En los últimos 50 años la población mundial se multiplicó poco más de tres veces, en tanto que la extracción de agua creció seis. Este desequilibrio ha propiciado un estrés hídrico sin precedentes, pues diversos estudios estiman que la mitad de los habitantes del planeta sufre una escasez grave de agua.
La creciente demanda de recursos hídricos por el incremento poblacional y el desarrollo económico, junto con los cambios en los patrones de suministro, principalmente a causa del cambio climático, plantean grandes desafíos para la población y los gobiernos. Si no se cambia la forma en que se gestiona el agua y se protegen los ecosistemas de agua dulce, pondremos en riesgo la salud de millones de personas; incluso, pérdidas humanas y económicas, en algunas regiones del mundo se prevé que el Producto Interno bruto (PIB) caiga hasta un 6%, según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).
México no escapa a esta alarmante situación, si bien las sequías se han agravado, sobre todo, en el centro y norte del país, lo cierto es que el crecimiento de asentamientos humanos sin planeación, la extracción ineficiente del agua subterránea, la perdida en las tuberías y la falta de inversión e infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, también han intensificado la escasez de este vital líquido en diversas regiones del país. Al 31 de enero de este año, 1,070 municipios del territorio nacional presentaban sequía severa, extrema o excepcional.
Es cierto, ha incrementado la conexión de viviendas a la red de agua potable, sin embargo, esto no significa que tengan agua durante todo el año. Si bien, entre 1990 y 2020 las viviendas con disponibilidad de agua entubada pasaron de 79.4% a 96.3%, un aumento de 17.1 puntos porcentuales, se estima que uno de cada tres hogares no tuvo servicio de agua potable todos los días, aun así, el gasto anual promedio por este servicio fue de 1,643.1 pesos ($136.93 mensuales), según la información recabada por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022.
La situación es compleja, sobre todo, porque cada año se intensifican las sequías y la demanda de agua sigue creciendo. Además, se espera que la relocalización de empresas, la expansión de empleos y el crecimiento habitacional genere una presión hídrica sin presentes en los próximos años. Vaya paradoja, el 77% de la población, el 84% de la actividad económica y el 82 % de las tierras de riego agrícola se encuentran en la zona central y norte, donde el agua es escasa. En contraste, el 72% de la disponibilidad de agua se encuentra en el sur.
De acuerdo con S&P Global Ratings, si no se toman medidas de adaptación, 20 entidades federativas estarán expuestas a un elevado estrés hídrico en los próximos 25 años.
A todo esto ¿quiénes son las autoridades responsables de la gestión del agua?, la Constitución reconoce el derecho humano al agua, las bases para que el Estado regule su aprovechamiento, la participación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad, pero la responsabilidad de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento corresponde a los municipios.
En efecto, los servicios de suministro de agua y el cobro de tarifas se realizan a nivel municipal, pero la administración sigue lineamientos estatales y federales, peor aún, muchas demarcaciones no cuentan con los recursos y la infraestructura para cumplir con este mandato constitucional.
La calificadora HR Ratings, al evaluar la calidad crediticia de los Organismos Operadores de Agua en México, señaló que la Ley de Aguas Nacionales no establece estándares nacionales para el funcionamiento o estructuración de organismos operadores de agua, por lo tanto, cada entidad federativa establece su reglamentación para la prestación del suministro de agua potable y alcantarillado; además, el esquema de administración al que se apegan queda a discreción de los municipios o de las entidades federativas. Por otra parte, expertos de la UNAM plantean que es necesario tener un diagnóstico más puntual: cuánta agua hay, de dónde viene y a dónde va, cómo y por qué se contamina.
La disponibilidad de agua es un tema de seguridad nacional. Hay facultades político-administrativas en los tres niveles de gobierno, sin embargo, la responsabilidad es compartida entre autoridades y sociedad. Por ello, es impostergable la actualización de nuestro marco legal y normativo, una política hídrica de largo plazo, modernizar la infraestructura, recuperación de marcos acuíferos, nuevas técnicas de recolección, asegurar la sostenibilidad financiera de los Organismos Operadores de Agua, pero la principal responsabilidad es de nosotros como ciudadanos para fomentar una cultura responsable de consumo.
rmr
