Terrorismo en Michoacán: 2008-2025
Diecisiete años separan dos ataques arteros al corazón de Michoacán. Un par de atentados que, aunque distantes en el tiempo, comparten patrones que no podemos ignorar.
Esta semana viajé a Coahuayana. Pude estar con las víctimas y mirar de frente la tragedia. Conocí el dolor de familias destrozadas, vi los escombros de vidas interrumpidas y caminé entre las ruinas. Ahí, comprendí algo que nos debe avergonzar como sociedad: una tragedia hace que olvidemos la otra.
Hoy hablamos de Coahuayana, pero ¿quién recuerda a las víctimas de los granadazos de 2008? El dolor de las víctimas de Morelia fue sepultado por el polvo del tiempo y por nuevas atrocidades. Y temo que, dentro de algunos años, las víctimas de Coahuayana corran la misma suerte.
El sábado 6 de diciembre, la FGR anunció que abriría carpeta de investigación por terrorismo. Al día siguiente, reclasificó el caso como delincuencia organizada. La presidenta Sheinbaum pidió explicaciones al respecto en su conferencia de ayer lunes.
¿Terrorismo o delincuencia organizada? ¿En qué quedamos? Este cantinfleo institucional evidencia que el régimen evade llamar las cosas por su nombre y, con ello, activar protocolos internacionales, presión mediática y exigencia de resultados, a meses del Mundial de Futbol.
En 2008, la FGR sí llamó terrorismo a los granadazos. Diecisiete años después, en 2025, primero lo llama terrorismo... y luego se arrepiente.
Al analizar los granadazos del 15 de septiembre de 2008 en Morelia y la camioneta bomba que explotó este sábado 6 de diciembre de 2025 en Coahuayana, encontré decenas de similitudes que deben servir como llamado de alerta para todos los michoacanos:
Ambos actos fueron calificados como terrorismo por la autoridad. La FGR abrió carpetas de investigación específicas por el delito de terrorismo en ambos casos —aunque en Coahuayana fue reclasificado después—. Ningún otro evento en Michoacán en este siglo ha recibido esta calificación oficial, lo cual hace aún más absurda la contradicción de 2025.
En ambos casos hubo múltiples víctimas mortales y heridos, así como población civil inocente y menores de edad afectados directa o indirectamente, quienes tendrán secuelas permanentes físicas y emocionales. Muy probablemente jamás recibirán reparación integral del daño.
Se coincide en el uso de artefactos explosivos como arma principal. Ambos ataques fueron dirigidos contra objetivos simbólicos: una ceremonia patria en 2008 y una base de la policía comunitaria en 2025. Ambos ocurrieron en espacios públicos con población civil cercana, fueron cuidadosamente planificados y ejecutados, con una onda expansiva que causó daños en edificios, viviendas y vehículos circundantes, con lo cual se generó pánico y terror colectivo en la población.
En ambos casos se atribuyen a cárteles del crimen organizado. En 2008 se mencionó a Los Zetas y a La Familia Michoacana; en 2025 se habla del CJNG; grupos envueltos en disputas territoriales que no se adjudicaron públicamente la responsabilidad, a pesar del contexto de guerra entre cárteles.
En ambos casos se desplegaron operativos federales, con participación de la Marina, Sedena y la Guardia Nacional. Se utilizaron helicópteros para trasladar heridos. Los gobernadores de Michoacán condenaron los hechos públicamente y se dio un reforzamiento de seguridad.
Las investigaciones son insuficientes. Ambos casos permanecen en la impunidad total.
Ambos atentados generaron crisis de confianza en las instituciones. Se cancelaron o modificaron ceremonias y eventos públicos en su momento, y seguramente ocurrirán situaciones análogas en Coahuayana. Ambos eventos provocaron desplazamiento de población y afectación económica.
Estos patrones se repiten porque las causas estructurales nunca se atendieron. En 2008, tras los granadazos, no hubo justicia. Tres personas inocentes fueron torturadas y encarceladas durante años, mientras los verdaderos autores quedaron libres.
Diecisiete años después, Michoacán sigue sangrando. La camioneta bomba de Coahuayana nos recuerda que la violencia escaló, que los grupos criminales perfeccionaron sus métodos, que el narcoterrorismo existe.
Hago un llamado urgente a:
La Fiscalía General de la República: que esclarezca ambos casos y detenga a los responsables intelectuales y materiales. Que explique la reclasificación del atentado de Coahuayana en menos de 24 horas.
El Gobierno Federal: que el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" despliegue recursos reales, estrategias efectivas y presencia permanente del Estado. Que llame terrorismo al terrorismo.
El Gobierno Estatal: que garantice la seguridad de todos los michoacanos y no abandone a las víctimas del terrorismo.
Mis compañeros legisladores: a proteger a las víctimas del terrorismo, asegurando recursos para su atención integral, así como endurecer las penas para castigar tan cruento delito.
La ciudadanía: que no normalicemos la violencia. Que exijamos paz con justicia, no sólo la ausencia de balazos. Que no permitamos que la tragedia de hoy haga olvidar la de ayer.
Nuestros hijos merecen crecer sin terror y las víctimas de 2008-2025, justicia. Hoy, la acción más urgente es romper el ciclo de violencia e impunidad que conecta 2008 con 2025. Porque, si no lo hacemos ahora, dentro de otros diecisiete años estaremos escribiendo sobre un tercer atentado terrorista en Michoacán. Y para entonces, habremos olvidado también a las víctimas de Coahuayana.
¡Michoacán merece una revolución institucional y social!
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*El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local y presidente del PRI en Michoacán.
rmr
