Los siete puntos de la llamada “reforma democrática” (un breve análisis)

Los siete puntos de la llamada “reforma democrática” (un breve análisis)

En la conferencia de prensa del jueves 28 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su propuesta de iniciativa de reforma político-electoral, donde propone modificaciones radicales al sistema electoral mexicano. Impacta la configuración del Congreso federal, de los estados y ayuntamientos, el financiamiento de los partidos políticos, el modelo de comunicación política y la integración de los órganos electorales (el INE y el TEPJF), entre otras cosas.

En la presentación de la propuesta, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López dijo “… hemos terminado la propuesta de una iniciativa de reforma democrática, más que una reforma electoral…”; coincido plenamente, ya que la iniciativa propone modificar la representación política en número a nivel federal, estatal y municipal, así como la forma en que se asignan dichos espacios a nivel federal.

La propuesta de reforma implica un cambio profundo al sistema electoral mexicano, en algunos aspectos son temas que se deben debatir y ajustar, en otros son un retroceso las propuestas, algunas parecen ocurrencias y otras más son temas ya ampliamente discutidos.

Vayamos viendo los siete temas que propone modificar, para poder analizar si es un avance, un retroceso o algo novedoso.

I) El financiamiento de los partidos políticos, es un tema que se debe revisar y modificar, sin embargo propone eliminar financiamiento público en periodo ordinario y mantenerlo solo para las campañas, con la misma fórmula de distribución (30% igualitario, 70% equitativo).

Considero que si se debe revisar el financiamiento público a la baja, pero no eliminar, es un recurso que es más fácil de fiscalizar. En todo caso, debería eliminarse el financiamiento privado, prohibir aportaciones voluntarias y solo mantener las cuotas de la militancia, para poner un dique a la simulación del financiamiento privado. Finalmente, el reparto debería de ser 50% igualitario y 50 % equitativo, para que no sea tan desproporcionada su distribución.

II) El acceso de los partidos a radio y televisión con fines electorales, es otro tema que se debe revisar para disminuir la ¨spotización” del actual modelo de comunicación política. En la propuesta se atiende la reducción, pero se eliminan los tiempos de radio y TV para las autoridades electorales, algo que es necesario para la difusión de las tareas de credencialización, instalación de casillas, etc.

III. Unificación de las autoridades electorales administrativa y jurisdiccional, es decir, extinción de los organismos públicos locales y los tribunales electorales de las entidades federativas; es un tema que se plantea con la final de un ahorro porque se duplica el gasto entre el INE y los OPLES, entre el TEPJF y los Tribunales locales, algo que no es cierto. No hay duplicidad de funciones, por lo tanto, eliminar OPLES no generaría ahorro, porque las actividades y funciones locales pasarían al INE (Registro de candidaturas para elecciones municipales y de diputaciones locales; consultas ciudadanas o de comunidades indígenas; procedimientos sancionadores, entre otros.)

Eliminar los tribunales locales es eliminar una instancia de atención a los que solicitan justicia en la revisión de actos de autoridad electoral o municipal; esto, alejaría físicamente la posibilidad del acceso a la justicia, así como una instancia que pueda revisar los fallos; por el contrario, se provocaría saturación en la instancia federal con todos los asuntos locales (Elección de Jefes de Tenencia, Consultas ciudadanas y/o indígenas, etc.)

IV) La integración de las Consejerías del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y de las Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, deberá ser por voto directo de la ciudadanía; la justificación es para que lleguen personas honestas e imparciales, que se mantengan fuera de la lucha por el poder. En ningún país del mundo se eligen a los árbitros electorales, además que la elección no garantiza que se conviertan en personas honestas e imparciales. Tendríamos 60 propuestas para elegir, que por lo menos 40 de ellas vendrían del gobierno en turno (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo), por lo tanto, se pierde la autonomía de los árbitros electorales.

V) Reducción del número de legisladoras y legisladores, y, electos mediante sistema de listas por entidad federativa; esta es una propuesta novedosa, porque eliminas la elección de mayoría relativa y se pasa a elección de representación proporcional por entidad federativa para Diputaciones y Senadurías. De acuerdo para la integración del Senado, pero en las diputaciones merece un análisis más detallado, al ser algo novedoso.

VI) Implementación del voto electrónico, aunque la propuesta no establece que se realice en todas las elecciones y consultas ciudadanas, pero si propone avanzar en ese sentido. El INE lo viene realizando, pero la ley electoral actual lo frena. De acuerdo a un mayor uso de las tecnologías para la emisión del voto.

VII) Finalmente, plantea la reducción de integrantes de Congresos locales, ayuntamientos y alcaldías; este tema no es parte de la discusión política, la justificación de la propuesta es disminuir gasto, sin embargo, se reduce representación política y con ello se vería afectada la pluralidad en la integración de los órganos colegiados.

Es una reforma constitucional de gran calado, requiere el voto de las dos terceras partes de las cámaras, es decir, se necesitan de las fuerzas políticas de oposición para su aprobación. La duda es, realmente se propone para negociar la aprobación con modificaciones o solo la usaran como narrativa para seguir atacando a la oposición y desprestigiando el sistema electoral.

Profesor en Derecho, Ciencia Política y Comunicación (Actualmente Consejero Electoral del IEM)

juanadolfomontiel@iem.org.mx

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