La seguridad pública constituye una de las principales funciones y obligaciones del Estado, es considerado uno de los derechos humanos fundamentales, razón por la cual se contempla en la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente en el Artículo 21.
Analizando con mayor detenimiento la iniciativa presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para actuar de una manera más eficaz contra el delito de extorsión, resaltan algunos aspectos que se deben tomar en consideración:
Toda ley nueva debe responder a la necesidad social para resolver conflictos que dificultan la convivencia armónica, lo cual encuentra su justificación en el aumento de los hechos considerados como extorsión y su avance diversificado para causar daño, más que al patrimonio a la paz y tranquilidad de las personas.
Las formas de cometer dicho delito evolucionan y se utilizan incluso las nuevas tecnologías para ocultar la identidad de quien lo comete. Esto no es exclusivo del cobro de piso, la extorsión se da por amenazas telefónicas o cibernéticas con el uso de las redes sociales y otros medios.
Además, se explica por qué la iniciativa plantea combatirlo con las herramientas jurídicas idóneas, modificando las vigentes que, como están estructuradas, ahora le dificultan a la autoridad el intervenir en la investigación y persecución del delito, al no ser de los considerados perseguibles de oficio.
El temor a la denuncia por parte del ciudadano es elevado, y el dato oscuro de este hecho es sumamente delicado.
Ante tal situación, el Ministerio Público debe encontrar un apoyo jurídico, bajo el principio de legalidad, que le faculte y permita tanto a él como a las policías actuar de forma eficaz . Deben iniciar investigaciones de este hecho, la extorsión, en cuanto se tenga noticia, sin demora, tomando como base la posibilidad de la denuncia anónima o reservando la identidad del denunciante para fomentarla, al igual que la integridad de las personas cuando se atrevan a hacerlo.
La seguridad pública como derecho humano es un elemento esencial para vivir digna y pacíficamente, con la certeza de que el Estado realiza acciones claras para la protección de la vida, la libertad y, en general, de todas las prerrogativas fundamentales que le otorguen la firme confianza en el desarrollo de sus actividades cotidianas.
En muchos de los casos, el clamor de la ciudadanía es para que el Estado y sus autoridades actúen sin dilación y apliquen todo el rigor de la ley; sin embargo, a veces ese mismo rigor le prohíbe conducirse de una manera efectiva.
Existe una necesidad de que las autoridades encargadas de la investigación y persecución de los delitos cuenten con elementos jurídicos para operar como lo demanda la sociedad y esto lo prevé la Iniciativa contra el Delito de Extorsión recientemente presentada ante el Congreso del Estado.
Así bien, se aplicaría el principio de legalidad donde se enuncia: Mientras los particulares pueden hacer todo lo que ante la ley no les está explícitamente prohibido, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite y mandata.
Mientras no se modifique la ley en los términos propuestos, muy poco podrá hacer la autoridad en la materia. Se debe hacer énfasis en que los derechos humanos y su aplicación conllevan la obligación de todos los órganos del Estado de realizar lo que a cada uno le compete.
La sujeción al principio de legalidad demanda que se ajuste el derecho al servicio de las personas: sin arbitrariedades, para permitir que la función legislativa elabore normas conforme a la necesidad apremiante, que la Fiscalía General de Justicia sea dotada de las facultades necesarias, así como los demás entes involucrados en investigación y persecución de los delitos.
El Poder Judicial encontrará el andamiaje jurídico sustancial para aplicar la norma a la conducta que se combate y la ciudadanía la confianza en el estado de derecho.
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