Los extraditados: testimonios de un narcogobierno

Los datos duros no mienten. Aunque el régimen lo quiera maquillar como un logro propio, la extradición de 26 criminales a Estados Unidos exhibe mucho más que cooperación internacional: deja al descubierto la podredumbre de la justicia mexicana, la discrecionalidad con la que se aplica y el contubernio de las élites políticas con el crimen organizado.

De los 26 extraditados hay muy poca información en el Registro Nacional de Detenciones, como si hubieran querido borrar las huellas de los procesos y mantener en la penumbra detalles incómodos. La opacidad es un síntoma de un régimen que prefiere callar para no dejar rastro de sus omisiones. Paradójicamente, son las búsquedas en medios digitales y archivos judiciales en Estados Unidos las que permiten reconstruir mejor las piezas de este rompecabezas.

Encontramos cuatro casos especialmente turbios: delincuentes de alto perfil de quienes no hay un solo rastro documental en México sobre el momento y las circunstancias de su captura, pese a que contaban con órdenes de aprehensión giradas desde hace más de una década en Estados Unidos. ¿Qué significa? Que México fue cómplice pasivo: los dejaron operar hasta que las presiones diplomáticas obligaron a entregarlos.

Pero el resto, los otros 22 casos, sí tienen cronologías reveladoras:

• Dos fueron detenidos bajo gobiernos panistas.

• Cuatro, en administraciones priistas.

• Dieciséis, bajo gobiernos morenistas.

Aquí conviene abrir los ojos: de esos dieciséis, seis fueron capturados en el ocaso del sexenio de López Obrador, después de cuatro años de brazos caídos, donde no hubo ni una sola captura significativa para extradición. Esa inacción permitió la consolidación del narcoestado en varias regiones del país.

El contraste con la administración actual es brutal: en apenas diez meses, el gobierno de Claudia Sheinbaum ya acumula 16 capturas. Dicho de otro modo, en menos de un año, Sheinbaum ha entregado el 266 % de los criminales que López Obrador capturó en seis años completos de mandato. La narrativa oficialista querrá disfrazarlo de estrategia coordinada, pero los números hablan: lo que hoy se presume como eficiencia no es otra cosa que la confesión del fracaso monumental del lopezobradorismo en materia de seguridad.

Y si a las cifras le sumamos las sombras de corrupción, el panorama es peor. Está fresca en la memoria la red de complicidades del tabasqueño Hernán Requena, operador de Adán Augusto López, que extendió un modelo franquiciatario del crimen desde Tabasco hacia otros estados, garantizando cuotas, territorios y protección política. La Barredora escondía a los criminales bajo la alfombra, mientras hacía polvo la seguridad, la paz, la justicia y el estado de derecho.

Mientras tanto, en Michoacán —sí, ese Michoacán gobernado históricamente por perredistas, ahora disfrazados de morenistas— no ha habido una sola captura de alto nivel en años. ¿Los delincuentes siguen "a gusto"?

La única excepción, y no menor, es la extradición de Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, figura central del narcoterrorismo michoacano en la primera década del siglo.

Se trata del mismo personaje de quien se reveló que durante al menos diez años cobró como profesor y director con doble plaza en la nómina educativa de Michoacán, protegido por gobiernos perredistas que miraban para otro lado mientras él figuraba en la lista de los criminales más buscados de México. Fue un soberbio insulto al magisterio, al erario y a la ciudadanía. Sin embargo, todos los funcionarios involucrados en aquel entonces gozan de cabal vida pública y siguen cobrando del erario, incrustados como morenistas.

Esa década de impunidad de un delincuente que cobraba del erario como docente solamente exhibe la magnitud de la corrupción que se encarnó en una muy vergonzosa etapa de la historia michoacana. “La Tuta” hizo de El Aguaje, comunidad en el municipio de Aguililla, un búnker desde el cual operó todo un imperio, en donde, a la sombra de un aliado institucional, “El Virrey” Alfredo Castillo Cervantes, logró mutar del narcotráfico a la delincuencia organizada, cobrando piso, extorsionando y colocando funcionarios. El entonces comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán negaba vínculos con la delincuencia, pero al mismo tiempo empoderaba y reconocía como interlocutores a supuestos autodefensas que no eran otra cosa que emisarios de cárteles, quienes cometían delitos a diestra y siniestra.

A pesar de las denuncias de legisladores respecto a sus corruptelas y cesiones de armas, poder y recursos a los criminales esbozados como ciudadanía organizada, el padrino del Virrey, Miguel Ángel Osorio Chong, lo sostuvo. En febrero de 2015, “La Tuta” fue a prisión y hasta la fecha ambos políticos siguen en libertad.

Una postal muy reveladora de lo que se vivió en aquella etapa, breve pero negra, fue cuando mi padre y mi hermano René fueron privados de su libertad por criminales disfrazados de autodefensas como medida extorsiva cuando fui presidente municipal de Tepalcatepec. A pesar de ello, el Virrey comía con los secuestradores de mi familia; además de que negoció y entregó la presidencia municipal a sus cómplices, disfrazados de autodefensas.

Esta extradición demuestra que la justicia estadounidense sí registra la importancia capital de La Tuta como pieza clave para establecer los nexos y profundidades del narcogobierno mexicano en Michoacán. Y no dudemos que las investigaciones sigan su curso. Por ahora, tanto el prisionero como su delator están en los Estados Unidos, bajo diferentes condiciones: uno preso y el otro viviendo en Miami.

Veremos si la justicia estadounidense llega a capas más profundas de la historia de un gobierno delincuencial mexicano y llama a cuentas tanto a Alfredo Castillo como a Miguel Ángel Osorio Chong.

Dejemos que corra el tiempo. Mientras tanto, El Aguaje, de haber sido un lugar próspero y pacífico, hoy es un pueblo fantasma, con apenas 300 habitantes, abandonados a su suerte por la indiferencia y corrupción gubernamentales. Sus otrora autodefensas se convirtieron en sus propios verdugos.

En suma: el verdadero rostro de la extradición es que constituye la prueba viviente de años de complicidad, negligencia e impunidad. Es, en el fondo, una confesión de derrota del Estado mexicano y el destape de una caja de Pandora que amenaza con revelar nombres, complicidades y fortunas inimaginables.

Hoy que el oficialismo se cuelga medallas, vale la pena recordarlo: la impunidad del régimen morenista sí tiene límites, y se los marca Estados Unidos de América.

¡México merece seguridad y una revolución institucional!

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El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local y presidente del PRI en Michoacán.

rmr