Presupuesto del INE
A lo largo de su existencia, el Instituto Nacional Electoral (INE), antes Instituto Federal Electoral (IFE), ha sido criticado por su presupuesto, convirtiéndose esta crítica en un lugar común para parecer políticamente correctos.
Sin embargo, son diversos los factores que explican esta percepción generalizada sobre la necesidad de reducir su presupuesto.
El primer factor tiene que ver con que, a diferencia del resto de las instituciones públicas del Estado mexicano, el anteproyecto de presupuesto que solicita el INE se discute públicamente en un órgano colegiado y a la luz de la opinión pública. Es decir, antes de que sea integrado al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, ya se debate en el Consejo General, lo cual no sucede con la mayoría de las instituciones del Estado.
El segundo factor se relaciona con que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ramo 22 del Instituto Nacional Electoral incluye no solo el gasto operativo del órgano, sino también el financiamiento público a los partidos políticos. Así, la animadversión hacia esta inversión en el sistema político mexicano termina contaminando la percepción sobre el gasto operativo del INE.
Un tercer factor deriva de disposiciones constitucionales, concretadas en leyes secundarias, que contemplan la eventual realización de ejercicios como consultas populares o procesos de revocación de mandato. Esto implica que cuando el INE solicita su presupuesto, aún no se tiene certeza de si esos ejercicios se llevarán a cabo. El problema radica en que los legisladores no previeron plazos adecuados para hacer las previsiones presupuestarias correspondientes. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha orientado al INE a solicitar un presupuesto precautorio. Sin embargo, esta necesidad tampoco parece haber sido comprendida por quienes aprueban el presupuesto. Una solución podría ser un artículo transitorio que indique que, si no se realiza el ejercicio, los recursos se reintegren a la Tesorería con un destino específico, como la educación.
El cuarto factor tiene que ver con que muchos de los gastos del INE están directamente relacionados con el crecimiento poblacional. Si aumenta la población, también lo hace el número de solicitantes de credencial para votar, lo que implica más casillas, más funcionariado electoral, más capacitadores, más documentación y más materiales. Todo ello conlleva un incremento natural del gasto.
El quinto factor es que el INE, como institución que ofrece un servicio público, basa gran parte de su presupuesto en recursos humanos; es decir, en sueldos y salarios. En consecuencia, cualquier aumento en el salario mínimo genera un ajuste proporcional en su presupuesto.
El sexto factor es que una institución encargada de hacer valer principios como la imparcialidad, legalidad, certeza, objetividad y máxima publicidad requiere una estructura profesional permanente, que no esté sujeta a cambios políticos derivados de las elecciones. Esto también implica un gasto constante.
Dado que el INE —al igual que otras instituciones del Estado— está sujeto a factores como el crecimiento poblacional, la inflación y los incrementos al salario mínimo, la mejor forma de dimensionar su presupuesto es observar su proporción con respecto al total del Presupuesto de Egresos de la Federación. Es decir, identificar qué “pedazo del pastel” representa su gasto dentro del presupuesto federal total.
En este sentido, para el ejercicio 2026, el presupuesto del INE representa solo el 0.14% del gasto federal total: el porcentaje más bajo en lo que va del siglo. La cifra más cercana fue la de 2023, también año previo a un proceso electoral, cuando alcanzó el 0.17%.
Muy por debajo se encuentra de otros años similares: 2020 (0.19%), 2017 (0.22%), 2014 (0.18%), 2011 (0.21%), 2008 (0.21%), 2005 (0.24%), 2002 (0.23%) o incluso 1999, con 0.20%.
El IFE-INE ha terminado asumiendo más atribuciones con menos presupuesto. Ya se encuentra en el límite de sus posibilidades.
mrh
