Posponer la revocación de mandato

Posponer la revocación de mandato

El INE tuvo una reducción presupuestal considerable de 4 mil 913 millones de pesos que realizó la Cámara de Diputados sin fundar y motivar en ninguna parte de su respectivo dictamen, pero que, contrario a algunos discursos emitidos, así lo aprobaron en el anexo 32 denominado Adecuaciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados, que contiene una columna denominada “Reducciones” del Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2021.

Por cierto, es la reducción más grande que la Cámara de Diputados realizó al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Poder Ejecutivo, desde donde se mandó íntegra la solicitud presupuestal del INE; lo menciono porque algunos analistas dicen que la Cámara de Diputados no le movió ni una coma a lo enviado por el Ejecutivo, lo cual es falso; la Cámara de Diputados sí realizó adecuaciones pero, insisto, no hay un solo párrafo que explique por qué realizó la reducción de esos montos. Aunque es del dominio público que al final el Presidente de la República respalda dicha reducción presupuestal.

El INE había solicitado 24 mil 649 millones 593 mil 972 pesos, de los cuales 5 mil 821 millones 851 mil 704 pesos son para el financiamiento público de los partidos políticos que, en cumplimiento estricto del principio de legalidad, no es posible tocarlos, debido a que su monto es determinado por una regla matemática establecida en la Constitución; modificarla sería tanto como violar la Constitución.

De manera que para el ejercicio fiscal 2022 el INE dispone de 13 mil 914 millones 742 mil 268 pesos, de los cuales 11 mil 225 millones de pesos se requieren para que el INE funcione en oficinas centrales, así como en las 332 oficinas desconcentradas denominadas Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, además de la operación de los mil módulos de atención ciudadana a lo largo y ancho del país. Son recursos para expedir la credencial para votar, para realizar la fiscalización de los recursos de los partidos políticos de manera ordinaria, para administrar los tiempos en radio y televisión, para dar trámite y sustanciación a las quejas que se presenten, además de mantener en funcionamiento la profesionalización del servicio electoral, llevar a cabo los trabajos de distritación federal y local, entre ellos, las consultas a los pueblos originarios y atender las cientos de solicitudes de transparencia, entre otros múltiples conceptos.

Adicionalmente se tienen mil 858 millones de pesos que, en su mayoría, son para la organización de los procesos electorales locales que se llevarán a cabo en 2022. No olvidemos que desde 2014 el INE debe ubicar, integrar y capacitar con el objeto de que funcionen las casillas para la captación de las votaciones locales, además de actualizar y proporcionar el listado nominal de electores.

Asimismo, el INE había previsto recursos para una eventual consulta popular por mil 913 millones de pesos y la revocación de mandato por 3 mil 830 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2022. Al vencerse el plazo para solicitar una consulta popular el pasado 30 de noviembre, ya no hay esa presión, pero sí sobre la revocación de mandato. Pero al INE sólo le quedaron 830.5 millones de pesos de lo que le aprobó la Cámara, lo cual es todo un misterio de cómo llegaron a esa cantidad en la Cámara de Diputados.

El INE, en un esfuerzo de cancelación de proyectos como los de infraestructura inmobiliaria, economías de contratos plurianuales, reducción de operación en campo en los procesos electorales locales y con una meta de ahorro, puede integrar un monto total de mil 550 millones de pesos, insuficiente para cubrir el requerimiento de los costos de la revocación de mandato.

Por ello, el pasado 17 de diciembre el INE acordó posponer de manera temporal la organización de la revocación de mandato, salvo la verificación de las firmas de apoyo ciudadano y la entrega del informe que contenga el resultado de la verificación de las firmas de apoyo hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la cuestión planteada en la controversia constitucional presentada por el INE, o cuando la autoridad competente le genere al INE las suficiencias presupuestarias originalmente solicitadas para llevar a cabo dicha revocación de mandato.

Es importante subrayar que el acuerdo también señala la instrucción al secretario ejecutivo del INE para que, a través de las direcciones ejecutivas, unidades técnicas, así como órganos delegacionales, para que a partir de enero de 2022, y mientras esté vigente la posposición temporal de las actividades relativas a la organización de la revocación de mandato, se generen todas las economías presupuestales adicionales a la meta de ahorro, sin afectar la operación ordinaria institucional, y que se destinen para financiar las actividades para la realización de ese ejercicio de democracia directa.

En otras palabras, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se demorasen considerablemente en pronunciarse sobre la suficiencia presupuestal del INE o sobre la forma como el INE debe llevar a cabo la revocación de mandato, por encima de la ley pero con los recursos disponibles, el INE llevará a cabo un esfuerzo de ahorro en todas sus unidades responsables, incluyendo la Junta Local y las 12 juntas distritales en Michoacán.

