Hubo algo profundamente revelador en lo que ocurrió esta semana en el Colegio de Bachilleres de Michoacán plantel Contepec. En el marco de sus Jornadas Culturales, un grupo de jóvenes presentó una actuación que, con la fuerza propia del arte y de la juventud, convirtió en denuncia pública lo que el gobierno estatal preferiría mantener en silencio: la cadena de homicidios de presidentes municipales que ha ensangrentado a Michoacán durante la actual administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Michoacán: primer lugar en magnicidios y en censura
La respuesta del director general del COBAEM fue, en sí misma, una confesión. El primer día emitió un comunicado, invalidando el performance de los jóvenes e incluso, descalificándolos de la competencia, en torpe deslinde. Enseguida, circuló entre maestros y directivos del plantel una circular que les recordaba las disposiciones del Código Penal del Estado de Michoacán. Lean bien lo que acaban de leer: ante una denuncia artística de jóvenes estudiantes sobre la violencia que consume a sus comunidades, la autoridad educativa respondió con una amenaza mal velada hacia los docentes. En lugar de escuchar, intimidaron. En lugar de acompañar, amedrentaron.
Cuando un gobierno recurre al Código Penal como respuesta al arte juvenil, lo que revela es su propia incapacidad para enfrentar la verdad que ese arte enuncia. La circular dirigida a los maestros es la evidencia más clara de que las autoridades estatales entienden la denuncia, la reconocen y, precisamente por eso, intentan apagarla.
Por si fuera poco, el gobernador, asediado ante los medios, aseveró que caerá sobre el maestro y la directora del plantel un “cese fulminante” por ser “anticultura” (sic) y hacer “apología de la violencia”. En el laberinto del autoritarismo resulta más viable atropellar derechos laborales que brindar atención socioemocional a las víctimas de estrés postraumático por la exposición a homicidios.
Pero la realidad que esos jóvenes pusieron sobre el escenario es inocultable. Durante la presente administración estatal, siete presidentes municipales de Michoacán han sido asesinados. Y ese número coloca a Michoacán en el primer lugar nacional en magnicidios de autoridades locales en este periodo de gobierno. Primer lugar en una estadística que debería avergonzar profundamente a quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad pública en la entidad.
Los nombres y las fechas importan, porque cada uno representa una comunidad abandonada, una familia destrozada y una institución municipal herida de muerte. Enrique Velázquez Orozco, presidente municipal priísta de Contepec, el mismo municipio donde los jóvenes alzaron la voz, fue asesinado el 7 de febrero de 2022. César Arturo Valencia Caballero, de Aguililla, cayó el 10 de marzo de ese mismo año. Guillermo Torres Rojas, de Churumuco, fue asesinado el 30 de marzo de 2024. Yolanda Sánchez Figueroa, de Cotija, fue atacada por un comando armado el 13 de junio de 2024. Salvador Bastida García, de Tacámbaro, recibió disparos el 5 de junio de 2025. Marta Laura Mendoza Mendoza, de Tepalcatepec, fue asesinada el 17 de junio de 2025. Y el más reciente: Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, quien cayó el 1 de noviembre de 2025. El gobernador Ramírez Bedolla fue abucheado en la funeraria y tuvo que retirarse en menos de cinco minutos.
En suma, las siete muertes de presidentes municipales elegidos por la ciudadanía ocurrieron en los municipios, allá donde la violencia se vive de manera más cruda, cotidiana y letal. Eso es lo que las autoridades estatales deben comprender de una vez: la violencia en Michoacán tiene nombre de pueblo, de cabecera municipal, de palacio ejidal o de plaza pública. Ante la violencia, los alcaldes son, en muchos casos, los últimos y únicos escudos que quedan entre las comunidades y el crimen organizado.
Por eso resulta doblemente indignante que, en lugar de honrar la memoria de esos servidores públicos caídos y de asumir la responsabilidad política que su muerte impone, el gobierno del estado haya decidido perseguir a los maestros de un plantel donde los jóvenes se atrevieron a recordar lo que el poder quisiera olvidar. La circular del Código Penal dirigida a educadores es un acto de cobardía institucional y un intento de censura que la sociedad michoacana debe rechazar con firmeza. En caso de despedirlos, se perpetrará un abuso de autoridad que los llevará a tribunales.
Desde el Partido Revolucionario Institucional en Michoacán, afirmamos que los jóvenes de COBAEM Contepec ejercieron su derecho a la expresión con valentía y con conciencia cívica. Los maestros y directivos que acompañaron esa jornada cultural cumplieron con su vocación formadora. Y las autoridades que respondieron con intimidación en lugar de reflexión se colocaron, ellas solas, del lado equivocado de la historia.
El gobierno estatal tiene una deuda impostergable con los municipios de Michoacán. Esa deuda se llama seguridad, se llama justicia, se llama acompañamiento real a los presidentes municipales que hoy gobiernan en condiciones de extrema vulnerabilidad. Exigimos que el gobierno del gobernador Ramírez Bedolla retire de inmediato cualquier señalamiento o amenaza hacia los docentes y directivos del plantel Contepec. Exigimos que se dé una respuesta pública, clara y verificable sobre el estado actual de las investigaciones por el homicidio de cada uno de los siete alcaldes asesinados. Exigimos que la Secretaría de Educación en el Estado garantice que las jornadas culturales de los bachilleres y, por extensión, todas las escuelas michoacanas sean espacios seguros y libres de represalia institucional alguna.
La oposición priista en Michoacán se mantendrá firme en la defensa de las víctimas, de sus familias, de sus comunidades y, de todos aquellos que, como los jóvenes de Contepec, decidan alzar la voz frente a la impunidad. Porque hay una verdad que ninguna circular del Código Penal puede borrar: Michoacán merece un gobierno que proteja a su gente y desde el PRI seguiremos siendo la voz de quienes han sido silenciados por la violencia y la omisión.
¡México y Michoacán merecen una Revolución institucional y Social!
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*El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local con licencia y dirigente del PRI en Michoacán
SHA
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