Gobernar es, ante todo, priorizar. Esta verdad elemental, que cualquier estudiante de primer semestre de administración pública conoce de memoria, parece haberle resultado inaccesible al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
El 18 de abril de 2026, inauguró con bombos, fanfarrias y acarreo masivo de estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán el teleférico de Uruapan: una obra de 3,200 millones de pesos que nadie pidió, que la ciudadanía nunca votó ni discutió en consulta pública alguna, y que fue levantada a sangre y fuego, literalmente, sobre la oposición de vecinos, jueces federales y al menos un abogado que pagó con su vida el atrevimiento de defender derechos constitucionales.
La narrativa oficial es tan pulida como hueca. El gobernador la repite como letanía: obra histórica, justicia social, transporte de primer nivel y reducción del abandono escolar. Esta última afirmación merece un aplauso de pie por su audacia retórica: jamás se ha presentado un solo estudio que establezca la correlación causal entre un teleférico y la permanencia escolar de los jóvenes michoacanos. Pero en la política del espectáculo, los datos son un estorbo y las cifras se visten con el traje de la demagogia.
Pongamos las cifras sobre la mesa, con la frialdad que merecen. El libramiento nuevo de Uruapan, con 31 kilómetros de trazado que la ciudad reclama con urgencia real, tiene un costo proyectado de 4,949 millones de pesos. El teleférico costó 3,200 millones. Con ese dinero se habría cubierto el 64 por ciento de ese libramiento, la obra que miles de uruapenses, conductores, transportistas y ciudadanos comunes exigen cada día. En cambio, al libramiento actual, de 15 kilómetros, que acumula décadas de abandono, el gobierno le destinó solamente 11 millones de pesos para rehabilitarlo. Apenas el 0.3 por ciento de lo que costó el teleférico. Tres milésimas partes. Mientras las cabinas suizas de la empresa CWA Constructions surcaban por primera vez el cielo uruapense, el asfalto del libramiento seguía agrietándose bajo las llantas de quienes pagan impuestos.
El gobierno argumenta que los 10,000 millones de pesos anunciados para Uruapan contemplan tanto el teleférico como el nuevo libramiento, el paso vehicular de La Hielera y otras obras. ¿De qué sirve trazar prioridades si la de mayor urgencia cotidiana recibe migajas mientras la más suntuaria recibe miles de millones?
11 millones para el libramiento. 3,200 millones para el teleférico. La proporción lo dice todo: en Michoacán, el vuelo mediático vale 290 veces más que el asfalto necesario.
La inauguración requirió asistentes, pero no llegaron solos. Estudiantes del COBAEM fueron convocados a nutrir la imagen de un evento que el gobernador necesitaba fotografiar con multitudes. El acarreo estudiantil, vieja práctica clientelar que los gobiernos de la transformación prometieron erradicar, reapareció puntual como el sol. Y para completar el cuadro, en los días previos se distribuyeron tarjetas de prepago entre los jóvenes de planteles educativos: tarjetas que cuestan 19 pesos al público general, que se entregaron sin saldo. Un plástico vacío como metáfora de una política social vacía. El detalle no es menor: la tarjeta sin saldo es el resumen perfecto de un proyecto que promete movilidad y entrega fotografías.
La historia más grave de este teleférico no está en sus torres ni en sus cabinas. Está en los expedientes judiciales y en las carpetas de investigación criminal. Cuatro amparos con suspensiones definitivas concedidas por tribunales federales pesaban sobre la obra. Cuatro resoluciones del Poder Judicial de la Federación que el gobierno estatal decidió ignorar con el aparato policiaco al frente. El 20 de marzo de 2025, vecinos del fraccionamiento Bosques de Uruapan bloquearon accesos ante la presencia de la Guardia Civil. Dos días después, fuerzas del Estado ingresaron, talaron árboles y continuaron la obra desafiando la suspensión judicial.
El abogado Isidro Ramos Sandoval representaba a esos vecinos. Había logrado, mediante los amparos 6/2025 y 787/2024, detener la construcción de torres en zonas habitacionales. El 29 de marzo de 2025, Isidro Ramos fue asesinado. Sobre el gobernador Ramírez Bedolla pesa la denuncia penal 309/2025 vinculada a ese homicidio. Tras su muerte, uno de los quejosos se desistió por miedo; otro amparo fue sobreseído. El gobernador inauguró su obra, por encima de cuatro amparos vigentes y una denuncia penal abierta. La pregunta que la sociedad michoacana tiene el derecho de formular es categórica: ¿a quién beneficia la muerte del abogado que frenaba la obra, y quién se beneficia de que el alcalde Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de Velas, ya tampoco esté para dar versiones sobre los conflictos que envolvían este proyecto?
¿A quién benefició la muerte del abogado Isidro Ramos? ¿A quién beneficia que Carlos Manzo ya no pueda hablar? Las preguntas no acusan; exigen respuestas.
Uruapan tiene índices de violencia que la colocan entre las ciudades más peligrosas del país, calles destrozadas, un libramiento que lleva años sin mantenimiento digno, escuelas con carencias materiales documentadas y una demanda de seguridad pública que el propio alcalde asesinado expresó con desesperación días antes de morir. En ese contexto, el gobierno del estado decidió que la prioridad era un teleférico de 3,200 millones de pesos, contratado sin consulta ciudadana, construido en desacato de resoluciones judiciales federales y consolidado sobre la sangre de quienes se atrevieron a oponerse con medios legales. La tarjeta de prepago sin saldo que el gobierno regaló a los estudiantes vale, en términos simbólicos, lo mismo que este proyecto para la ciudadanía que sufre la violencia y el abandono cotidiano: un plástico brillante, sin contenido, que sirve exclusivamente para aplaudir en el acto inaugural y guardar silencio después. Eso no es gobernar. Eso es volar para evadir la realidad.
¡México y Michoacán merecen una revolución institucional y social!
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*El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local con licencia y dirigente del PRI en Michoacán
BCT
