La oscura trayectoria política de Leonel
En el accidentado panorama político mexicano, pocos personajes despiertan tanto escepticismo, aversión y repulsión como Leonel Cota Montaño, cuya carrera ha estado marcada por giros ideológicos y señalamientos que cuestionan su integridad. Su trayectoria comenzó en las filas del PRI, partido que abandonó estratégicamente para forjar una alianza con el PRD, respaldado por financiamiento de origen cuestionable, que evidenció una ambición política desmedida y ausencia de convicciones partidistas genuinas.
El punto de inflexión en su historial público se remonta a 1995, durante el controvertido caso de Llanos de Baturi en Baja California Sur, episodio que sacudió a la nación cuando las autoridades decomisaron uno de los cargamentos de cocaína más voluminosos en la historia del narcotráfico mexicano. En ese momento crítico, muy casualmente, Cota había concluido recientemente su periodo como diputado federal y se perfilaba como aspirante a la presidencia municipal de La Paz, jurisdicción estratégicamente cercana a Todos Santos, donde se localiza Baturi. Con un respaldo financiero extraordinario y de procedencia nebulosa, conquistó las elecciones municipales de 1996.
Para 1999, sus ambiciones políticas se expandieron hacia la gubernatura estatal. Nuevamente, contó con apoyos significativos y controversiales tras su calculado cambio de afiliación política. La ruptura con el PRI, partido que lo formó políticamente, y su adhesión al PRD le permitieron alcanzar la gubernatura de Baja California Sur, consolidando así su metamorfosis ideológica en función de sus intereses personales.
Su gestión gubernamental quedó marcada por administración deficiente, prácticas nepotistas sistemáticas y dispendio de recursos públicos. Particularmente reveladora fue su actitud frente al expediente abierto del caso Baturi: sus omisiones evidentes y falta de voluntad para impulsar las investigaciones sugirieron no solo desinterés en esclarecer los hechos, sino posible complicidad en los mismos.
A lo largo de las siguientes dos décadas, Cota Montaño ha exhibido consistentemente un patrón de conducta caracterizado por nepotismo institucionalizado, manejo opaco de fondos públicos y presuntos vínculos con recursos provenientes del crimen organizado. Su conocida afición por las carreras equinas y apuestas de elevadas sumas ha sido tema recurrente de comentarios en los círculos políticos sudcalifornianos, exponiendo un estilo de vida difícilmente justificable con sus ingresos declarados.
Casi tres décadas después de aquellos primeros señalamientos, Cota continúa reproduciendo patrones similares en diversos cargos públicos donde frecuentemente se reportan irregularidades financieras y desvíos de recursos. Múltiples testigos bajo protección lo han identificado como intermediario y recaudador para organizaciones criminales, circunstancias que han motivado que agencias federales estadounidenses mantengan abiertas investigaciones en su contra, según revelan documentos filtrados conocidos como los Boricua Papers.
La trayectoria de Cota Montaño representa un ejemplo paradigmático de las complejas intersecciones entre política, poder y corrupción que continúan desafiando la consolidación democrática y el Estado de derecho en México. Nuestro país merece un cambio profundo, incluyendo un relevo en la clase política, cuyo ecosistema y régimen permiten, a la fecha, la supervivencia de agentes tóxicos como el descrito en esta entrega.
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El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local y presidente del PRI en Michoacán.
rmr
