivas, denigrantes y brutales” en contra de la víctima y, además, de las mujeres de manera general para denigrar su capacidad de gobernar.

El proyecto de la sentencia SUP-REC-1861/2021, aprobado por mayoría y presentado por la magistrada Mónica Areli Soto Fregoso, establece que los actos de violencia surgieron de la pinta de al menos 14 bardas y espectaculares en diferentes puntos estratégicos en los accesos de Iliatenco, por lo que se consideró que sí fue determinante esta acción en contra de la candidata de Movimiento Ciudadano, derivado de que la diferencia entre el primero y segundo lugar era de apenas 53 votos, lo que representaba el 0.97%, motivo por el que se declaró la nulidad, con lo cual se actualiza el criterio que establece que en los casos en que la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5% puede aplicar la anulación del proceso electoral.

En la sentencia se hace mención de las causales de nulidad de la elección contemplada en el artículo 20 Ter de la Ley General de Partidos Políticos, fracciones IX y X, que establece lo siguiente: “Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos”.

La siguiente fracción contempla lo siguiente: “Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género”; ambas fracciones fueron tomadas en cuenta con la acreditación de pruebas por la Sala Superior, lo que permitió declarar la nulidad por el uso de violencia política en razón de género.

Por lo anterior, el máximo tribunal en materia electoral emitió medidas cautelares para la víctima; por ejemplo, solicitó a la Fiscalía General del Estado de Guerrero que emita una orden de protección para Ruperta Nicolás Hilario, quien durante su periodo como presidenta municipal, así como en el proceso electoral reciente, denunció violencia en su contra, y a quien registraron como mujer indígena para cumplir con los lineamientos de acciones afirmativas del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

Un gran pendiente de esta resolución es la falta de reparación integral, que se establece en la reforma de violencia política de género de la Ley General de Partidos Políticos aprobada en 2020, donde se contempla, en el artículo 463 Ter, que “la autoridad resolutora deberá considerar ordenar las medidas de reparación integral que correspondan, considerando al menos las siguientes: indemnización de la víctima, una disculpa pública y medidas de no repetición”.

No fue posible establecer a qué persona le correspondían estas medidas de reparación, porque no se acreditó al autor o los autores de esta campaña de difamación y de denigración, no hubo persona alguna vinculada para ser obligado (a) a cumplir con la reparación del daño. Desafortunadamente esta situación se presenta y es cada vez más común en los mensajes vía redes sociales.

rmr

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