La operación política realizada en el Congreso estatal dejó en claro que el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla logró lo que muchos veían imposible: remover al auditor Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, pieza clave del silvanismo.
Aún durante la sesión parlamentaria, defensores del régimen anterior juraban que Aguirre Abellaneda era inamovible y que fracasaría todo intento de retirarlo de su cargo.
La realidad es distinta: la Secretaría de Gobierno a cargo de Carlos Torres Piña fue eficaz. Se lanzó una solicitud de Juicio Político interpuesto por la Secretaría de la Contraloría que movió el avispero, pero en la distracción se incursionó la operación política con una propuesta de remoción del cargo, acción parlamentaria mucho más rápida.
La estrategia política del bedollismo fue respaldada por diputados de todos los partidos políticos. El propio coordinador del PRI, Jesús Hernández Peña, y Daniela de los Santos no acudieron a la sesión, operando de forma implícita a favor de la remoción del auditor; mientras Adriana Hernández veía, impávida, cómo era exhibida su amiga, Guillermina Ríos, quien, con un documento – presuntamente - falso emitido por el propio Abellaneda, intentó amagar y enlodar a la diputada Seyra Anahí Alemán al afirmar que tenía procedimientos abiertos en su contra en la ASM.
El fondo político es importante. La acción ganada por Ramírez Bedolla significa una estocada directa a Silvano Aureoles Conejo, quien cada vez tiene menos posiciones importantes que lo respalden.
Y es que el exauditor de Michoacán, Abellaneda, fungió como un bloque para frenar el avance de auditorías en contra del silvanismo. No hubo voces fuertes, directas que salieran a defenderlo, solo coletazos.
Si bien se otorgó un amparo por el juzgado séptimo de Distrito José Ramón Rocha, el juzgador sabía que el artículo 61 de la Ley de Amparo establece como improcedente cuando se trata de resoluciones de las Legislaturas locales, o de sus respectivas comisiones o diputados, en declaración de procedencia, juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios.
Además, que la medida cautelar no surte efecto si la causa del procedimiento resulta de una conducta que constituya un delito, así lo dice artículo 129 de la ley de Amparo, y esa causal se confirma con la denuncia penal presentada por la diputada Seyra Anahí Sierra. Algunos actores están valorando imponer una queja en contra del juez ante el Consejo de la Judicatura Federal.
RYE
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