Combate del delito de extorsión: de la reforma legal en Michoacán a la iniciativa para modificar la Constitución Federal
En 2023, el Gobernador del Estado de Michoacán presentó, y fue aprobada por el Congreso local, una iniciativa de ley para modificar la forma de combatir el delito de extorsión. Se señalaba que las formas de comisión de este delito habían evolucionado, utilizando incluso las nuevas tecnologías para ocultar la identidad de quien lo perpetra. Además, se analizaba el aumento de hechos susceptibles de ser considerados como tal. La diversificación de conductas para causar daño a las personas iba más allá del perjuicio patrimonial, afectando la paz y tranquilidad de las personas, tanto directa como indirectamente. En este contexto, se engloba el concepto de seguridad pública como un derecho humano fundamental.
El jurista Sergio García Ramírez, ya fallecido, consideraba la seguridad pública como una cualidad de los espacios públicos y privados, caracterizada por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas. Además, señalaba —y coincidimos en ello— que deben existir condiciones propicias para la convivencia pacífica, de modo que tanto el individuo como el colectivo social puedan desarrollarse. La paz pública implica el respeto a la dignidad humana y, en este orden, los tres niveles de gobierno deben buscar mecanismos para hacerla efectiva, tal como lo mandata el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Michoacán fue pionero en considerar el delito de extorsión como grave, permitiendo que este se persiga de oficio, mediante la iniciativa de reforma a sus leyes locales presentada por el Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla y aprobada por la Legislatura local. Ahora se garantiza la privacidad del denunciante, permitiendo la denuncia anónima y vía telefónica, con la finalidad de salvaguardar la identidad e integridad de las personas. Se otorgaron elementos de legalidad a la Fiscalía General del Estado para que el Ministerio Público actuara en consecuencia y de forma inmediata, bajo la premisa fundamental de que todas las acciones realizadas en apego irrestricto a la ley protejan la vida, la libertad, la propiedad y, en general, los derechos humanos de todas las personas.
El delito de extorsión sigue en aumento en todo el país; no es exclusivo de nuestro estado. Lo podemos constatar con las recientes declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien reconoció que este delito sigue creciendo y no se ha logrado disminuir. Esto la motivó a firmar una iniciativa que presentará ante el Congreso de la Unión para su discusión y, en su caso, aprobación. Dicha iniciativa de reforma impactará en la Constitución y, a partir de ahí, se reforzará la estrategia nacional contra la extorsión, propuesta el domingo 6 de julio del presente año. Se señaló que será a través del número 089 donde, de manera anónima, se recibirán las denuncias.
Al igual que en Michoacán, ahora se libera a la víctima del delito de extorsión de la carga, la incertidumbre y el temor, al establecer que las autoridades deben actuar de oficio tan pronto como tengan conocimiento del hecho. La investigación será iniciada por las unidades estatales y federales, y se ampliarán las facultades de las unidades dedicadas al combate al secuestro para que también actúen en casos de extorsión. Llama la atención la petición de que, de manera inmediata, las compañías telefónicas inhabiliten los números desde los cuales se realicen llamadas de extorsión. En caso de tratarse de una extorsión presencial, se desplegará la unidad de investigación correspondiente para iniciar las indagatorias.
Es importante que el Poder Legislativo apruebe con celeridad esta reforma y que los estados del país armonicen sus legislaciones locales para lograr la efectividad en el combate a la extorsión. De esta manera, se podrá evaluar la eficacia de la medida adoptada desde la Presidencia de la República. En el caso de Michoacán, como estado pionero, se encontrará eco a la demanda social de garantizar la seguridad pública, la paz social, la tranquilidad y el desarrollo, en el marco de los derechos humanos.
rmr
