Política, ética y derecho. Los planes electorales

Política, ética y derecho. Los planes electorales

La reforma constitucional (Plan “A”) y las modificaciones legales (Plan “B”) en materia política-electoral, impulsadas por el Presidente de la República, la primera rechazada y las segundas aprobadas recientemente, revelan la íntima como necesaria conexión entre la política, la ética y el derecho.

De una forma más coloquial, esos episodios de nuestra vida nacional, como ocurre en cualquier otro país, lo que muestran es que “el poder”, “los bienes y valores” y “las normas” se encuentran vinculados, en un estado que es o pretende ser, al menos en esquema, democrático.

Quien ejerce “el poder” no por poder ejercerlo puede hacer lo que quiera (a menos, claro, que se trate de un poder ilícito); quien tiene ciertos “bienes y valores” no por estar convencido de ellos, puede imponerlos sin más a todo mundo (A menos que sea totalitario); y “las normas” no por ser imperativas u obligatorias pueden regular “al poder” o reconocer “bienes y valores” caprichosamente (A no ser que sean injustas).

Así, “el poder” debe comprender “bienes y valores” de reconocimiento social y debe estar “normado” para tener razonabilidad: “el poder” para ser tal debe ser ético y estar sujeto a la razonabilidad de “las normas”.

Ello me parece que es la clave de la deliberación de las reformas constitucionales y legales en materia política-electoral, esto es, en el fondo lo que se discutió es el tema del reconocimiento de ciertos bienes y valores para ser incardinados en las normas con la pretensión de que el poder sea más razonable en el terreno de la política y las elecciones.

El Presidente de la República propuso reformas para reconocer valores como el de la austeridad (Disminuir el costo del INE, OPLES y tribunales electorales), la racionalidad (Moderar las asignaciones presupuestales a los partidos), la modernidad (Impulsar el empleo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación para el voto) pluralidad (Tasar acciones afirmativas) y la legitimidad (Proponer que los consejeros y magistrados electorales fueran electos mediante voto universal, libre y secreto) en el sistema político electoral mexicano con un sentido de cambio; mientras que la oposición, abonó por un valor “peculiar” de eficiencia estabilizadora al estimar que el costo del sistema electoral debe evaluarse en función de sus resultados que estima son superiores justo a sus costos; así también se afincó en un valor de legitimidad derivada (elección de consejeros y magistrados por los órganos legislativos) y fue coincidente con el valor de modernidad (empleo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación para lograr la expresión del voto de los mexicanos residentes en el extranjero) y de pluralidad, pero con una regulación diversa.

Una lectura no apasionada del camino de las reformas constitucionales como legales en materia política electoral, lo que muestran es que, al menos en esta democracia representativa mexicana, los actores políticos no coincidieron en ciertos temas cruciales de fondo constitucional: austeridad, racionalidad, legitimidad y pluralidad (las reformas legales aprobadas no llegan al grado de las constitucionales propuestas); de ahí que solo alcanzara para la aprobación de las reformas legales.

Las modificaciones legales en materia política-electoral aprobadas en el Congreso de la Unión, son aquellas para las que alcanzaban los consensos posibles, no para más, al menos al día de hoy.

Pero, quizá lo más importante de todas las deliberaciones es el reconocimiento implícito que se atribuye al derecho (las normas) para dotar de una mínima razonabilidad al poder, su búsqueda, constitución, integración, ejercicio y control.

Esto es, lo que me parece importante es el convencimiento profundo de todos los actores políticos de que las normas constitucionales como legales que regulan al poder son de primer orden, y de ahí la lucha porque se dieran o no las reformas, según la postura de los distintos actores políticos.

El valor de legitimidad, así como de razonabilidad que el derecho (las normas) atribuye al poder es esencial para la vida social del país, a efecto de que los actores políticos se sujeten en su actuar a las normas y que no actúen de manera libérrima. Los(as) mexicanos(as) de hecho, refrendamos este valor de sujetar el poder a la razón y los valores del derecho.

En tal sentido, lo que sí se debe festinar es que el valor razonable que se reconoce al derecho (con un acento ético) frente a la política está anclado en nuestra cultura nacional.

Claro que los políticos muchas veces “se mueven” al margen de las normas constitucionales como legales, pero lo cierto es que las normas constitucionales y las legales constituyen un piso mínimo aceptable de su actuar y se sigue creyendo en esto, lo cual es importante en una sociedad como la nuestra que aspira a ser más democrática.

Así, la conclusión es que debemos tener una sonrisa frente a los procesos deliberativos de las recientes reformas en materia política electoral, porque se refrendó el convencimiento de que la política está sometida a la razón del derecho, al menos en un sentido mínimo, y no que el poder autoritariamente sometió al derecho.

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