Estadísticas y encrucijadas educativas en Michoacán
En pleno 2025, las autoridades educativas de Michoacán dieron a conocer algunas cifras al cierre del ciclo escolar 2024-2025. Como en anteriores ocasiones, lo hicieron de forma parcial, destacando supuestos avances que, al ser examinados con rigor, muestran inconsistencias y contradicciones profundas.
De manera particular, afirmaron que la escolaridad promedio de la población michoacana ha alcanzado los 9.0 años, y celebraron la supuesta consolidación de un “ciclo escolar completo”, cuando las propias condiciones del sistema educativo estatal desmienten tal aseveración.
En lugar de abrir un debate técnico y honesto sobre la educación, las autoridades optaron por una narrativa ideologizada, plagada de frases vacías como “justicia laboral” o “república de las niñas y los niños”, que chocan con una realidad marcada por el rezago, la deserción y la ausencia de condiciones mínimas para ejercer el derecho a aprender.
El ciclo escolar 2024-2025 fue todo, menos regular. Al menos 20 municipios enfrentaron graves incidencias, incluyendo la suspensión de clases, la falta de docentes, condiciones de inseguridad y un paro laboral de la CNTE que se extendió durante 15 días hábiles. Aun con estas fallas estructurales, la Secretaría de Educación dio por clausurado el ciclo en el umbral de los 180 días oficiales, instruyendo a los directivos para que cerraran los planteles “cuando lo consideraran oportuno”.
Este tipo de simulaciones administrativas oculta el incumplimiento sistemático del calendario escolar y deteriora la confianza pública. Los ciclos escolares deben ser completos no solo en número de días, sino en contenido efectivo, atención integral y calidad pedagógica. Cumplir el calendario en papel no es lo mismo que garantizar el aprendizaje real.
Escolaridad promedio: el espejismo de los 9.0 años
Uno de los datos más cuestionables del informe oficial es el supuesto incremento en la escolaridad promedio de los michoacanos. Se afirma que esta ha subido a 9.0 años. No hay evidencia que respalde tal cifra. La última medición confiable proviene del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, que establece 8.6 años como escolaridad promedio. Para actualizar este dato sería necesario realizar una encuesta de gran escala o un censo, lo cual no está en las atribuciones ni en la capacidad operativa de la Secretaría de Educación estatal.
Recordemos un precedente: hace 15 años, el gobierno estatal declaró la erradicación del analfabetismo en múltiples municipios. Sin embargo, el Censo del INEGI reveló posteriormente la existencia de más de 202 mil personas analfabetas, que habían sido falsamente reportadas como alfabetizadas. Hoy, el riesgo de repetir este tipo de engaños estadísticos está nuevamente sobre la mesa. La receta que se usó hace década y media para erradicar falsamente el analfabetismo podría estarse repitiendo para borrar de un plumazo el rezago educativo.
Reconversión profesional: una ruta de oportunidad
En este contexto, una medida con verdadero potencial es la federalización de la nómina educativa, que ya se encuentra en marcha, pero, lamentablemente, inconclusa a la fecha. Este proceso puede abrir la puerta para recategorizar a miles de docentes estatales con estudios de posgrado, que hoy están subutilizados en niveles educativos que no corresponden a su perfil académico.
Muchos de ellos han cursado maestrías, doctorados e incluso posdoctorados con recursos propios, pero se ven imposibilitados de ascender por estar sujetos a plazas estatales sin mecanismos de promoción. Se puede aprovechar para generarles una carrera magisterial promisoria y estabilidad laboral, así como puntualidad en el pago de sus salarios para toda su vida profesional.
Es importante subrayar que una política de reubicación técnica y profesional, que reconozca estos perfiles y los incorpore al nivel medio superior y superior, permitiría ampliar cobertura, elevar la calidad y hacer más eficiente el gasto público, pues no implicaría contratar nuevo personal, sino redirigir con criterio técnico los recursos humanos existentes.
Es importante aprovechar la información que brinda el diagnóstico realizado para mejorar las condiciones educativas de la entidad federativa y transformar con ello la realidad imperante. Por ejemplo, se pueden implementar las siguientes diez propuestas de política pública para ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia en la nómina educativa.
Rediseño de la planta docente por perfil y nivel educativo. Implementar un sistema de diagnóstico estatal del perfil académico y pedagógico de todos los docentes con plaza estatal y federal, para planificar su redistribución de acuerdo con los niveles educativos que requieren personal capacitado.
Mapa de reestructuración educativa por municipio. Construir un modelo territorial de proyección demográfica que permita identificar municipios y regiones con reducción de matrícula para reorganizar los recursos y focalizar la atención en zonas de crecimiento poblacional o alta marginación.
Fortalecimiento de las escuelas multigrado. Reconvertir planteles con baja matrícula en centros comunitarios educativos multigrado fortalecidos, con apoyos tecnológicos, docentes multiespecialistas y modelos flexibles que garanticen calidad sin duplicar estructuras administrativas.
Educación media superior y superior móvil. Desarrollar brigadas académicas itinerantes que impartan clases en regiones rurales o dispersas, en coordinación con subsistemas de bachillerato, tecnológicos y universidades públicas.
