El agua en Michoacán: entre el derecho, la escasez y la agroindustria
El derecho humano al agua se ha convertido en uno de los temas más sensibles para el estado de Michoacán. Las sequías recurrentes, la deforestación, el cambio de uso de suelo y la extracción ilegal de agua —conocida como huachicoleo— para riego de huertas de aguacate han encendido las alertas en la región. Frente a esta situación, el gobierno estatal ha emprendido acciones para asegurar el acceso equitativo y asequible a este recurso vital para la población.
Sin embargo, la problemática no se detiene ahí. Recientemente se ha detectado la construcción de “ollas de agua”, estructuras artificiales utilizadas para almacenar agua de lluvia o escurrimientos, muchas veces sin regulación alguna. Estas ollas, lejos de ser una solución sustentable, impiden el escurrimiento natural del agua al subsuelo, afectan los mantos freáticos y disminuyen el caudal de ríos y lagos, agravando la crisis hídrica.
La actividad agroindustrial —en especial la producción de aguacate, clave para la economía estatal— no debe estar reñida con la conservación del medio ambiente. La clave está en encontrar un equilibrio que permita el desarrollo económico sin poner en riesgo los ecosistemas ni el acceso al agua de las comunidades.
Este tema no es menor. El derecho al agua potable está reconocido a nivel internacional como un derecho humano fundamental y figura como uno de los pilares de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El Objetivo 6 plantea “garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. Sin este objetivo, los demás compromisos de la agenda difícilmente podrían cumplirse.
En México, la Constitución protege este derecho. El artículo 4º establece que todas las personas tienen derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Además, el Estado está obligado a garantizar su cumplimiento, en coordinación con la Federación, los estados, los municipios y la ciudadanía.
Ante este panorama, el uso de tecnología satelital se ha convertido en una herramienta clave. El gobierno de Michoacán ha comenzado a emplear el sistema de vigilancia Guardián Forestal para detectar la ubicación de ollas de agua no autorizadas. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla incluso ha señalado que se usará esta tecnología para identificar cuándo estas estructuras se llenan de forma sospechosa durante la temporada de sequía, lo que podría indicar extracción ilegal de cuerpos acuíferos, como el lago de Pátzcuaro.
La postura del gobierno estatal es clara: construir ollas de agua sin autorización es ilegal. En coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se está verificando la legalidad del uso del recurso en estas infraestructuras. Captar agua de escurrimientos, sin los permisos correspondientes, constituye un aprovechamiento de aguas nacionales. Además, estas intervenciones alteran el flujo natural de ríos y arroyos, generando impactos ambientales graves.
La solución no está solo en sancionar. También es necesario regular con claridad el funcionamiento de estas estructuras cuando se usen con fines agroindustriales. La vigilancia, la denuncia ciudadana y la actuación decidida de las autoridades deben ir de la mano con una legislación efectiva y justa.
En la conservación del agua y los recursos naturales, todos tenemos un papel. Solo desde la responsabilidad compartida —gobierno, empresas, sociedad civil y ciudadanía— se podrá garantizar que el acceso al agua sea un derecho real, accesible y asequible para todas y todos.
rmr
