“No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va”
Séneca (4, A.C. – 65 D.C.)
Ya se cumplió el mes de gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, así como se acumularon 37 meses del Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla al frente de las responsabilidades de la administración pública estatal de Michoacán de Ocampo.
Particularmente, en materia educativa, es importante comenzar a generar resultados debidamente armonizados con la visión nacional, en la cual al menos 22 de los 100 Pasos por la Transformación -un plan de acción inmediata presentado por la titular del poder del ejecutivo federal- están referidos directa o indirectamente al sistema educativo nacional; lo anterior sin olvidar que, la presidenta Sheinbaum expresó que desea ser recordada al término de su mandato como la “presidenta de la educación”.
En el III Informe de Gobierno del Estado de Michoacán se presentaron pocas cifras respecto a avances y resultados, a pesar de cumplirse la mitad del sexenio en la administración estatal. Las dos principales acciones comunicadas fueron la entrega de tenis a estudiantes de secundaria, el pago puntual de las quincenas a los trabajadores de la educación y la entrega de becas.
Particularmente, llamó la atención la escasa vinculación entre lo informado y lo planificado, lo que ha motivado análisis y exposición de resultados que han acumulado varias entregas previas en estas mismas páginas. Para esta ocasión falta simple y llanamente referir cómo vamos de acuerdo con todo lo planificado.
Respecto a los indicadores que deberán monitorearse, los documentos de referencia son el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán (PLADIEM) y el Programa Sectorial de Educación (PROSE). En su interior aparecen inconsistencias entre sus indicadores declarados y los que se refieren en sus fichas técnicas, ya que no coinciden entre sí. En el PLADIEM aparecen seis indicadores declarados en el texto y seis en las fichas técnicas, de los cuales solo coinciden entre sí tres; lo que dificulta su seguimiento. Análogamente, en el Programa Sectorial de Educación aparecen cinco indicadores en el texto y once en las fichas técnicas, de los cuales coinciden cinco entre sí.
Lo anterior se complica aún más al comparar el PLADIEM y sus fichas técnicas de indicadores con el PROSE y sus fichas técnicas, ya nos encontramos entonces con trece diferentes indicadores, de los cuales once son inconsistentes entre sí, por su intrínseca intermitencia, ya que solamente aparecen dos repetidos en ambos instrumentos de planeación y sus respectivas fichas técnicas: 1) rezago educativo y 2) escolaridad promedio.
Lamentablemente, en ambos casos se trata de información que se construye cada década, por lo que deberemos de esperar a la develación de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2030 para conocer el estado que se guarda en ambos casos. Todo lo que se pueda decir respecto a rezago educativo y escolaridad promedio, sin contar con una base censal que respalde a las afirmaciones son meras estimaciones y proyecciones de escritorio, en el mejor de los casos.
Entonces, la respuesta a cómo vamos no puede darse sino parcialmente.
1), 2) y 3) Eficiencia terminal en el nivel medio superior, primaria y secundaria: como ya lo demostramos en artículos anteriores, la eficiencia no es el indicador más preciso para evaluar el acceso ni la permanencia en el sistema educativo estatal, por encontrarse bajo un comportamiento atípico, derivado del regreso de niñas, niños y jóvenes a las aulas, después de haber estado desescolarizados como un efecto inmediato de la pandemia.
4. Porcentaje de población de 15 años y más analfabetas: es un indicador que se tendrá hasta que se aplique el Censo Nacional de Población y Vivienda 2030.
5. Abandono escolar, indicador del cual no contamos con la información debidamente actualizada en el SIGED ni tampoco con acceso a la fuente original de los datos: el formato 911.
6. Porcentajes que representan el perfil de los docentes de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior con ciertos atributos compartidos (sic). Respecto a los “ciertos atributos”, digámoslo con claridad: la autoridad quiere decir “docentes con título y cédula profesional de licenciatura”. Recordemos que, se publicó un estudio en donde se exhibe que los profesores de educación básica en Michoacán ocupan el penúltimo lugar en materia de titulación a nivel licenciatura, solamente por debajo de Nuevo León.
7. Porcentajes de escuelas y planteles según disponibilidad de servicios básicos, tecnologías de la información y materiales e infraestructura adaptados para personas con discapacidad. De lo cual tampoco se cuenta con información actualizada a la fecha del III Informe de Gobierno.
8. Porcentaje del personal de educación básica y normal cuyo pago de nómina se realiza en tiempo y forma. De ello, se reporta un 99 por ciento de avance, lo cual es positivo, ya que es una añeja demanda del magisterio y de nuestra propia organización ciudadana, pero que no debería ser una meta educativa, sino una meta de gestión, así como podría estipularse el pago a los proveedores, llegar a cero adeudos con los organismos operadores de agua o la Comisión Federal de Electricidad, entre otros rubros, por citar algunos ejemplos.
9. Tasa neta de matriculación, la cual sí es un indicador relevante, ya que se calcula dividiendo el número de alumnos matriculados en un grupo de edad por la población de ese mismo grupo de edad, y multiplicando el resultado por 100. La complicación resulta de no contar con cifras de población actualizadas desde el 2020.
