La amenaza de veto a la exportación de aguacate michoacano fue expresada de forma clara y directa por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, porque no se cumple el T-MEC en materia ambiental y laboral. En otras palabras, vino a ponerle el cascabel al gato, dado que los príncipes del gremio exportador se han negado a cumplir ese acuerdo internacional signado por nuestro país.
Hace un año por medio de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam), acordaron ponerse a trabajar con el propósito de cumplir con los lineamientos que establece el T-MEC; sin embargo, a la fecha, los empresarios no han avanzado en la formalización laboral de los trabajadores de las huertas y los cortadores.
En forma paralela se han venido acumulando las quejas y las demandas contra los aguacateros michoacanos porque talan el bosque para establecer huertas ilegales de ese fruto, lo cual genera graves daños al medio ambiente.
Los agroempresarios tienen la obligación de regularizar, laboralmente y a la brevedad, a al menos 40 mil jornaleros y trabajadores de esa agroindustria, que tiene en producción 154 mil hectáreas en 46 municipios, que agrupa a 34 mil productores, cuenta con 81 empaques y producen un millón 825 mil toneladas del fruto al año, de las cuales se exportan 130 mil toneladas a Estados Unidos. Ese negocio tiene un valor de 3 mil millones de dólares anuales, pero aun así juegan al filo de la navaja evadiendo la ley, poniendo en riesgo la viabilidad para exportarlo.
Por casi años 25 años, los poderosos aguacateros, han ofrecido empleos sin seguridad social; ahora, con la formalización, se pretende que los jornaleros cuenten con IMSS, Infonavit, aguinaldo, vacaciones y tengan acceso a créditos
En la administración estatal se suman esfuerzos permanentes para mantener a Michoacán en la ruta del T-MEC; por lo mismo, se trabaja en forma horizontal en los renglones económico, laboral, legal y ambiental.
oag