La posposición tiene como fundamento principios generales del Derecho que son parte del sistema de interpretación establecido en el artículo 14 constitucional, como es el “impossibilium nulla obligatio est”, que significa que “es nula la obligación de cosas imposibles”, atribuida a Celso; o bien, el clásico “impossibilia nemo tenertur”, que significa “nadie está obligado a lo imposible”.

En el centro del debate se encuentra, entonces, si la Cámara de Diputados, en el ejercicio de su facultad presupuestaria, ¿puede llegar a nulificar un derecho al no asignar un presupuesto? De manera que la Corte tiene ante sí una decisión de gran envergadura; como tribunal garantista deberá colocarse del lado de las garantías y, por lo tanto, pronunciarse en contra de una atribución ejercida por la Cámara de Diputados de manera excesiva, y peor aún, sin fundamentación ni motivación. Es la oportunidad de la Corte de ser un sereno contrapeso que limite los excesos del poder.

Se ha dicho que las actividades de integración de casillas pueden continuarse, cuando la propia Ley Federal de Revocación de Mandato ordena que debe proyectar una cantidad similar de casillas a las que fueron aprobadas para la jornada del proceso electoral anterior, con la actualización que corresponda al listado nominal, lo que implica instalar 161,490 casillas, con tres funcionarios cada una, lo que implica 807,450 ciudadanas y ciudadanos, que se obtienen visitando a 12.1 millones de ciudadanas y ciudadanos; por lo que es indispensable contratar a 5,429 supervisores electorales y 32,420 capacitadores asistentes electorales, lo que a su vez implica conformar 32 consejos locales y 332 consejos distritales para que realicen y supervisen toda la operación. Tan sólo se requieren mil 812 millones 689 mil 780 pesos para ello.

Ni siquiera con el recursos aprobado por la Cámara de Diputados ni los proyectos cancelados y los ahorros obtenidos alcanza para una operación de esa magnitud. Haber contratado a todo ese personal y luego decirle que no le alcanza al INE para pagarles hubiera sido un camino de alta irresponsabilidad por parte del INE.

Y eso que aún faltan otros conceptos, como todo lo que implica la logística de funcionamiento de las casillas con papeletas, urnas, formatos, documentación, útiles de escritorio y demás elementos necesarios, que implican mil 212 millones 993 mil 095 pesos.

Se ha dicho en la discusión que se cancele el conteo rápido como una de las propuestas para que alcance el recurso, lo cual es ínfimo, sólo se ahorrarían 675 mil pesos, ni siquiera es un millón de pesos.

Se ha dicho que eliminando la producción de la documentación, como actas, carteles, sobres, constancias; ello implica sólo 14 millones 755 mil 416 pesos, lo cual es apenas el 0.38% de lo que se necesita.

Se ha dicho que se reduzcan los salarios de los integrantes del Consejo General; si esto fuese así, ni siquiera, aunque no ganaran ni un centavo durante todo 2022, alcanzaría para el 1% de lo que se requiere; además de que disminuirle su remuneración a cualquier empleado público atenta contra el derecho humano al trabajo, de manera que cualquier tribunal le concedería el amparo correspondiente.

Se ha dicho que usando urnas electrónicas, de las cuales se disponen mil de las 160 mil que la ley requiere que se instalen, que igualmente no es ni el 1%.

Se ha dicho que implementando votación electrónica por Internet, cuando la Ley Federal de Revocación de Mandato no lo posibilita, lo cual sería tanto como pasar por encima de le ley.

Se ha dicho que instrumentando centros de votación, cuando ello ya se intentó en la pasada consulta popular del 1 de agosto de 2021, lo que resultó en reclamos legítimos de una ciudadanía acostumbrada a tener su casilla cercana a su domicilio; sin considerar que una revocación de mandato debe tener condiciones similares a la forma como se eligió al Presidente de la República.

Pero lo que sí es un argumento completamente fuera de lugar es que la jornada de revocación de mandato se realice con 10 mil casillas, es decir, 16 veces menos que las necesarias; el pronunciamiento de esta propuesta es una franca violación a la ley, minimizando a la ciudadanía.

También se ha dicho que el pueblo organice la jornada de revocación de mandato, cuando es el mismo pueblo quien integra las casillas y cuenta los votos; a menos que quienes participen tengan una parcialidad que deslegitime la constitucionalidad del ejercicio.

Ciertamente, como también se ha dicho, lo que está de fondo es el sistema electoral que se ha construido en las últimas tres décadas; ese sistema que ha permitido la alternancia y la existencia del sufragio efectivo que ha reflejado el pluralismo en el mapa electoral del país. Ese sistema que se fue conformando con los reclamos de quienes se sentían derrotados a la mala, y que fueron puliendo una institución que en las últimas encuestas brilla por el apoyo de la ciudadanía. Ahora toca que hablen los jueces.

rmr

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