Los Hermanos Jiménez: Veto y Reconocimiento
En Michoacán, hemos sido testigos de una gran contradicción gubernamental: vetar sistemáticamente a Los Hermanos Jiménez, a pesar de haber sido recipiendarios años atrás de una significativa presea, justamente por sus méritos musicales acumulados en 51 años de trayectoria. Esto muestra una curva de aprendizaje del gobierno estatal, que va desde la persecución a la apología del delito hasta defender nuestra identidad cultural.
La reciente cacería contra Los Hermanos Jiménez durante 2025 siguió un patrón que habla por sí solo: El 21 de julio pasado, el gobierno estatal ordenó cancelar el concierto del 27 de julio en Taretan, bajo argumentos de apología del delito. El ayuntamiento no cuestionó la medida, simplemente acató. El 3 de septiembre pasado, bajo la misma tónica, el titular del ejecutivo estatal pidió cancelar el concierto de Los Hermanos Jiménez del 15 de septiembre en Apatzingán.
En ambos casos, el patrón fue idéntico: decisiones de último momento, ausencia de criterios jurídicos claros y, sobre todo, la negativa a establecer un diálogo previo con los artistas.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo Sexto protege la libertad de expresión y solo limita aquellas manifestaciones que constituyan "apología directa del delito" con intención evidente de incitar a la comisión de ilícitos. Los corridos de Los Hermanos Jiménez narran historias, retratan personajes y describen contextos sociales. Son crónica popular, no propaganda criminal. Sin embargo, en ausencia de criterios claros, cada autoridad municipal interpretó a conveniencia qué constituía "apología" y qué era "expresión cultural".
Esta ambigüedad normativa se volvió arma de censura selectiva. Mientras se prohibían corridos tradicionales, se permitían otros géneros con contenido controversial, incluso, pagados con recursos públicos. Hubo ejemplos graves, porque grupos como los Farmerz brindaron conciertos en varios municipios michoacanos, recordando que ellos se hicieron famosos por glorificar en sus líricas al cártel del vecino estado de Jalisco. No hubo piso parejo. La diferencia no estaba en el mensaje, sino en quién lo interpretaba y qué tan incómodo resultaba para el discurso oficial de "pacificación".
Los Hermanos Jiménez no son advenedizos en la escena cultural michoacana. Surgieron hace más de medio siglo como un proyecto familiar que rescató la tradición del corrido revolucionario y lo adaptó a las realidades contemporáneas del campo michoacano. Su propuesta musical ha evolucionado durante el paso de las décadas, incorporando elementos del son, el huapango y la música ranchera tradicional.
Entre sus logros destacan 26 producciones discográficas, varias de ellas reconocidas por la industria musical mexicana; más de 500 presentaciones en ferias patronales, festivales culturales y eventos comunitarios; la representación de Michoacán en festivales internacionales de cultura popular en Estados Unidos; el reconocimiento de la comunidad migrante michoacana en California, Texas e Illinois como "embajadores de la música tradicional", haber sido colaboraciones con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para documentar corridos históricos de la región y, el punto culminante de esta trayectoria llegó cuando el Congreso del Estado les otorgó la Presea “Melchor Ocampo” en 2016, reconociendo con ello su contribución a la preservación del folklore regional.
Hay que reconocer que las autoridades estatales rectificaron. Los conciertos del 15 de septiembre no solo se autorizaron, sino que contaron con el respaldo explícito del Gobierno del Estado. Esta rectificación no fue espontánea: fue resultado de una presión sostenida de colectivos culturales, académicos, periodistas y ciudadanos que defendimos el derecho a la cultura.
La ruta hacia esta rectificación incluyó el diálogo directo de Los Hermanos Jiménez con el Gobernador del Estado, pronunciamientos públicos de intelectuales y artistas michoacanos, cobertura mediática que evidenció las contradicciones del gobierno, presión de la comunidad migrante que amenazó con retirar su apoyo a eventos oficiales, intervención de legisladores locales, quienes cuestionamos la coherencia de las políticas culturales, acompañada de una discusión constante y significativa en redes sociales.
El cambio de postura gubernamental debe reconocerse, pero también debe analizarse: evidencia que las decisiones anteriores respondían más a presiones; lo cual se ilustra por el hecho de que el gobierno primero los premió, después los censuró y finalmente rectificó.
Esto también demuestra que la sociedad civil organizada puede revertir decisiones autoritarias cuando se moviliza en defensa de principios fundamentales. La rectificación gubernamental fue consecuencia de la presión ciudadana. Y esa es una lección valiosa para futuras batallas culturales.
En justa balanza, es importante reconocer también la capacidad de escucha y la sensibilidad que, en este caso demostró el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien ante las circunstancias manifiestas determinó revertir su decisión y dar paso a la conciliación y a la mediación.
El debate de fondo persiste: la cultura debe garantizarse como derecho humano y procurarse como un poderoso bálsamo de cohesión social. Así también, el folklore es repositorio de la memoria colectiva, vehículo de transmisión generacional de valores, tradiciones e historias que definen nuestra identidad como pueblo y, finalmente, las tradiciones michoacanas son patrimonio que nos distingue y nos conecta con nuestras raíces, más allá de intereses políticos.
Por extensión, este caso evidencia la necesidad de políticas públicas coherentes en educación, cultura y desarrollo social. Una sociedad próspera y pacífica no censura a quienes narran nuestras realidades: educa para que esas realidades se transformen desde la cultura, la conciencia crítica y el orgullo por nuestra identidad.
La defensa de Los Hermanos Jiménez fue, en el fondo, la defensa del derecho de los michoacanos a ser michoacanos. Y esa batalla, aunque ganada en este episodio, requiere vigilancia permanente.
¡Michoacán necesita una revolución institucional!
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* El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local y presidente del PRI en Michoacán
BCT