Expansión de modalidades híbridas y virtuales. Aumentar la oferta de educación media superior y superior en línea con tutores locales, especialmente en municipios sin universidades o centros de bachillerato, aprovechando plataformas digitales existentes.
Subsidios vinculados a permanencia y desempeño. Redirigir recursos a becas condicionadas a la permanencia escolar, asistencia regular y acreditación del ciclo, con particular énfasis en jóvenes en riesgo de abandono.
Creación de un padrón único de estudiantes excluidos. Diseñar un sistema estatal para identificar a niñas, niños y jóvenes que abandonaron el sistema, y generar estrategias personalizadas para su reincorporación mediante apoyos y tutorías comunitarias.
Promoción de la doble titulación técnica-universitaria. Establecer convenios entre bachilleratos tecnológicos y universidades para que los estudiantes obtengan formación técnica certificada antes de concluir sus estudios superiores, mejorando su empleabilidad y reduciendo el abandono escolar, particularmente potenciando el sistema dual.
Revalorización del tiempo escolar. Instituir la obligatoriedad del cumplimiento del calendario escolar con mecanismos de supervisión ciudadana y penalización a quienes suspendan clases sin justificación legal o pedagógica. Transparentar, grupo por grupo y escuela por escuela, día tras día de clases, toda incidencia educativa que genere suspensión de clases.
Reforma presupuestal para el gasto educativo por alumno. Transitar de un modelo de presupuesto por estructura (plantel, clave, plaza) a uno basado en cobertura efectiva y calidad por alumno atendido, para que la disminución de matrícula no implique recorte, sino redistribución inteligente.
Por supuesto, todo lo anteriormente mencionado requeriría de acompañamiento, monitoreo, vigilancia, transparencia, colaboración, participación ciudadana y un esquema integral de gobernanza, para asegurarse de que esta clase de medidas de política pública no sean ocasionales, sino que realmente se dé una reconversión desde la formación inicial docente, en donde gradualmente se modifiquen las carreras y los lugares disponibles para formar maestros de educación media superior y superior conforme a las necesidades proyectadas a mediano y largo plazo; así, hasta lograr tener un sistema educativo estatal flexible, adaptable y ágil para que responda a las modificaciones que la demografía, la oferta y la demanda, las vocaciones productivas, sociales y gubernamentales le impongan.
Contar con un organismo autónomo estatal que haga todo lo anterior y, además, evalúe el estado que guarda el sistema educativo estatal sería altamente disruptivo y contracíclico, superando así la reactividad y la improvisación que inducen al constante error en materia de política educativa en la entidad federativa.
Más allá de la cobertura: ¿hacia dónde vamos?
La educación inicial sigue siendo la gran deuda del sistema. A pesar de los discursos, no se ha universalizado su cobertura. En preescolar, los servicios siguen siendo escasos. En primaria, aunque la cobertura es casi total, hay serias deficiencias en equipamiento, conectividad y mantenimiento. En secundaria, el reto es completar las plantillas docentes. En media superior y superior, el desafío es titánico: duplicar y cuadruplicar la matrícula, respectivamente.
Si no se actúa con visión de largo plazo, perderemos una generación completa. La reducción en la matrícula escolar, lejos de ser motivo de celebración, debe asumirse como una señal de alerta y también como una ventana de oportunidad para transformar el sistema. Con menos estudiantes se puede invertir más inteligentemente, mejorar condiciones y reducir desigualdades, pero solo si se toman decisiones audaces, técnicas y no clientelares.
El sistema educativo michoacano ya no puede sostenerse con simulaciones. Se requiere una política de Estado que entienda que educar no es administrar el deterioro, sino transformar el porvenir. La educación es el único camino posible para que Michoacán supere décadas de estancamiento y violencia.
Las niñas, niños y jóvenes michoacanos tienen derecho a una educación digna, completa y transformadora. Ellos no pueden esperar a que llegue otro censo ni a que maduren las promesas. Necesitan un sistema educativo que los reconozca como prioridad y les proporcione todas las condiciones para construir la mejor versión de sí.
Michoacán se encuentra en una encrucijada. Persisten retos estructurales profundos, pero también hay oportunidades que pueden abrir un horizonte distinto si se actúa con responsabilidad. La educación no puede seguir siendo un campo de simulación política. Es hora de que los funcionarios públicos hagan gala de su capacidad técnica y se comprometan con una planeación estratégica, basada en evidencia, con visión prospectiva y sensibilidad social.
No podemos seguir confiando en que la “mano invisible” de la demografía resolverá los problemas que durante décadas han empobrecido el desarrollo educativo del estado. Tampoco podemos permitir que el discurso sin sustento suplante a la evaluación rigurosa.
Hoy más que nunca, se requiere un gobierno educador, que vea en cada niña, niño y joven el proyecto de un mejor Michoacán. Ellos no pueden esperar una década más. Requieren decisiones firmes, recursos suficientes y un sistema que no los expulse, sino que los acompañe a lo largo de su trayectoria. Porque si a ellos se les da la oportunidad, construirán no solo una mejor versión de sí mismos, sino un futuro digno para toda la entidad.
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Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C
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