Ante la persistencia de la realización de cursos de inducción por parte de los consejos estudiantiles de las escuelas normales públicas de Michoacán, en donde cunden los atropellos, violencia, abusos y violaciones a los derechos humanos, los ciudadanos que integramos Mexicanos Primero Michoacán, A.C., organización de la sociedad civil cuya misión es defender el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes en la entidad, nos pronunciamos al respecto para llamar a las autoridades educativas competentes a intervenir, haciendo valer el estado de derecho, vigilando y regulando las actividades que realizan los consejos estudiantiles con los jóvenes de nuevo ingreso.
Más aún, resulta inadmisible darse cuenta de que las autoridades intentaron deslindarse mediante un simple panfleto en torno a la convocatoria realizada por consejos estudiantiles, señalando que no tienen que ver. Como si pudieran desapegarse de sus responsabilidades directivas, las cuales van mucho más allá de un escritorio.
Lejos de un saneamiento aún, los cursos de inducción para los estudiantes de nuevo ingreso en 2022 son materia de denuncias ciudadanas respecto a que los estudiantes se encuentran incomunicados, muchos de ellos contra su voluntad, bajo presión y amenazas, realizando obligadamente actividades no consentidas por ellos, siendo castigados y recibiendo penas corporales. Los abusos presentes cometidos son inocultables.
La falta de actuación de la autoridad solamente puede generar que los recién ingresados y sus padres de familia se defiendan de esta clase de abusos por medios propios. Por ello, autoridades y directivos están obligados a actuar inmediatamente para detener los atropellos en contra de los derechos humanos de la comunidad normalista de nuevo ingreso, antes de que la situación se desborde, ocurran actos constitutivos de delito y desgracias por lamentar.
Es del dominio público que, en el pasado, en el marco de los cursos de inducción ha habido incidentes lamentables que han incluido derramamiento de sangre, lesionados, violaciones y abusos de todo tipo, durante estos cursos donde se ponen a prueba a los estudiantes de nuevo ingreso, así como se les prepara para realizar actividades de presión y movilización. Ello dista enormemente de las finalidades sustantivas del normalismo y en nada tiene que ver con su formación inicial docente.
Hacemos un llamado a las autoridades educativas estatales, así como al personal directivo de cada escuela normal a recuperar en su totalidad la rectoría de las instituciones normalistas a su digno cargo. Es inaceptable que se permitan abusos, discriminación, múltiples formas de violencia, castigos corporales entre los integrantes de las comunidades educativas que deben impulsar. Los exhortamos a garantizar la denuncia anónima y segura ante toda violación o abuso cometido durante estos campamentos.
Se debe garantizar que los estudiantes en su totalidad conozcan que, de ninguna manera están obligados a participar en esa clase de concentraciones ni tampoco les implicará ventaja o privilegio alguno. Las autoridades deben enfatizarles a los jóvenes de nuevo ingreso que los contenidos ideológicos y la inmersión en una cultura de violencia, propios de los campamentos, en absoluto les abonarán a desarrollar su carrera profesional.
En torno al proceso de ingreso a las escuelas normales, reconocimos en su momento el paso delante de haber logrado un examen de ingreso vía CENEVAL porque en aras de la transparencia y la meritocracia sido un paso importante, pero el proceso contiene muchas etapas más, de entre los cuales, regular los cursos de inducción que los consejos estudiantiles promueven es un aspecto clave. Contar con un ingreso transparente no será una transformación completa del proceso de ingreso mientras, desde los cursos de inducción los jóvenes de nuevo ingreso sigan padeciendo los mismos vicios de antaño.
Si bien, existen libertades de asociación y de reunión en nuestra sociedad, también es cierto que deben respetarse los derechos humanos, debe haber ausencia de violencia, así como impedirse la coerción y el condicionamiento dentro de sus formas de organización.
Por ello, se debe recuperar a plenitud la rectoría de las escuelas normales públicas en Michoacán, hacer valer el estado de derecho y dignificar al normalismo, con presupuestación, marco normativo, esquemas de gobernanza, consulta y participación de la comunidad normalista.
El derecho a la educación no debe ser materia de chantaje para estudiante alguno. Menos aún, para las y los maestros en formación. El respeto a los derechos humanos que deberán infundir en las generaciones jóvenes deben vivirlo plenamente en las aulas normalistas. Merecemos un normalismo digno.
