Pensemos en las ciudades del futuro
La urbanización es un proceso que ha transformado la vida de la sociedad, la producción y el comercio. En 1950, el 25% de los habitantes del mundo vivía en una ciudad, actualmente más de la mitad (56%) reside en una urbe y se espera que las zonas urbanas alberguen a 7 de cada 10 personas en las próximas tres décadas.
Las ciudades desempeñan un papel preponderante en el desarrollo económico, pues contribuyen con más del 80% del producto interno bruto (PIB) del orbe, de acuerdo con el Banco Mundial; sin embargo, el proceso de urbanización y el acelerado crecimiento de la población también plantean diversos desafíos para los gobiernos, que van desde brindar certeza jurídica en la tenencia de la tierra hasta el mejoramiento de la calidad de vida de los citadinos.
El reto no es menor, el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat) destaca que a medida que el mundo continúa urbanizándose, el desarrollo sostenible depende cada vez más de la gestión exitosa de los gobiernos. Desde esta perspectiva, el Banco Mundial plantea que se deben construir ciudades que “funcionen”, que sean verdes, resilientes e inclusivas, sin duda, un tema que requiere una estrecha coordinación de autoridades nacionales y locales para configurar el crecimiento de las urbes del siglo XXI y crear oportunidades para todas las personas.
En México, la urbanización también ha sido acelerada, sobre todo, a partir del proceso de industrialización. Entre 1900 y 2010, la población urbana del país se multiplicó 55 veces; actualmente, las ciudades generan el 90% del PIB nacional y son el hogar de 8 de cada 10 habitantes.
La expansión de la mancha urbana en los municipios ha dado lugar a la formación y crecimiento de zonas metropolitanas. El año pasado, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía delimitaron 92 metrópolis, que en conjunto suman 421 municipios donde habitan 82.5 millones de personas, lo que representa el 65.6% de la población nacional.
Si bien, la urbanización del país se ha constituido como un motor de empleo y crecimiento económico para miles de familias, su conformación se gestó de manera desordena, principalmente por la falta de políticas de ordenamiento territorial, el aumento de asentamientos humanos irregulares y la construcción masiva de vivienda en las periferias.
El modelo urbano que ha prevalecido en el país, como en varias urbes del mundo que carecen de planeación, es el denominado por especialistas 3D, es decir, ciudades distantes, dispersas y desconectadas, que resultan ser ineficientes y poco sustentables; además, se han convertido en demarcaciones que requieren grandes inversiones para satisfacer la creciente demanda de vivienda digna, servicios públicos básicos, movilidad y transporte, servicios educativos, atención médica y hasta seguridad pública.
Con la publicación de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), en noviembre de 2016, se ha tratado de dar respuesta a los problemas de coordinación, planeación y gestión gubernamental, al involucrar a los tres niveles de gobierno y a la sociedad civil. Sin embargo, el desarrollo urbano aún se enfrenta a la voluntad política de los gobiernos locales, pues la legislación no contempla penalizaciones o en el caso extremo la retención de recursos federales por el incumplimiento de las disposiciones legales.
Varias entidades federativas y municipios están lejos de aprovechar las oportunidades que brinda el desarrollo urbano-regional, sobre todo, ahora que la relocalización de empresas ha tocado sus puertas. De allí que ciudades como Monterrey, el Valle de México, Saltillo o Querétaro sean más atractivas para el nearshoring.
El desarrollo urbano es un tema multifactorial, multidimensional y transversal, por ello debemos pensar en una reforma de gran calado a la Constitución Federal y a la legislación secundaria nacional, sobre todo, garantizar su armonización y aplicación en el ámbito local, sin poner en riesgo su autonomía, con el fin de asegurar la planeación, la coordinación y la gobernanza entre los tres niveles de gobierno, solo así podremos transitar de un modelo urbano distante, disperso y desconectado (3D), hacia el crecimiento de ciudades compactas, conectadas, limpias e inclusivas (3C+LI), que impulsen la productividad, la sostenibilidad y mejoren la calidad de vida de las personas.
rmr
