Auditorías patrimoniales judiciales

Mucho se ha dicho sobre los problemas de la justicia hoy día, su eficiencia, eficacia y legitimidad; pero son pocas las ofertas de respuesta.

Quizá y sin que se diga explícitamente, uno de los más fuertes cuestionamientos a la administración de justicia tiene que ver con la corrupción de los servidores públicos judiciales, jueces, magistrados y ministros.

Es bien sabido que, por lo general, frente a los otros poderes públicos y órganos constitucionales autónomos, quienes laboran en los poderes judiciales locales y Federal son de los mejor pagados.

Sin embargo y pese a que siempre se ha dicho que los buenos salarios son un incentivo para obrar correctamente, eso no parece contener, al menos en la imagen que se forma la opinión pública, la corrupción en la cual incurren dichos servidores públicos judiciales. (Y me refiero a hechos de corrupción trascendentes, no a los comunes apoyos o agradecimientos sinceros de las gentes).

Puedo decir, ya en lo personal y por mi labor, que son muchos los servidores públicos judiciales probos y honestos, pero que no todos son así.

Una forma de identificar a quienes incurren en corrupción es mostrar la discordancia entre su patrimonio y los ingresos regulares que perciben.

Un actuario, un secretario, un juez, magistrado o ministro, cuyos bienes y estilo de vida no se corresponden con sus ingresos lícitos, seguramente tienen un patrimonio inexplicable y muy probablemente la “explicación” se encuentra en su corrupción.

Imagine usted a un servidor público judicial de mando medio que tiene uno o varios autos, casa, ropa, relojes, teléfonos, joyas, fiestas-parrandas, viajes, “gustos” por encima de sus sueldos y salarios, sabiendo que tienen impedimentos para ejercer su profesión en otros respectos, a no ser en la academia que poco paga.

Del mismo modo, piense en un servidor público judicial de mando superior que igual tiene esos satisfactores muy por encima de sus ingresos, con la misma restricción de ejercicio profesional.

Aquí, la respuesta a la discordancia es por demás obvia, hay una riqueza inexplicable y, como se decía, muy probablemente la explicación esté en la corrupción.

Parece que los órganos internos de control de los poderes judiciales, que actúan preventivamente, o los externos que lo hacen en vía correctiva, podrían empezar por asomarse a los estacionamientos de los edificios que ocupan las instituciones judiciales y simplemente ver los autos que manejan los servidores públicos judiciales, para darse cuenta que hay situaciones incoherentes.

Podrían igualmente darse una vuelta a las oficinas judiciales y percatarse que hay servidores públicos con atuendos de marca, teléfonos, computadoras, o bien, joyería ostensiblemente discordante con sus ingresos.

Incluso, podrían ojear las cuentas de Facebook, Instagram, Tiktok, ver los estados de WhatsApp (hasta eso, los funcionarios de los órganos de control tienen los teléfonos de los servidores públicos judiciales como contactos) los “reels” de esas apps, o bien de Snapchat y podrían observar datos de patrimonios incongruentes con los ingresos.

Con esto se quiere decir que las fuentes de información de acceso público están al alcance para apreciar aspectos indiciarios de corrupción sin que sean aprovechadas realmente; pero si se quiere obrar con mayor formalidad, podrían implementar un programa de auditorías patrimoniales, bien diseñadas que respeten los derechos de los servidores públicos judiciales –mandos medios y superiores– y que tengan por objeto identificar la congruencia o no de sus patrimonios contra sus ingresos, para obrar en consecuencia.

Los servidores públicos judiciales no deberían temer, sino apoyar esas auditorías, porque quien ha obrado bien, no tiene porque mal criticarlas.

La cuestión es si los aparatos de prevención y persecución realmente quieren identificar y perseguir esos casos.

Y ahí está lo complejo, porque es en donde se tejen las redes de complicidad que se extienden como hidras de mil cabezas (El magistrado, amigo-pariente del juez que es a su vez familiar-cuate del secretario en una cadena de favores que luego se convierten en mantos de protección a la corrupción).

No se quiere ver lo que no se quiere ver, pero está a la vista.

RYE