10. Índice de paridad de género, el cual afortunadamente no tiene problema alguno en la entidad federativa desde hace muchos años. Incluso, está demostrado que, a nivel de educación superior, hay más mujeres que varones estudiando en Michoacán. Más bien, se requiere depurar el indicador para identificar a las personas que están quedando fuera de ejercer sus derechos educativos por cuestiones de género y diseñar políticas públicas para asegurar su permanencia escolar.
11. Porcentaje de alumnos con discapacidad, el cual es un indicador abiertamente cuestionable, porque no se trata de tener un alto o un bajo porcentaje de estudiantes que afrontan las condiciones citadas, sino que debería de evaluarse más bien una tasa neta de matriculación de estudiantes con discapacidad, empleando la misma técnica de cálculo que en el caso 9). La autoridad educativa reconoce en un comunicado de 2023 que brindan atención en 17 zonas escolares y un total de 112 USAER a más de 17 mil estudiantes de educación básica. Empero, el INEGI habla hasta de un 17 por ciento de la población con discapacidad. Si partimos de este porcentaje y asumimos la matrícula estatal como referencia, estaría brindándose una cobertura muy precaria a este segmento poblacional.
No omitamos mencionar que, respecto a los indicadores 10) y 11), los cuales están dirigidos hacia un enfoque igualitario e inclusivo, generan una extrapolación inmediata: el hacer notar la exclusión de un duodécimo factor, la educación indígena, la cual queda fuera del sistema de indicadores, invisibilizando a la población que enfrenta este tipo de barreras para el aprendizaje y la participación escolares. Análogamente, se podría hablar en este grupo de indicadores de población afrodescendiente, migrante, en situación de calle, desplazados por la violencia e inseguridad, entre otros factores.
Por si fuera poco, durante esta semana el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presentó su estudio denominado “Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2024” (EDDE 2024), el cual puede representar el año base de un estudio de serie de tiempo al respecto.
En él, las menciones a Michoacán no resultan favorecedoras, sino más bien alarmantes; éstas a su vez se pueden clasificar en cinco grandes temas, a saber:
1) En el EDDE 2024 se hace un contraste de las cuotas "voluntarias" semestrales que se cobran para estudiar telebachillerato en diversos estados de la república, resultando ser la de nuestra entidad federativa la más cara del país, donde se les demandan tres mil seiscientos pesos a los estudiantes para poder ejercer sus derechos educativos en estas instituciones de educación pública.
Por si esto fuera poco, recordemos qué, en Michoacán, la educación media superior es gratuita por decreto.
2) En el reporte se exhibe que, para Michoacán no existe información sobre evaluaciones de aprendizaje en el periodo de tiempo que comprende el estudio, por lo que cabe recordar que no se han aplicado las pruebas respectivas, aduciéndose rechazo magisterial o falta de condiciones para realizarlas.
3) También, en el EDDE 2024 se evidencia que, en Michoacán el rezago educativo es superior a la media nacional.
4) Adicionalmente, se menciona que el porcentaje de habitantes de nuestra entidad federativa, quienes se encuentran en situación de analfabetismo es superior a la media nacional.
5) Finalmente, se evidencia que, la escolaridad promedio de los michoacanos, es inferior a la media nacional.
En el documento, se recomiendan tres grandes líneas de acción transversales, que vienen muy a tono con la situación michoacana: 1) fortalecimiento de la rectoría y supervisión de la oferta educativa; 2) generación de información para la toma de decisiones en materia educativa y 3) toma de decisiones en materia educativa con base en evidencia. Así también, se reconoce en el informe que, las recomendaciones y retos se encuentran parcialmente subsumidas en los 100 Pasos por la Transformación.
Hay mucho por realizar en materia educativa en la entidad federativa, por lo que estamos dispuestos a seguir, desde nuestra tribuna ciudadana, observando, proponiendo y recomendando en pro de la mejora continua de la política educativa estatal, para que garantice plenamente los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes a estar, aprender y participar en las escuelas michoacanas.
Particularmente, a manera de conclusión, después de analizar el III Informe de Gobierno, el PLADIEM y el PROSE queda de manifiesto que con los indicadores actuales y la información disponible no hay condiciones para evaluar el avance en materia educativa, al carecerse de información actualizada en materia socioeducativa y referida al aprendizaje.
Los procesos de planificación del régimen gubernamental a escala federal deben brindar elementos para ajustar y alinear la planeación para el desarrollo educativo estatal, para a su vez, construir indicadores armonizados al respecto y generar diagnósticos, para así tener elementos para diseñar, reorganizar y relanzar la política pública educativa estatal bajo el paradigma de la mejora continua que posibilite garantizar y expandir los derechos a estar, aprender y participar en las escuelas de las niñas, niños y jóvenes en Michoacán de Ocampo, lo cual cobra redoblado interés, pertinencia y genera apremio por el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos, tanto federal como estatal para el ejercicio 2025, donde en este mes de noviembre debe de asegurarse la asignación presupuestal para hacer realidad lo discursado, lo planificado y lo idealizado en materia educativa. Que así sea.
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C
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