Hace unos días, en Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se aprobó un dictamen que modifica el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el efecto de que los jueces de distrito y magistrados de circuito, al menos cada cinco años, sean adscritos a un circuito diverso a aquel en el cual residen.
La finalidad esencial de la reforma constitucional de cambio de adscripción de jueces de distrito y magistrados de circuito es que no creen vínculos que afecten su autonomía e independencia para juzgar, amén de no fomentar otros vicios perniciosos como el nepotismo que sigue tan campante en la justicia federal y local como antes, sólo por ejemplo.
La reacción -y la palabra reacción debería también entenderse en el sentido de “reaccionaria” como opuesta al progreso- ha venido, como era de esperarse, de la asociación de juzgadoras y juzgadores federales -JUFED- por sus siglas.
¿Qué han dicho? Que si la reforma cristaliza -falta que se apruebe en el pleno de la Cámara de Diputados, en el Senado y que lo apruebe la mayoría de las legislaturas locales- violaría el principio de división de poderes públicos, que viola normas internacionales, convencionales, criterios judiciales internacionales y la jurisprudencia nacional, porque afecta su inamovilidad, estabilidad, independencia e, incluso, el principio de igualdad/equidad de género.
A mi entender, y esto es una opinión estrictamente personal, la JUFED comete errores fundamentales porque la inamovilidad, la estabilidad y la independencia judiciales no son “cambio de adscripción” ni tienen una relación necesaria e interdependiente con el cambio de adscripción, pues seguirán siendo jueces y magistrados allá donde vayan, por lo que en ese sentido no son afectados.
Que tengan en mente que un cambio de adscripción afecta su independencia, incluso me parece preocupante, porque sería tanto como decir que existen poderes propios al interior del Poder Judicial de la Federación, o fuera de él, que les someterían y que ellos se dejarían someter.
¿Qué se viola la división de poderes? Tiene que decirse, primero, que la reforma no sería aprobada por un poder público, sino por el órgano reformador de la Constitución que implica diversos poderes federales y locales, y por otra parte, recordar que son muchas las reformas que han corrido al paso de los años en las que, incluso, con mucho mayor profundidad, se ha restructurado al Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, para crear el Consejo de la Judicatura Federal que ha sido la vía para introducir representantes de otros poderes en el corazón del Poder Judicial Federal, y con respecto a esto ¿Qué dicen? ¿Qué dijeron? Nada.
Otra queja es que se afecta su proyecto de vida y familiar, lo cual de verdad es una rabieta considerando los ingresos, beneficios, prestaciones que se les brindan a manos llenas a jueces y magistrados federales. Quizá deberían recordar a los millones de migrantes, a los fiscales, policías y demás en ese sentido y con relación a los cuales no hay una férrea defensa judicial, o que recuerden a los secretarios, actuarios e incluso oficiales del mismo Poder Judicial Federal que deambulan por todo el país y a los que tampoco defienden.
Con más perplejidad, cabe añadir que los jueces de distrito y magistrados de circuito son readscritos en muchas ocasiones y no ha habido pronunciamientos tan públicos como el que se refiere.
Y para mayor cuestionamiento, cabe considerar que lo que el dictamen aprobó es un principio que no se enunció de manera absoluta, esto es, diciendo que fuera aplicable en todo caso y sin excepciones, pues es claro que en la legislación secundaria podrían establecerse excepciones razonables a la readscripción.
Por qué entonces ese proceder de la JUFED, bueno, a mi entender, oscila entre dos polos, uno ignorancia y apresuramiento, y otro utilidad.
No me parece que los jueces federales sean para nada ignorantes, así que me parece que es más bien un tema de utilidad política y aspiracional, quizá con la intención de impulsar candidaturas para ocupar en el futuro cargos de ministro(a) y blandir como uno de sus “blasones de independencia” su actual “defensa valiente” de la independencia judicial a la vista de los políticos que en el futuro quieren les apoyen y a los que, a su vez, les resulte útil apoyarlos. Cadena de favores y utilidades.
RYE
