El 14 de mayo de 2026, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, llegó a Morelia con una misión que no era combatir el crimen, sino algo más sencillo y más grave: avalar cifras.
En una reunión encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, rodeado de mandos militares, marinos, guardias nacionales y presidentes municipales, el secretario resaltó los resultados de la coordinación institucional y respaldó la narrativa de que Michoacán transita hacia la pacificación. El gobernador, aprovechando el escenario, declaró que abril de 2026 había registrado 72 víctimas de homicidio doloso, la cifra más baja en el periodo de su administración. Harfuch asintió. El acto político estaba consumado.
Sobre el mes de abril de 2026 existen, en realidad, tres versiones distintas de la verdad. La primera es la que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentó en la mañanera del 12 de mayo: 57 homicidios dolosos en Michoacán durante ese mes. La segunda es la que el gobernador Ramírez Bedolla expuso ante Harfuch apenas dos días después: 72 víctimas. La tercera es la que la nota roja de los medios de comunicación michoacanos documentó caso por caso, día por día, municipio por municipio a lo largo de todo el mes: 91 homicidios dolosos. Tres cifras, tres versiones, una sola realidad: hay cadáveres que este gobierno hace desaparecer de las estadísticas con la misma eficacia con que no logra proteger a las personas que los producen. Que entre la cifra oficial más baja y el conteo de la nota roja exista una brecha de 34 muertos —equivalente a un 37 por ciento de subregistro— no es un error contable; es una política.
Llevo meses documentando esta práctica, en ruedas de prensa y con evidencia pública verificable, cómo los reportes diarios que la Fiscalía General del Estado envía a la Conferencia Nacional de Seguridad (CNS) difieren sistemáticamente de lo que la nota roja registra.
En enero de 2026 detectamos que al menos 20 homicidios dolosos habían sido omitidos de los reportes oficiales; de haber sido contabilizados, Michoacán habría ocupado el tercer lugar nacional en este delito, no el séptimo que las autoridades presumían. En julio de 2025, señalamos que en los primeros catorce días del mes faltaban ya 10 muertes violentas en el reporte a la CNS. El patrón se repite: semana a semana se acumulan omisiones; a fin de mes se realizan ajustes a la baja; el acumulado oficial termina siendo entre un 25 y un 30 por ciento menor. Y ninguna autoridad estatal, en todos estos meses, ha presentado una sola refutación sustentada con datos. Sólo descalificaciones.
Importa señalar que esta denuncia no es patrimonio de la oposición. México Evalúa, organismo técnico especializado en seguridad pública, publicó su Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal (ICEC) y ubicó a Michoacán entre los estados con la peor calidad en el reporte de homicidios dolosos, junto con Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Baja California y Veracruz.
Causa en Común documentó en febrero de 2026 reclasificaciones discrecionales y anomalías sistemáticas en las cifras nacionales de homicidios, advirtiendo que la narrativa de reducción sostenida descansa, en parte, en bases estadísticas poco confiables. Cuando instituciones independientes y académicamente rigurosas confirman lo que hemos denunciado en conferencia de prensa, la pregunta que debe formularse el ciudadano michoacano es por qué García Harfuch vino a Morelia a convalidar esas cifras en lugar de exigir una auditoría de los registros.
Ante las denuncias que he sostenido públicamente, el gobernador Ramírez Bedolla recurrió a un argumento que merece ser examinado con precisión. Distinguió entre homicidios dolosos y personas abatidas en enfrentamientos con fuerzas de seguridad, señalando que los segundos no se contabilizan en la categoría del delito. Es cierto que la ley establece esa distinción. Lo que el gobernador no explica es que en los casos que hemos documentado uno por uno, aparecidos en la nota roja con nombre, municipio, fecha y circunstancias, no estamos hablando de presuntos delincuentes abatidos en operativos, sino de civiles asesinados y que, pese a ello, no aparecen en los reportes diarios a la autoridad federal. La distinción jurídica no resuelve la evidencia empírica. Los cadáveres están. Los registros, no.
Hay que reconocer que García Harfuch es un funcionario que sabe de seguridad. Ha dirigido operativos complejos, conoce las estructuras del crimen organizado, entiende la diferencia entre inteligencia operativa y estadística criminal. Por eso resulta inadmisible que se haya sentado frente a Bedolla y no formulara una sola pregunta incómoda. ¿Por qué la cifra del gobernador es 26 por ciento mayor que la cifra de su propia Secretaría? ¿Por qué ambas difieren de manera tan pronunciada de los registros periodísticos verificables? ¿Qué metodología utiliza la Fiscalía de Michoacán para reportar a la CNS? En lugar de esas preguntas, Harfuch destacó resultados, anunció el envío de más elementos de inteligencia y se fotografió con el gobernador.
Ante lo que hemos documentado con rigor, persistencia y evidencia pública a lo largo de los últimos meses, me permito formular los siguientes llamados.
Primero, a los medios de comunicación de Michoacán: continúen publicando la nota roja con el rigor y la valentía que lo han hecho. Su trabajo es el único registro honesto de lo que ocurre en nuestro estado y, muchas veces, el único acto de justicia que reciben las víctimas de homicidio doloso en michoacán. El presidente estatal de MORENA los descalifica, los invalida y relativiza precisamente porque los teme.
Segundo, al Congreso del Estado: es urgente que la Comisión de Seguridad abra un proceso formal de auditoría a los reportes que la Fiscalía General del Estado envía diariamente a la Conferencia Nacional de Seguridad. No puede haber impunidad estadística.
Tercero, a las organizaciones de la sociedad civil y a los organismos de derechos humanos: sigan haciendo su trabajo. Documentar a las víctimas que el Estado desaparece de sus conteos es también una obligación de derechos humanos. Cada homicidio no registrado es una persona a la que el gobierno niega su condición de víctima.
Cuarto, a los ciudadanos michoacanos: no crean los titulares de la mañanera cuando dicen que Michoacán mejora. Comparen. Pregunten. Exijan. Los cadáveres están ahí. La nota roja no miente. El subregistro es una política de Estado, y Harfuch, con su silencio, acaba de validarla.
¡México y Michoacán merecen una revolución institucional y social!
Facebook: https://www.facebook.com/MemoValenciaRy
*El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local con licencia y dirigente del PRI en Michoacán
BCT
