Desde el inicio de la actual administración estatal se colocó en el centro de la estrategia gubernamental a la política social; en tal virtud, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha impulsado una serie de programas y acciones orientados a mejorar el bienestar de población.
En este contexto, garantizar la tranquilidad y seguridad de las y los michoacanos, constituye un asunto de la mayor relevancia, sobre todo, si consideramos que hasta hace algunos años imperaban en la entidad altos índices de violencia, corrupción, impunidad y actos de desestabilización a la gobernabilidad.
Afortunadamente para usted y para mí, se han realizado importantes esfuerzos no solo para reducir el número de delitos y sus detonantes, sino también, a fin de asegurar y promover el Estado de Derecho, el acceso a la justicia, la atención a víctimas y el respeto a los derechos humanos.
Para poner en contexto este tema, cabe señalar que, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y su informe de seguridad dado a conocer el pasado 17 de enero, los homicidios en la entidad han disminuido 11.3 %, mientras que delitos de alto impacto lo hicieron en 24 %, ello da cuenta de una importante tendencia a la baja en tales delitos. Dicho informe da cuenta hasta el mes de diciembre de 2022 con respecto a igual mes del año previo.
Será que está rindiendo frutos la nueva estrategia de seguridad basada en la coordinación entre poderes, o que el reconocimiento de los autogobiernos y las Kuarichas están contribuyendo a garantizar la seguridad, la paz social y el bienestar de la población; lo cierto es que los nuevos mecanismos para la financiación de líneas de acción están generando mayor certidumbre en torno a cuánto, en qué y en dónde se están invirtiendo los recursos públicos.
Coincido con los especialistas en que el Fondo para el Fortalecimiento de la Paz (FORTAPAZ) y su nueva estrategia de paz para reconstruir el tejido social “Barrio Bienestar Fortapaz” abonarán a la pacificación de Michoacán a través de la atención de las 100 colonias con mayores índices delictivos en 19 municipios, entre los que destacan Lázaro Cárdenas, Uruapan, Sahuayo, Zamora y Zitácuaro; asimismo, Paracho, Maravatío, Jacona y Jiquilpan. De igual manera, tendremos mayor tranquilidad con los nuevos botones de pánico y circuitos cerrados de videovigilancia con una inversión de 35.7 millones, en beneficio de 271 mil habitantes.
La transversalidad y la coherencia de las políticas son una condición de máxima relevancia para la eficiencia de las políticas, sobre todo, para garantizar el acceso al ejercicio pleno de los derechos de las michoacanas y michoacanos. Es el compromiso de este gobierno.
