La reducción del presupuesto del INE

La reducción del presupuesto del INE

El Instituto Nacional Electoral solicitó al Poder Ejecutivo, para ser integrado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, un total de $24,649,591,704.00, lo que representa, del gasto neto total del mismo proyecto referido, el 0.35%, o en otras palabras, el INE ha solicitado 35 centavos de cada 100 pesos del total del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que significa una cantidad muy fraccional que no corresponde a la visibilización que la opinión pública le magnifica.

Digamos que si borrásemos esta cantidad no se solucionaría ninguno de los grandes problemas nacionales o, a lo más, sólo se atenderían casos extremadamente fraccionales, lo que significaría sacrificar una inversión que ha contribuido a la estabilidad económica y a la gobernabilidad democrática.

Ahora bien, en una perspectiva histórica, la solicitud es menor a lo que se está ejerciendo este año en que se tuvieron elecciones concurrentes federales y locales, que es de un monto total de $26,819,801,594.00, lo que significa 0.43% del gasto neto total del Presupuesto de Egresos de la Federación, que está siendo aplicada en el año en que se dieron las elecciones más grandes de la historia, por el número de cargos en disputa y por el número de electorado involucrado, pero además implicó la realización de la primera consulta popular de carácter constitucional organizada por el INE.

Pero ese 0.43% no es el peso mayor que ha tenido la autoridad electoral en este siglo; tan sólo el ejercicio de 2018 significó 0.46%, que se entiende por haber sido una elección presidencial con una muy grande concurrencia de elecciones federales y locales. Pero aun así no ha sido la mayor; curiosamente, las mayores son las de los ejercicios 2000 y 2003, que significaron 0.71% y 0.73%, respectivamente, que además fueron elecciones aclamadas e identificadas como las de la época dorada del IFE encabezado por José Woldenberg que muchos añoran.

Pero las frías cifras, de la matemática, nos dicen cosas diferentes a lo que nos dicen algunos opinadores públicos, sin consistencia de datos duros, ya que la autoridad electoral se ha convertido en la institución más eficiente del Estado mexicano, que ha tenido que resistir, una y otra vez, embates de reducciones presupuestales de la Cámara de Diputados, de muy diversas conformaciones, a lo largo de este siglo, sobre todo porque ha incrementado sus atribuciones, mientras su presupuesto se reduce relativamente.

He utilizado la referencia al gasto neto total del Presupuesto de Egresos de la Federación porque los pesos de 2000 no tienen el mismo valor que los pesos de 2021, por ello tenemos que relativizar, ya que dicho gasto neto se incrementa año con año por una mayor recaudación que implica el crecimiento de la población y el efecto inflacionario.

Sin embargo, la Comisión de Presupuesto presenta un dictamen ante el Pleno de la Cámara de Diputados con una cifra para el INE de $19,736,593,972.00, que implica el 0.28% del gasto neto total del Presupuesto de Egresos de la Federación, es decir, una reducción de $4,912,997,768.00, sin que en el dictamen se defina alguna razón que permita comprender.

Inclusive, el dictamen es omiso de lo dicho por el consejero presidente del Consejo General del INE en su comparecencia del pasado 5 de noviembre ante el Pleno de la Cámara de Diputados. El dictamen no tiene una sola palabra sobre las posibilidades de organizar una revocación de mandato ($3,830,448,091.00) o de una consulta popular ($1,913,125,708.00) el año entrante.

Pero además hay que considerar que $5,821,851,704.00 que están dentro de lo solicitado en el Ramo 22 por el Instituto Nacional Electoral no se pueden tocar, porque representan el financiamiento a los partidos políticos, cuyo monto es definido por reglas constitucionales que ni el INE ni la Cámara de Diputados pueden modificar, puesto que sólo se puede ajustar con una reforma a la Constitución por parte del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados.

El presupuesto solicitado por el INE implica también $885,902,408.00 que se requieren para organizar procesos electorales locales en 2022, precisamente por las facultades en elecciones locales que tiene el INE; por lo que es falso que se argumente que por qué tanto dinero si en 2022 no hay elecciones; claro que las hay, y el INE tiene facultades en dichas elecciones establecidas por el Constituyente Permanente.

Pero además es importante referir que $3,863,060,141.00 van para que la ciudadanía pueda tener una credencial para votar debidamente actualizada.

Pero la discusión en la comparecencia de la semana pasada se centra en que el consejero presidente del Consejo General del INE se baje el sueldo, cuando este acto no es unilateral, sino sujeto a normas constitucionales y también legales que se toman por parte de un órgano colegiado como es el Consejo General del INE, que además puede ser revisado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El argumento central que se ha sostenido es que no se puede ganar más que el Presidente de la República, cuando el artículo 127 constitucional establece que, si se tiene un trabajo técnico calificado o especialización en su función, la remuneración no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Es decir, constitucionalmente hay servidores públicos que pueden ganar más que el presidente de la República.

Una institución que tiene un servicio profesional electoral nacional que es un servicio civil de carrera que requiere concursos para su ingreso, evaluaciones del desempeño, actualización permanente y otras características, tiene una estructura salarial que plenamente puede ser considerada como trabajo técnico calificado o especialización de la función.

Pero además lo dispuesto en el 127 constitucional lo regula la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que además exceptúa en el segundo transitorio a aquellos servidores públicos que ya se encontraban en funciones, en la lógica de que ninguna ley puede ser retroactiva en perjuicio de derechos.

Pero este último tema tendrá que ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que además ha suspendido ya los efectos de dicha legislación en el caso del INE.

En todo caso, una reducción salarial de los mandos superiores del INE no resolvería ningún problema presupuestal, puesto que estamos hablando de dimensiones nacionales en términos de proyectos como el de revocación de mandato; es algo que no se entiende cuando no se hacen cuentas correctas.

Por cierto, recientemente se dijo que el INE tiene disponibles 2,500 millones de pesos en fideicomisos, lo cual es absolutamente falso, ya que el INE tiene 3 fideicomisos que al 1 de noviembre tienen un saldo de 1,353.09 millones de pesos, de los cuales sólo 626.15 millones se encuentran disponibles, pero no pueden usarse para otros fines diferentes a los especificados en cada uno de ellos.

El primero se refiere a pasivo laboral, con el cual se pagan las liquidaciones que por ley laboral deben destinarse a quienes se retiran; el segundo es el de infraestructura inmobiliaria, que se utiliza para la mejora de las instalaciones en todo el país, y que ha servido para reducir el costo de las rentas que paga el INE por sus instalaciones en los 300 distritos del país y en las 32 entidades federativas.

Finalmente, el tercer fideicomiso es el de mejoramiento de módulos de atención ciudadana, que se integra con recursos de los convenios con instituciones financieras para verificación de datos; gracias a este fideicomiso el INE ha podido mejorar las instalaciones donde ofrece el servicio de actualización de la credencial para votar.

En suma, hay derechos y funciones constitucionales que requieren un presupuesto para poder concretarse; no basta aprobar una ley para que ésta se vuelva realidad; es necesario que los diputados actúen con responsabilidad al cumplir con su atribución de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. Quizá se olvidan, una y otra vez, de la Ley de Responsabilidad Hacendaria, que les obliga a considerar el presupuesto que se requiere cuando aprueban cada nueva legislación. Esperamos, legisladores, que estén a la altura de sus responsabilidades.

rmr

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