El silencio: la coraza de los poderosos
El asesinato de Bernardo Bravo es una página más en el oscuro y sangriento capítulo de violencia sistemática contra quienes se atreven a levantar la voz en Michoacán. Y lo más grave es el ensordecedor silencio que acompaña a la sangre: el mutismo de las autoridades, de quienes tienen el poder para actuar y el de una sociedad a la que intentan inmovilizar mediante el terror.
Cuando un activista es asesinado, callan cientos o miles de voces que ese activista representaba. Se extingue la esperanza de comunidades enteras que encontraron en él o en ella un portavoz legítimo. Y en ese silencio forzado a punta de pistola solo hay un beneficiario claro: el poder, ese que no tolera la crítica, que prefiere gobernar sobre cementerios que sobre ciudadanos libres.
Hipólito Mora ya no incomoda al gobernador. Sus denuncias sobre la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales guardan silencio. Bernardo Bravo tampoco levantará más pancartas ni organizará más manifestaciones. Su capacidad de movilizar comunidades y su valentía para señalar públicamente a los responsables fue arrancada violentamente de nuestra realidad.
Homero Gómez, el guardián incansable de la mariposa monarca, tampoco volverá a denunciar la tala clandestina que destruye nuestros bosques. Su voz, que alertaba sobre los intereses económicos que devastan nuestros ecosistemas, que exigía protección real para las reservas naturales, fue silenciada brutalmente.
Sus voces han sido acalladas a la michoacana: con violencia brutal, con impunidad sistemática, con olvido institucional. Y detrás de cada asesinato hay un mensaje implícito, pero perfectamente legible: "Esto les pasa a quienes hablan, a quienes no agachan la cabeza".
¿Y qué hace el gobierno ante esta masacre silenciosa? Nada. O peor aún: simula actuar mientras los expedientes se archivan, las líneas de investigación se "agotan" misteriosamente y los responsables quedan en libertad.
Las cifras son aterradoras. En los últimos años, Michoacán ha visto el asesinato de decenas de activistas, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, periodistas críticos, ambientalistas. ¿Y cuántos de esos crímenes han sido resueltos? Prácticamente ninguno. La tasa de impunidad ronda el 95 %, una cifra que no puede explicarse únicamente por incompetencia.
Este patrón no puede ser coincidencia. Cuando la impunidad es tan constante, cuando las medidas de protección brillan por su ausencia, cuando no hay luto oficial ni investigaciones serias, uno no puede más que preguntarse: ¿es esto negligencia o complicidad? ¿Es incompetencia o estrategia?
Cada activista asesinado envía un mensaje claro a todos los demás: "Tú podrías ser el siguiente. ¿Vale la pena seguir denunciando?". Ese miedo paralizante es exactamente lo que un gobierno autoritario necesita para gobernar sin contrapesos, sin críticas, sin rendición de cuentas.
El silencio de los activistas —ese silencio forzado por las balas, por el miedo, por el abandono institucional— solo puede beneficiar a quienes detentan el poder. ¿Quién fiscaliza las obras públicas sobrevaloradas cuando los activistas que las denunciaban están muertos? ¿Quién exhibe los contratos irregulares? ¿Quién detiene la tala ilegal cuando los guardianes de los bosques han sido eliminados?
La respuesta es obvia: nadie. Y en ese vacío, el poder, gubernamental y fáctico, campea a sus anchas, sin límites reales, sin contrapesos efectivos, sin temor a las consecuencias. Esta normalización es funcional al poder. Cuando la sociedad deja de indignarse, las autoridades pueden continuar sin hacer nada, sin investigar realmente y sin proteger a los que siguen en riesgo. No podemos seguir siendo espectadores. Exijamos al gobierno del estado:
Medidas de protección reales para defensores de derechos humanos y ambientalistas.
Investigaciones exhaustivas e independientes de todos los asesinatos de activistas, incluyendo prioritariamente los casos de Hipólito Mora, Bernardo Bravo y Homero Gómez González.
Protocolo de luto oficial que reconozca la labor de quienes dieron su vida defendiendo causas justas.
Fiscalía especializada con autonomía real para investigar crímenes contra activistas y periodistas.
Rendición de cuentas pública sobre las fallas sistemáticas que han permitido esta ola de violencia.
Programa de reparación integral para las familias de los activistas asesinados.
Mecanismo de alerta temprana que identifique a activistas en riesgo inminente y active automáticamente protocolos de protección.
Michoacán está en una encrucijada histórica. Podemos elegir el camino del silencio y la resignación, o el de la exigencia permanente de justicia. Bernardo Bravo, Hipólito Mora, Homero Gómez González y todos los activistas asesinados merecen justicia real: investigación efectiva, identificación de responsables, juicios justos, sentencias ejemplares.
No permitamos que nos callen con el miedo. No permitamos que el poder se fortalezca con nuestra intimidación. No permitamos que la impunidad siga siendo la norma. Porque el día que todos callemos, ese día Michoacán habrá perdido no solo su voz, sino su alma, su dignidad, su posibilidad de futuro.
La impunidad mata, al igual que el silencio cómplice. ¡Ya basta! Exijamos justicia, protección, justicia y paz, particularmente que en Michoacán, defender derechos humanos deje de ser amenaza y sentencia de muerte.
La memoria de los caídos nos obliga. La dignidad de los que aún resisten nos convoca. El futuro de Michoacán nos demanda acabar con el silencio, esa coraza de impunidad.
¡Michoacán merece una revolución institucional!
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*El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local y presidente del PRI en Michoacán.
rmr
