Cuando Michoacán Tenía Finanzas Sanas

Hay números que duelen, más que por su magnitud, por lo que representan: oportunidades perdidas, capacidad de inversión evaporada y un futuro social hipotecado. La deuda pública de Michoacán es uno de esos números. Al cierre proyectado de 2025, nuestro estado debe 23,048.5 millones de pesos, una cifra que hace veintitrés años hubiera resultado obscena.

Pero hay un dato aún más revelador en esta historia de despilfarro institucional: el último gobernador que logró reducir la deuda pública de Michoacán fue un priísta, el licenciado Víctor Manuel Tinoco Rubí, quien entre 1996 y 2002 disminuyó los pasivos estatales en un 40.3%, dejando las arcas con apenas 152.8 millones de pesos de deuda.

Mucho más que nostalgia política estamos ante aritmética; esa rama de las matemáticas que el gobierno de MORENA se niega a reconocer por su nombre y mucho menos, usarla para gobernar, porque es incómoda, no admite discursos grandilocuentes ni promesas vacías. Mientras Tinoco Rubí gobernaba con austeridad republicana real, reduciendo la deuda de 256.2 millones a poco más de 152 millones, estaba construyendo algo que sus sucesores demolieron con entusiasmo irresponsable: solvencia financiera.

En un contexto nacional todavía marcado por la crisis de 1994, cuando el endeudamiento fácil se vendía como la solución mágica para el desarrollo, él tomó el camino difícil, el camino de la responsabilidad fiscal. No hipotecó participaciones futuras, no cedió a la tentación del crédito bancario indiscriminado, no empeñó el futuro de los michoacanos por aplausos efímeros.

Y luego vino el diluvio: la administración de Lázaro Cárdenas Batel, que recibió esos 152.8 millones de deuda, la multiplicó por 44 en solo seis años. Lean bien esa cifra: cuarenta y cuatro veces. De 152 millones a 6,757 millones de pesos. Un crecimiento del 4,322.6%. No estamos hablando de inversión productiva estratégica, sino de la institucionalización de una cultura del endeudamiento que convirtió al crédito en el motor de operación cotidiana del gobierno estatal. Esa fue la ruptura del equilibrio financiero de Michoacán, el punto de inflexión del que jamás nos recuperamos.

Leonel Godoy Rangel, como en tantos aspectos más, empeoró la situación y profundizó la herida financiera. Heredó 6,757 millones y entregó 15,140 millones. Un incremento del 124%, producto de un déficit estructural que ya no se ocultaba. El modelo estaba claro: gastar más de lo que se tiene, financiar el gasto corriente con deuda a largo plazo, refinanciar lo impagable. En el presente, el actual inquilino de Palacio de Gobierno lleva acumulados 2,734 millones adicionales en su gestión.

Aquí está la verdad desnuda: desde que terminó el gobierno de Víctor Manuel Tinoco Rubí hace veintitrés años, ningún gobernador ha logrado reducir un solo peso de la deuda pública de Michoacán. La Ley de Disciplina Financiera de 2016 ha moderado el ritmo de crecimiento porcentual, es cierto, pero no ha revertido la tendencia. Hoy, el 13.4% de incremento anual que exhibe la actual administración parece modesto solo porque la base sobre la que se calcula es tan grotescamente alta que cada punto porcentual representa miles de millones que dejan de invertirse en seguridad, educación, salud, infraestructura. Hemos normalizado la bancarrota progresiva.

El costo de esta irresponsabilidad es incalculable. Cada peso que se destina al servicio de la deuda es un peso que no llega a un maestro, a un policía, a un hospital, a una carretera o a un niño. Hemos perdido soberanía financiera.

Desde mi posición política, no vengo a pedir que se olvide el pasado. Vengo a exigir que se aprenda de él. El gobierno de Víctor Manuel Tinoco Rubí demostró que es posible gobernar sin endeudar, que la austeridad debe ser una política de Estado, que la responsabilidad fiscal no está peleada con el desarrollo. Aquel Michoacán de finales de los noventa, era un estado con margen de maniobra, con capacidad de inversión real y con futuro no comprometido.

Las autoridades estatales actuales tienen una responsabilidad histórica. No pueden seguir administrando la bancarrota con sonrisas y discursos optimistas. Necesitamos una política de amortización real, un plan de pago que reduzca gradualmente el saldo de la deuda, no que lo maquille con reestructuraciones que solo patean el problema.

Y al priismo michoacano le digo con orgullo y con exigencia: tenemos un ejemplo histórico que defender y un compromiso que honrar. Víctor Manuel Tinoco Rubí gobernó con las virtudes que fundaron nuestro partido: disciplina, eficacia, visión de largo plazo, respeto al erario. No necesitamos inventar modelos; necesitamos recuperar principios. El PRI cuenta en el Licenciado Tinoco con un ejemplo viviente de gestión responsable, de finanzas saneadas y de gobiernos que entregan más de lo que reciben.

Los números están sobre la mesa. La historia ha hablado. Solo falta que quienes hoy gobiernan tengan la humildad de escuchar y el coraje de actuar. Porque si algo nos enseñó Tinoco Rubí es que la grandeza de un gobierno no se mide por cuánto gasta, sino por la salud financiera con la que entrega el timón. Y en eso, ninguno de sus sucesores ha estado a la altura.

¡México y Michoacán merecen una Revolución institucional y Social!

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*El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local y presidente del PRI en Michoacán

BCT